Diputados: expresidenta del BCR dio armas a cuestionado cliente para no pagar millonario crédito
Argumentos de presidenta del BCR ponen en riesgo la recuperación de los 20 millones de dólares
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En la entrevista del jueves anterior con CRHoy.com, Paola Mora (expresidenta y actual directiva del BCR) explicó un supuesto "modus operandi" que según ella, funciona en el Banco de Costa Rica para afectar al importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Mora, además afirmó que "ese tema ya se había explicado en la junta".
En su argumentación, Mora indicó que "cada vez que el crédito -de los $20 millones- por alguna razón va a comité de crédito… el día antes hay un tema mediático que se organiza en algún diario, con alguna noticia… y eso produce un efecto en que no se tomen decisiones en las líneas que hay que resolverle al cliente".
Ella presentó su renuncia a la presidencia del BCR anoche, pero permanece con voz y voto como miembro de la junta directiva de la entidad. Para algunos diputados, Mora debe irse totalmente del banco y del gobierno, ya que sus declaraciones podrían concretar satisfactoriamente el "supuesto plan" de un cliente para evadir el pago de un crédito por $20.000.0000.
Ottón Solís del PAC, Patricia Mora del Frente Amplio y Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, indican que desde el punto de vista legal, con sus declaraciones, la expresidenta del BCR le dio al empresario las armas necesarias para demandar al banco y no pagar el crédito.
Paola Mora compareció ante los diputados la tarde y noche de miércoles (CRHoy).
"La entrevista me deja atónito. Paola Mora era presidenta de un banco estatal. Sus reiteradas reuniones a solas con un "complicado" cliente del banco, el cual es protagonista de una "complicada" deuda cercana a los $30 millones, genera 30 millones de preguntas… además ella ya le dio las armas legales al cliente para no pagar ese crédito" aseguró el diputado Ottón Solís.
Para los legisladores, la salida de Mora de la presidencia del banco no es suficiente, aseguran que debe irse de la junta directiva, no tener acceso a la información sensible del banco y no ser aceptada en otros puestos de gobierno.
"Con esa justificación, Paola Mora dio argumento jurídico para no pagar nada y que quede el cemento como garantía en el BCR. Revelar una supuesta maniobra interna para afectar a un cliente y atribuirla al banco es una gran imprudencia. Se supone que una presidenta de un banco público tiene el conocimiento necesario para saber explicar un tema ante la prensa sin que sus afirmaciones sean contraproducentes para la institución que ella representa" agregó el abogado y diputado Mario Redondo.
La diputada Patricia Mora dijo que "Las reuniones entre Paola Mora, en su condición de presidenta del banco con el empresario del cemento chino en sitios fuera de la entidad son inmorales. Ella no tiene que recibirle documentos personales, financieros y mucho menos de la Fiscalía. Es la evidencia de la ética de una banda de ladrones, donde se aplican medidas entre capos de la mafia, esa es la impresión que me deja. La filtración de la llamada decía que el cliente buscaba una razón interna para demandar al banco, con la imprudencia de doña Paola ya la tiene".
Los diputados esperan que Mora salga de la labor pública y que no aparezca en alguna otra institución como fue el caso del exministro de Transportes Carlos Segnini o el del expresidente del Incofer Guillermo Santana.
Múltiples juntas directivas
Además de la junta directiva general del BCR, Mora toma decisiones en otras tres juntas directivas de las subsidiarias del Banco.
Participa de la junta directiva de la sociedad de fondos de inversión del Banco de Costa Rica, también figura en la junta directiva de BCR Valores y por último en la junta directiva de la corredora de seguros del banco.
El Banco de Costa Rica le pagó ¢26, 3 millones de colones en dietas por su asistencia a las reuniones de las cuatro juntas directivas durante el 2016. Así lo confirmó a CRHoy.com la oficina de prensa del BCR.
Además, un reporte de la Procuraduría de la Ética le acusa de cometer dos faltas éticas, ya que en su puesto de directiva de la institución, defendió en vía judicial a su hermano en una demanda entablada por el propio banco contra él.
El abogado del Estado aseguró en dicho informe que su acción podría tipificarse como una infracción al deber de probidad y al principio de imparcialidad.
El informe indicó que la expresidenta del banco habría incurrido en "un evidente conflicto de intereses" al " representar, defender y proteger intereses de una parte demandada por el Banco de Costa Rica que además, revisten un carácter personal y directo".