Piden cuentas a la Defensoría y a la Fiscalía General la instan a actuar con prontitud
Diputados quieren explicaciones de la “desaparición” de grabación sobre caso UPAD
- Audio tenía declaraciones del presidente, Carlos Alvarado y otros implicados en el caso
(CRHoy.com) La “desaparición” a lo interno de la Defensoría de los Habitantes de una grabación que se realizó en la Casa Presidencial el pasado 24 de febrero, por el polémico caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde constaban las declaraciones del presidente Carlos Alvarado sobre este caso, genera preocupación en el Congreso.
Diputados de distintas fracciones legislativas están exigiendo a la Defensoría de los Habitantes explicaciones de lo ocurrido, a la vez que piden a la Fiscalía General de la República investigar la desaparición con prontitud.
“No podemos seguir permitiendo que la falta de transparencia ponga en riesgo la solidez del Estado costarricense y que se de al traste de investigaciones tan importantes en el caso de la UPAD. La Fiscalía debe tomar cartas en el asunto y decir qué pasó con esto”, dijo Shirley Díaz, subjefa de fracción de la Unidad Social Cristiana.
La jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, exigió explicaciones a la Defensoría sobre el resguardo de estas pruebas. Aseguró que el tema es de preocupación a lo interno de su bancada. Acusó que la defensora, Catalina Crespo, abordó el tema como cuando “se pierde un zapato debajo de la cama”.
“El tema es muy serio y simplemente dicen que se extravió una prueba, como si fuese un zapato debajo de la cama. La forma en que lo dicen es como sin importancia. Se debe tomar en serio el tema, porque acá están involucrados jerarcas de gobierno. Queremos una explicación de lo que sucedió”, dijo Rodríguez.
¿Qué paso con la grabación?
Catalina Crespo defensora de los habitantes
Este miércoles por la tarde la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, trasladó al Ministerio Público el informe de una investigación relacionada con la “desaparición” de un respaldo de la grabación que se realizó en Casa Presidencial, el pasado 24 de febrero, a raíz de la investigación por el caso de la UPAD.
La indagación interna fue solicitada por Crespo debido a que se detectó un faltante de información (la desaparición) en el audio de la entrevista que se le realizó al equipo de Gobierno ese día en la mañana. En esa sesión participaron el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, la viceministra de Presidencia: Silvia Lara y la jerarca de Comunicación, Nancy Marín, así como los asesores que participaron en la UPAD, entre otros funcionarios.
En su informe, la Auditoría Interna de la Defensoría concluyó que efectivamente una parte de la grabación no existe y para determinar con exactitud la verdad real de los hechos, es necesario una revisión técnico-forense, por lo que recomendó su traslado al Ministerio Público.
“En aras de la transparencia institucional, y de salvaguardar la investidura de esta Institución y la honorabilidad de todos los funcionarios, acogí la recomendación de enviar este expediente al Ministerio Público, pues soy consciente de la relevancia que tiene este proceso para el país y para cumplir con nuestra misión de proteger los derechos humanos de los habitantes”, señaló Crespo.
La jerarca insistió en que no quiere que haya ningún cuestionamiento de la forma cómo la Defensoría de los Habitantes ha abordado el tema y por eso es importante someterse a cualquier investigación en caso de ser necesario.
Crespo fue enfática en que el informe realizado por la institución del caso UPAD, se fundamentó en una gran cantidad de información, entre documentos, oficios, minutas, y la labor de un gran equipo humano, que respaldan cada uno de los hallazgos y las conclusiones que se emitieron.
“La Defensora afirma que es lamentable que la situación ocurriera a nivel interno, pero es consciente de que, como cualquier otra institución pública, tiene un mandato de transparencia y de rendición de cuentas, y está sujeta al escrutinio público”, manifestó a través de un comunicado de prensa.
Además agregó que es fundamental que continúe el proceso que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer lo antes posible sí hubo o no uso de información sensible y confidencial de los habitantes por parte de la UPAD. Lo mismo que la investigación que lleva adelante la comisión especial legislativa.
“La Defensoría de los Habitantes es consciente que durante las últimas semanas la atención del país ha estado centrada en atender la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero el tema de la UPAD había que retomarlo en algún momento y, por eso, insto al Ministerio Público a avanzar con el proceso y, desde ya, nos ponemos a su disposición para brindarles el apoyo necesario”, explicó Crespo.
Luego de la investigación, la Defensoría de los Habitantes envió su informe al Ministerio Público el pasado 29 de febrero, bajo el expediente 310955-2020, en el que solicitó un análisis pericial técnico para determinar si hubo o no acceso a información y uso de datos sensibles o de acceso restringido de los habitantes.
“En este documento, la institución determinó que la UPAD sí pudo conocer datos sensibles de los habitantes debido a que tuvo acceso a las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Dicha información se obtuvo a través de convenios que autorizaban conexión directa a las mencionadas bases. Además, reveló que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de datos, protocolo de identificación y manejo. Igualmente, se evidenció un debilitamiento del control interno de Casa Presidencial en lo que respecta a Tecnologías de la Información, entre otros hallazgos”, añadió la Defensoría en un comunicado.
