Diputados repudian a magistrados por desacatar plan fiscal
Legisladores coinciden en que reglas de ahorro fiscal aplican para todos
Diputados de varias bancadas manifestaron su disgusto con la decisión tomada por la Corte Plena presidida por el magistrado Fernando Cruz. (CRH).
(CRHoy.com) -La decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no aplicar las reglas de ahorro fiscal en el Poder Judicial indignó a diputados de varias bancadas.
Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN) e independientes repudiaron el acuerdo.
La Corte Plena decidió el lunes pasado rechazar la orden girada por la Contraloría General de la República (CGR) para que cumpliera con las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los congresistas coinciden en que las reglas de ahorro fiscal aplica para todos los funcionarios públicos, incluidos los empleados del Poder Judicial, y desacreditan los argumentos del presidente de la Corte, Fernando Cruz, para rechazar la orden de la Contraloría.
Roberto Thompson: "aplica para todos, sin excepción". (CRH).
Roberto Thompson, del PLN, hizo un llamado a terminar con los privilegios y manifestó su apoyo absoluto a lo resuelto por la CGR.
"O acabamos con los privilegios o los privilegios acaban con el país. Nunca ha tenido tanta vigencia la frase de Marcelo Prieto y, que más allá de las universidades, aplica para todos, sin excepción. Y así lo dispuso la ley", dijo.
Recordó que la situación fiscal de Costa Rica es muy grave y "exige a todos los actores, incluyendo al Poder Judicial, el ajuste de las reglas salariales a lo dispuesto por la ley aprobada por la Asamblea Legislativa".
La jefa de los liberacionistas, Silvia Hernández, opinó que el reto más grande de la reforma fiscal es su aplicación.
"Si en el camino se sacan instituciones, se llena de excepciones o no se cumple, el proceso no sirvió de mucho (…) No se pueden mantener privilegios odiosos como los de este caso", declaró.
La también verdiblanca Franggi Nicolás reaccionó molesta.
"Señoras y señores magistrados, ¿qué no se sienten lo suficientemente privilegiados ante el resto de costarricenses? ¿Acaso no les da vergüenza que mientras que a los demás se les pidió comprensión y sacrificio ante la crisis del país, ustedes pretendan ser tratados como una república independiente?", manifestó.
La congresista añadió: "este país no avanzará como debe hasta el día en el que dejemos de engordar a Dioses del Olimpo con excepciones y tratos privilegiados a costillas del sudor de los pobres y de la clase media trabajadora de este país".
"Es indignante"
Pablo Heriberto Abarca: "es indignante y riscible". (CRH).
Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, calificó como "indignante y riscible" el acuerdo de la Corte para desconocer o inaplicar una ley de la República.
"Sobre todo cuando algunos de ellos han saltado pidiendo independencia de poderes y han manifestado que el juez debe ser independiente, pues están demostrando que no es así cuando se refiere a los temas de ellos y sus privilegios", aseveró.
Dijo que espera que Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, desconozca el acuerdo y no atrase más la aplicación de la ley.
Para su compañero de bancada, Pedro Muñoz, la Corte perdió su majestuosidad al rechazar lo dispuesto por la CGR.
Nielsen Pérez: "el Poder Judicial no tiene una excepción". (CRH).
La jefa de fracción del PAC, Nielsen Pérez, sostuvo que la decisión de los magistrados "es inaceptable".
"La ley es para todos y todas los costarricenses y, especialmente, para todo el sector público", respondió.
Recordó que "el Poder Judicial no tiene una excepción en la ley y no forma parte de una élite de funcionarios públicos en nuestro país. Tarde o temprano van a a tener que acatar lo que la ley dispone", agregó.
Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, descalificó el argumento utilizado por la Corte en el sentido de que el ajuste de los pluses salariales viola la independencia judicial.
"Ese argumento es más propio de líderes sindicales añejos que de un funcionario de tan alta investidura en este país", dijo al referirse a declaraciones de Fernando Cruz.
"No son dioses y no tienen corona"
Zoila Volio: "deben bajarse de su templo de mármol". (CRH).
Los legisladores Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), y el independiente Erick Rodríguez también se sumaron a las críticas.
Volio dijo que los magistrados "no son dioses del Olimpo", "no están por encima de la ley" y "deben bajarse de su templo de mármol".
"Repudio esta posición de los magistrados. Creo que todos estamos haciendo un sacrificio para que las finanzas puedan mejorar (…) ¿Qué tienen ellos de diferente? Están acostumbrados a privilegios que ya nadie tiene", afirmó.
Rodríguez, por su parte, indicó que los magistrados "no tienen corona" y que el país "no puede seguir con reinos divididos".
"Aquí no puede haber gente con corona, por más que se sientan de esa manera. El Poder Judicial siempre ha tenido la idea de que están en una torre de marfil. Ya es hora de que todos entremos en el mismo saco", opinó.
La disputa
La contralora general de la República, Marta Acosta, respaldó el criterio emitido por sus subalternos. (CRH).
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -aprobada por la Asamblea Legislativa el 3 de diciembre de 2018- ordenó a todas las instituciones públicas ajustar las reglas para el pago de pluses salariales, con el propósito de ayudar a contener el crecimiento del gasto público.
La reforma consiste en dejar de pagar los incentivos como porcentajes del salario y hacerlo como montos nominales.
Sin embargo, en agosto anterior la Corte decidió no ajustar los salarios de los 14 mil funcionarios del Poder Judicial a las nuevas reglas del pago de anualidades y otros incentivos.
La Contraloría ordenó el 20 de diciembre pasado al Poder Judicial respetar los topes establecidos por la reforma fiscal.
El diputado Muñoz también denunció penalmente a los magistrados ante la Fiscalía General de la República el pasado 19 de agosto y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.