Diputados ven difícil regular el lobby en el Congreso

Los diputados afirman que aprobar una ley para regular el llamado “lobby legislativo”, es “bastante difícil” y señalan que asumir una postura frente a un proyecto de ley o ante un nombramiento, tras la influencia o pedido de un grupo, es una responsabilidad de cada legislador.

Si bien ya la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública castiga el llamado tráfico de influencias, no existe una ley o reglamento que regule las visitas que los diputados reciben.

Además de crear y derogar leyes, los legisladores tienen la responsabilidad de nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional.

También eligen al Contralor y Subcontralor General de la República, del Defensor y del Defensor Adjunto de los Habitantes. Al Procurador General y del Subprocurador General Adjunto de la República y del Regulador General de los Servicios Públicos.

El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública señala:

Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.
Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.

Propuesta de ley

La fracción del Frente Amplio (FA) presentó a la corriente legislativa el expediente 24.111 que propone, además de regular las “puertas giratorias”, propone establecer normativa para el lobby legislativo.

Según la diputada del FA, Sofía Guillén, las actividades de lobby, han sido reconocidas por la literatura especializada como una de las principales vías mediante la cual las élites y grupos de poder económico inciden en la toma de decisiones en las distintas instancias del aparato estatal.

Esto ocurre, señala Guillén, principalmente en áreas y actividades económicas con mayor sensibilidad a la regulación estatal: las finanzas, los seguros, el transporte, las comunicaciones, servicios públicos de distinta naturaleza, entre tantos otros

Tipos de lobby

El proyecto define el lobby como la actividad de representación de intereses privados realizada por personas físicas o jurídicas para influir -a través de cualquier medio- sobre personas funcionarias públicas en temáticas que son objeto de legislación, políticas públicas, regulaciones y/o decisiones administrativas.

Se reconoce que estos intereses privados pueden referir a una diversidad de actores y gremios de la sociedad civil, y que pueden ser representados en gestiones de lobby de diversas maneras.

• Cuando un actor realiza gestiones a favor de sus propios intereses sin ningún tipo de intermediación se conoce como representación directa.
• Si se realizan las gestiones mediante un tercero especializado en la materia, se define como representación indirecta.
• Mientras que, si las gestiones transcurren a través de cámaras o asociaciones gremiales, se entiende que la representación es colectiva, ya que se están canalizando demandas sectoriales.

Guillén indica en su proyecto que el lobby por sí mismo no necesariamente es perjudicial para el régimen democrático ni conlleva directamente una captura de la decisión pública.

“Por el contrario, una adecuada canalización de las demandas e intereses plurales de la sociedad civil puede contribuir a fortalecer la relación entre la ciudadanía y sus representantes en puestos de elección popular, lo cual redunda en una mayor legitimidad de las instituciones democráticas”, indica el texto del proyecto.

Insiste la legisladora del FA que la iniciativa no interpreta como perjudicial el interés de influir en la toma de decisiones de carácter público, consustancial a la vida pública.

El objetivo que persigue en materia de regulación del lobby es establecer un marco legal que garantice que dichas actividades de representación de intereses privados se realicen en apego a principios como la transparencia, la probidad y la legalidad en la función pública.

“Esto no solamente redunda en beneficio para la ciudadanía al disponer de mayor información de interés público, sino también para los actores públicos y privados regulados por la presente iniciativa de ley y que realizan gestiones de esta naturaleza de forma honesta, ya que se les reconoce la posibilidad de desarrollar sus acciones en un contexto menos propenso a influencias indebidas o sospechosas”, agrega el texto.

Recomendaciones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual Costa Rica es parte, hace una serie de recomendaciones sobre la regulación del lobby.

Señala que el lobby puede proporcionar ideas e insumos de alta valía para las personas tomadoras de decisiones, además de facilitar el acceso de las partes involucradas e interesadas en la elaboración de políticas públicas.

Sin embargo, realiza la advertencia de que puede dar paso a políticas injustas e ineficaces en el momento en que se convierte en un mecanismo de los grupos de poder para influir en reglamentos y legislación en perjuicio del interés público.

Para evitar lo anterior y garantizar la transparencia en las gestiones de lobby, algunas de las recomendaciones presentadas son:

• La creación de registros en línea abiertos y de fácil utilización que faciliten al público la información sobre las actividades de lobby.
• La creación de registros de lobbistas donde estos declaren información como: nombre, contacto, empleador, clientes, financiamiento y otras.
• El fomento de una cultura de integridad en las gestiones de lobby.
• Los países deben permitir que las partes interesadas (incluidas las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los medios de comunicación y el público en general) fiscalicen las actividades de lobby.
• Los lobbistas deben cumplir con estándares de profesionalismo y transparencia, ya que comparten la responsabilidad de fomentar una cultura de transparencia e integridad en el lobby.
• Los países deberían revisar periódicamente el funcionamiento de sus normas y directrices relacionadas con el lobby y hacer los ajustes necesarios a la luz de la experiencia.

El proyecto del FA crear un “Registro Público de Lobbistas” y un “Registro de Agenda Pública”, con el fin de transparentar el ejercicio de esta actividad y sus relaciones con las personas funcionarias públicas.

En este registro y agenda se conocerán a las personas que ejercer labores de lobby y a favor de quién, entre otros datos, e incluye a aquellos lobbistas que antes o después ejerciera cargos de elección popular.

Difícil regulación

¿Es fácil o sencillo regular el lobby legislativo?

Para el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Izquierdo no fácil.

“No es tan sencillo, me parece que debe haber libertad de expresión y de movimiento de todas las personas y hay una responsabilidad importante de nosotros de saber hasta donde permitir que nos hablen de ciertos temas”, explicó el verdiblanco.

Izquierdo reconoce que es difícil para ellos como legisladores, saber cuál es el interés detrás del abordaje de alguna persona o grupo.

“Es un tema complicado, ahora todo tiene un límite que debe estar dentro del marco de la decencia y la moral”, agregó.

El verdiblanco resaltó el acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión de Nombramiento del Congreso, de no reunirse por separado con los aspirantes a alguno de los cargos que nombra el plenario.

El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) Diego Vargas, afirmó que todo lo que sea transparencia debe ser potenciado.

Mencionó que como fracción no han detectado la intención de algún grupo para potenciar algún tema que afecte a las grandes mayorías.

“Hemos tenido acercamientos con el sector turismo, municipal, con el tema de impuestos, pero cuando eso significa que ese lobby es para parcializar una decisión, estamos en contra”, indicó.

Vargas reconoce la complejidad de regular el lobby que se puede dar desde una llamada telefónica, una invitación a un almuerzo o una reunión en un despacho.

“Yo creo que esto es un tema más ético, más de cada persona, de los valores, si creo que regularlo no es fácil, y debería ser un tema de educación desde la casa”, mencionó.

La socialcristiana Vanessa Castro afirmó que el lobby profesional y trasparente es adecuado y contribuye a una interrelación sana.

“Evidentemente, tiene que regularse mediante ley, para garantizar la confianza de la gente, esa regulación debe hacerse sin visión restrictiva porque eso podría provocar el acceso incorrecto de personas a las personas que deciden políticas”, agregó.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, también opina que ese lobby debe ser público.

“En principio, estoy de acuerdo con regular el lobby. El diputado debería tener independencia de criterio con respecto a los proyectos de ley, escuchando a todas las partes involucradas, de manera pública y no privadamente”, dijo Cisneros.