Diputados: “Quedó claro que pagos a viceministras no procedían”
Mario Redondo: "No lograron fundamentar su actuación"; Otto Guevara: "No hay nada que refutar"
Sergio Alfaro, Ana Cristina Trejos y Ana Gabriel Zúñiga (de derecha a izquierda) sorprendieron a los diputados. (CRH)
Si algo quedó claro este jueves en la Asamblea Legislativa, es que los millonarios pagos por el incentivo salarial de prohibición al ejercicio profesional que recibieron la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, la viceministra de gobernación Carmen Muñoz y la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, no procedían.
Ese es el balance que hicieron cuatro diputados tras la comparecencia de Zúñiga, Trejos, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y la contralora general de la República, Marta Acosta, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
Los pagos no solo han sido improcedentes, sino que además el Gobierno se quedó corto con sus explicaciones y no satisfacen a los legisladores Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y presidente de ese órgano legislativo, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Decisiva fue la intervención de Acosta para esclarecer la procedencia o no de los pagos por el incentivo sin cumplir los requisitos para merecerlos: ¢30 millones en el caso de Zúñiga y casi ¢11 millones en el caso de Trejos (que posteriormente devolvió).
La Contralora, sin necesidad de hacer alusiones directas a nadie, leyó un pronunciamiento en el que sostuvo que el pago del incentivo de prohibición solo se puede girar cuando se cumplen los requisitos de título académico y colegiatura.
Y aunque la viceministra Zúñiga, quien además demostró aferrarse al dinero recibido de más, se fundamentó en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y en Ley de Compensación por Pago de Prohibición, Acosta sostuvo que en primer lugar no se pueden mezclar leyes y reiteró las condiciones en las que se puede otorgar el pago por el incentivo.
"Puede tener las condiciones para ser nombrado ministro o viceministro, pero no necesariamente cumplir los requisitos para acceder al pago de la prohibición previsto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, toda vez que no es una consecuencia automática", esgrimió la Contralora.
El jefe de Zúñiga indicó que no podía referirse al caso de su subalterna para no adelantar criterio debido a que su despacho tendrá que resolverlo, pero defendió los pagos hechos, cuestionados ampliamente, utilizando como argumento que en administraciones anteriores también se giraron sobresueldos a funcionarios de la Casa Presidencial.
Esa fue prácticamente la única justificación que brindó el Ministro de la Presidencia en una concurrida sesión que dejó asombrados a legisladores de oposición e incluso del oficialista PAC.
Débiles, muy débiles
Mario Redondo: "El ministro Alfaro llegó a hacer las de tinterillo". (CRH)
Redondo dijo que la Contralora dejó más que claro el tema, se mostró extrañado de que el ministro Alfaro, a pesar de ser abogado, llegara a hacer "las de tinterillo".
En su criterio, el Gobierno no solo no logró fundamentar su actuación, sino que evidenció que el Ministerio de la Presidencia no fue diligente desde julio de 2015, cuando se detectó el primer caso de un pago indebido por prohibición al ejercicio profesional, el de la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, quien recibió aproximadamente ¢10 millones y que está devolviendo " a pagos de polaco"
Y no fue diligente porque en vez de revisar lo que estaba sucediendo y emitir una directriz de cumplimiento obligatorio, no lo hizo, agregó Redondo.
El diputado Guevara también sostuvo que el criterio de la Contralora es irrefutable.
"No hay nada que refutar, ni esperar el debido proceso de nada. Estamos ante un caso claro de enriquecimiento ilícito y ella (Zúñiga) está en la obligación de devolver la plata", manifestó.
Al igual que Redondo, cree que en el Poder Ejecutivo no ha habido autoridad para frenar ese tipo de abusos y girar instrucciones desde el más alto nivel para corregirlos.
"El Presidente está pintado en la pared", así resumió su opinión.
Sin justificación
Rolando González: "La Contralora fue contundente y nítida". (CRH)
El liberacionista González calificó la intervención de Acosta como "contundente y nítida".
"Nos lleva a confirmar que los pagos están mal aprobados", destacó.
González, cuyo interrogatorio fue sólido y puntual, dijo que la posición del ministro Alfaro fue "poco determinante" y estuvo "mirando más al pasado que al presente".
Solís, uno de los primeros congresistas en pedir la palabra tras escuchar a los jerarcas del Gobierno, no titubeó al decir que quedaba atónito con las justificaciones de Zúñiga, a quien incluso reprochó que ofendiera a los costarricenses.
Al titular de la Presidencia, aprovechó para recordarle los compromisos éticos que el PAC hizo en campaña.
"El país nos escogió para hacer un cambio y usar como argumento que otros lo hicieron, es decir que somos iguales", replicó Solís visiblemente decepcionado.
Las justificaciones oficiales fueron y vinieron una y otra vez, siempre centradas en argumentos a todas luces débiles, mientras fue quedando claro y más claro que no pudieron contra los argumentos tan sólidos como los de la Contraloría General de la República.