Los diputados dejarán en unos 4 meses sus curules y quedarán en deuda con la población LGTBI.

En casi 4 años, los legisladores no lograron sacar adelante ni uno solo de los proyectos de ley para reconocer los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Así lo reconocen congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), quienes califican el avance como poco o nulo.

La falta de voluntad política y el bloqueo de las fuerzas políticas más conservadoras impidieron que el Parlamento aprobara al menos una de las iniciativas presentadas a la corriente legislativa.

No es sino hasta el final de este periodo legislativo que el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cambia las reglas al concluir que el Estado costarricense tiene que garantizar los derechos de la población LGTBI.

En el olvido

Algunos de los expedientes en materia de diversidad presentados en este periodo legislativo son los siguientes:

• Ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley (19.841).
• Ley de sociedades de convivencia y reforma al título VII del Código de Familia (18.841 y 18.483). Pendientes de dictamen en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
• Ley contra los crímenes de odio, modificación al artículo 373 y adición de un artículo 373 bis de la ley 4.573 Código Penal. Pendiente de dictamen en Comisión de Derechos Humanos.
• Ley de Matrimonio Igualitario (19.508). Pendiente de dictamen en la Comisión de Derechos Humanos.

Iniciativas como esta última y la de sociedades de convivencia fueron obstaculizadas por medio de mociones y otros recursos que permite el Reglamento de la Asamblea Legislativa por diputados de partidos cristianos, como Renovación Costarricense y Restauración Nacional.

Solo el proyecto que le permitiría a las personas transgénero y transexuales cambiar su nombre ante el Registro Civil logró avanzar un poco.

Esta iniciativa fue dictaminada afirmativamente el 7 de junio de 2017 por la Comisión de Derechos Humanos y se encuentra en el orden del día del Plenario Legislativo.

Minorías lo impidieron

Las legisladoras Maureen Clarke, del PLN, Patricia Mora, del FA, y Marcela Guerrero, del PAC, reconocen que esta Asamblea sigue con una enorme deuda en materia de derechos de la población LGTBI.

Clarke, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que las iniciativas "apenas se movían un poco, las inundaban de mociones", pero también destacó la conveniencia de que la discusión madure.

"La Asamblea Legislativa es el reflejo de lo que ocurre en la realidad. Hay ciertos temas que no se permite tocar. El bloque evangélico llenó de mociones esos proyectos y presionó para que no avanzaran. Es muy difícil, por más que se quiera", declaró la liberacionista.

También responsabilizó al Poder Ejecutivo por no haber convocado ninguna de esas propuestas en las sesiones extraordinarias del Congreso.

En los mismos términos, la diputada Mora comentó que "desgraciadamente esos temas se postergaron".

"Hay una presencia de un grupo de parlamentarios y parlamentarias que han presentado una oposición férrea a que se vean y se trate de discutir cualquiera de esos urgentes proyectos", sostuvo.

Guerrero, por su parte, reiteró que los expedientes no avanzaron en las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Jurídicos ni en el Plenario.

"Quedamos debiendo. Ni siquiera se permitió la discusión. Cada vez que se iban a ver, se llenaban de mociones, ni siquiera se logró una negociación para hacer un debate, independientemente de credos religiosos", indicó.

A pesar del pronunciamento de la Corte IDH, Mora y Guerrero consideran que los próximos diputados, que iniciarán funciones el 1 de mayo, deben saldar la deuda con la población LGTBI.