Diputados revisarán críticas de CGR a plan de Empleo Público
También tienen por delante discusión de convenciones colectivas
Los diputados del PAC y el PLN, Víctor Morales y Jorge Fonseca en primer plano con otros legisladores de la comisión de Gobierno y Administración (CRH)
(CRHoy.com) Los diputados revisarán las críticas que la Contraloría General de la República (CGR) le hizo al proyecto de Ley de Empleo Público para intentar solventarlas, sin embargo eso no está del todo garantizado, ya que los pronunciamientos del ente contralor no son vinculantes.
El ente contralor cuestionó varios aspectos del proyecto de ley 21.336. Por ejemplo, no vio bien visto que los diputados decidieran trasladar la rectoría de todo los aspectos laborales en el sector público del Ministerio de Planificación a la Dirección de Servicio Civil, así como que se excluyan de la cobertura de esta eventual ley a las instituciones en competencia y aspectos sobre la aplicación del salario global.
Si bien este miércoles en la mañana los diputados aprobaron una moción para que el traslado al esquema del salario global sea gradual y así ahorrarle al Estado cerca de ¢32 mil millones anuales, los temas de la rectoría y la cobertura o no de a las entidades en competencia deberán de ser replanteados por los congresistas.
El presidente de la comisión de Gobierno y Administración; el oficialista Víctor Morales y el jefe de fracción de Liberación Nacional; Luis Fernando Chacón aseguraron que se tomarán en cuenta las observaciones de la CGR, pero no aseguraron que se vayan a acatar.
Este miércoles la comisión legislativa culminó el conocimiento de las 301 mociones que se le presentaron al texto legislativo en su primer día para ello, según el artículo 137 del Reglamento Legislativo. Ahora habrá que esperar que los legisladores de la comisión emitan su informe y que el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank comunique a los diputados en el Plenario de la habilitación del segundo y último día para la presentación de enmiendas.
Las nuevas mociones que se presenten deberán volver a la comisión para su conocimiento y dictamen. Es acá donde los diputados deberán de considerar las observaciones de la CGR y además decidir el futuro de otro sensible en la discusión de este proyecto: las convenciones colectivas.
El miércoles los diputados decidieron rechazar todas las mociones sobre el tema de convenciones colectivas para negociar una propuesta de consenso y presentarla en este segundo día de mociones.
En lo que respecta a las convenciones colectivas, las propuestas van desde prohibir cualquier tipo de estas en las entidades estatales que realicen alguna gestión administrativa directa, entre las que están municipalidades, universidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por otro lado, hay legisladores que impulsan mantenerlas solo cuando no impliquen cambios en remuneraciones.
Las convenciones colectivas son contratos establecido entre empleados y patrono para poner las "reglas del juego" en su relación laboral. Sin embargo la Sala IV determinó que muchas de las cláusulas de las convenciones del sector público eran abusivas. En el país, existen 26 acuerdos de ese tipo en instituciones como el Ministerio de Educación (MEP), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Hay que recordar que a finales de 2020 la Procuraduría General de la República (PGR) les aclaró a los diputados que la Asamblea Legislativa puede restringir el alcance de la convenciones colectivas y hasta prohibirlas en un determinado grupo de instituciones públicas, sin que ello implique violar normas constitucionales.
Cuando los diputados culminen el conocimiento de las mociones que se avecinan, la discusión pasará al Plenario Legislativo, donde todavía habrá posibilidad para los diputados de presentar mociones de reiteración, pero que serán discutidas en el mismo Plenario. Posteriormente, iniciará su discusión previo a su primer debate.
¿Qué han aprobado los diputados hasta el momento ?
Entre los cambios más importantes introducidos estas semanas a la ley están que la rectoría del Empleo Público en el país estará a cargo de la Dirección General de Servicio Civil y no del Ministerio de Planificación, como lo pretendía el Gobierno. La ministra de Planificación, Pilar Garrido advirtió que este cambio podría generar roces constitucionales de ley.
Además, los diputados resolvieron que el director de la DGSC será un cargo que elijan ellos por un plazo de 4 años y no que sea a criterio de la Casa Presidencial, como es actualmente la designación.
También se acordó excluir empresas públicas en competencia de la aplicación de esta ley.
A su vez, los diputados aprobaron mociones para que los funcionarios públicos puedan evitar capacitaciones cuando éstas rocen sus convicciones religiosas, éticas y morales.
El cambio introducido permitirá a los empleados públicos informar a la administración, mediante una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia "para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras".
También se aprobó que será causal de despido la obtención de dos evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a 70%, una vez impugnado el procedimiento.
Los diputados también eliminaron el otorgamiento de incentivos no monetarios por productividad.
Se estableció que los docentes, desde educación preescolar hasta universitaria, no perderán sus derechos como funcionarios públicos por un período de seis meses, lapso máximo para contar con un nuevo nombramiento.
Los legisladores además eliminaron el artículo 38 que autorizaba un permiso no remunerado para reducir en un tercio, la jornada laboral para el cuido de un familiar con enfermedad o discapacidad y se eliminó el artículo 39 que pretendía ampliar la licencia de maternidad no remunerada por dos meses adicionales por nacimiento prematuro, parto múltiple, entre otras.