Diputados rechazan trasladar ₡6 mil millones de CCSS para monitorear “golondrinas”
Moción se votó en Comisión de Asuntos Hacendarios
Justicia pretendía comprar más brazaletes debido al incremento de personas en centros penitenciarios. Daniela Abarca/CRH/Con fines ilustrativos
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron realizar una modificación presupuestaria al Ministerio de Justicia que pretendía usar una partida de ₡6 mil millones para la compra de brazaletes electrónicos y atención en centros penitenciarios, pese a que son fondos por trasladar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la atención de privados de libertad.
Desde 1993, ambas instituciones realizan un estudio técnico con el fin de renovar el convenio que busca fortalecer el servicio prestado a las personas privadas de libertad.
Ese dinero es una póliza utilizada por la Caja para la atención de esta población. "Nos estamos enfrentando a una situación donde nos quedaríamos sin presupuesto", señaló Román Macaya, jerarca de la CCSS.
En el Ministerio de Justicia, defendieron que, debido a la crisis fiscal tuvieron que reducir el presupuesto en ₡9.478 millones en comparación con el del 2018.
Fabián Solano, viceministro de Gestión Estratégica, indicó mediante un comunicado de prensa con anterioridad que, la decisión de esa transferencia se dio tras un análisis exhaustivo donde se determinó que esa es la única partida que podía tocarse para hacerle frente al monitoreo electrónico.
Según datos del Ministerio, en 2017 sólo 5 reos tenían brazalete, aunque la cifra se disparó a 540 en 2018 y en la actualidad son 1.196 privados de libertad con este sistema.
La institución pretendía utilizar ₡4 mil millones para ese monitoreo electrónico "dado el crecimiento exponencial de esta población" así como ₡1.746 millones para la atención de proyectos agroindustriales, en particular "construyendo oportunidades", anunciado por la Ministra Marcia González en diciembre anterior.
Aunque los legisladores rechazaron ese traslado, sí dictaminaron el primer prespuesto extraordinario tramitado mediante el expediente 21.222 por ₡100.052,5 millones, que tenía como principal partida, la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica.
Pese a esto, la contralora Marta Acosta advirtió que el presupuesto no incluía el pago de intereses generados por el certificado de depósito a plazo que vencen en este período y que ascienden a ₡2.559 millones, sino, solo los montos por concepto del principal.
Para aprobar esa modificación, Carlos Avendaño jefe de fracción de Restauración Nacional indicó que pidieron sustento sólido de los recursos, sin embargo, consideró que la Caja demostró que sus estudios estaban bien sustentados.