(CRHoy.com) -Pedir a la Fiscalía General de la República que investigue al expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cementazo es una de las recomendaciones que hará la Comisión Especial del Congreso que investiga el manejo del informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que absolvió al entonces mandatario de faltas al deber de probidad.

Aunque diputados de ese órgano legislativo prefieren no adelantar criterio, fuentes del Congreso aseguran que una de las recomendaciones más importantes que harán será pedirle a la Fiscalía que investigue al exgobernante.

Esto, a pesar de que el Ministerio Público tiene a Solís Rivera como una de las personas  investigadas por este caso.

En el informe que votará la comisión, y que ya se encuentra bastante avanzado, se hará esa recomendación a partir de nuevas revelaciones hechas por los comparecientes, que demuestran una injerencia directa de la Casa Presidencial en el otorgamiento del crédito de $31 millones del Banco de Costa Rica (BCR) a Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino.

Solís, sin embargo, fue liberado de faltas al deber de probidad por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en un informe cuestionado por su contenido y por el manejo que se hizo del mismo, que finalmente impidió a los legisladores apelarlo.

Al congresista Roberto Thompson, quien representa al Partido Liberación Nacional (PLN) en la comisión, se le preguntó si pedirán a la Fiscalía que investigue a Solís, pero adujo que no puede adelantar criterio.

Sin embargo, manifestó: "creo que todas las conclusiones de la comisión deben ponerse en manos de la Fiscalía porque hay una serie de hechos que han sido revelados que, a nuestro juicio, no se tomaron en cuenta en el estudio acelerado que hizo la Procuraduría de la Ética en su momento y que son hechos importantes que aportan a la investigación. Lejos de identificar en particular a alguien, diría que, en general, deberían ponerse todos en conocimiento de la Fiscalía".

El congresista Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y presidente de la comisión, respondió: "vamos a hacer recomendaciones, sin duda alguna. Si la señora Fiscala (Emilia Navas) quiere tomarlas en cuenta o no, eso es una decisión del Ministerio Público. Hay que investigar gente. Las comparecencias que hubo nos revelaron cosas de suma importancia".

Injerencia de Presidencia

Ambos legisladores manifestaron el pasado 12 de julio que los testimonios recabados en las comparecencias de la comisión demuestran que hubo una injerencia directa de la Casa Presidencial -con conocimiento de Solís- en el otorgamiento del crédito del BCR a Bolaños, a contrapelo del reglamento y normativa interna del banco.

Thompson dijo que aunque eso quedo en evidencia, no fue tomado en cuenta en el informe que la PEP envió a la Asamblea Legislativa y que no pudo ser apelado por los diputados.

El liberacionista en otra oportunidad, el 22 de abril, aseguró que hubo intervención de la Presidencia de la República, mediante presiones y llamadas a exdirectivos del BCR.

El informe de la comisión especial que investigó el caso del cemento chino -aprobado por el Plenario Legislativo con 42 votos a favor el 18 de enero de 2018- concluyó que Solís sí faltó al deber de probidad y, por eso, recomendó trasladar el caso a la Procuraduría de la Ética Pública.

Esa comisión centró sus investigaciones en las gestiones que desde la Casa Presidencial, entidades del Estado, Asamblea Legislativa y el BCR realizaron distintos jerarcas para favorecer el negocio de Bolaños, quien incluso visitó la Presidencia en 7 ocasiones.

Una de las conclusiones fue que desde la Presidencia de la República se instruyó a la entonces Junta Directiva del BCR para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco, a pesar de no cumplir con los requisitos de idoneidad para el puesto.

El BCR -con el concurso de Barrenechea y Paola Mora (expresidenta de la entidad)- otorgó las líneas de crédito a Bolaños, quien no tenía historial crediticio ni experiencia en la importación de cemento.

Para ello, se ajustaron los reglamentos y prácticas del banco con ese crédito en particular. La administración superior del BCR, además, ignoró criterios técnicos que recomendaban no otorgar el crédito.

La comisión legislativa que ahora investiga a la Procuraduría por haber absuelto al exmandatario y por el manejo que hizo de ese expediente también pedirá a esa institución que reabra la investigación contra Solís.

La PEP envió ese informe cuando terminaban funciones los anteriores diputados en circunstancias que han generado dudas y el manejo que se hizo en los primeros días del nuevo Congreso impidió a los diputados impugnar la resolución a favor del exgobernante porque venció el plazo para hacerlo.

Dictamen

El diputado Otto Roberto Vargas explicó que el plazo de la comisión para rendir un informe al Plenario Legislativo se amplió al lunes 5 de agosto.

Esto, a pesar de que la última fecha para hacerlo era el 21 de julio. Sin embargo, no se pudo cumplir con el plazo por el receso legislativo de medio periodo.

Dijo que esta semana los legisladores de la comisión tendrán reuniones en aras de buscar al menos un informe de consenso.

Según ha trascendido, es muy poco probable que el informe sea unánime porque la diputada Laura Guido, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), se separaría de la mayoría.

"La mayoría va a estar con ese informe", adelantó Vargas.

Una vez que se apruebe el informe, será remitido al Plenario Legislativo para su discusión y votación.