Diputados: “Viceministra de Presidencia fue altanera y soberbia”

La actitud de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, "fue altanera y soberbia" al aferrarse al pago del incentivo por prohibición al ejercicio profesional, a pesar de que no cumplía con los requisitos para recibirlo.

Esta es una de las conclusiones de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investigaron los pagos irregulares por ese plus salarial a Zúñiga y a la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos.

"Su actitud ante medios de prensa y ante los propios Diputados de esta Comisión fue altanera y soberbia, demostrando su incapacidad de reconocer el error en que estaba envuelta y defendiendo, a capa y espada, el pago recibido", indica el borrador del informe.

Según el documento, la forma de proceder de Zúñiga "pareciera revelar que se encuentra más preocupada por preservar su patrimonio que en demostrar transparencia y probidad en beneficio de la Hacienda Pública".

El informe recomienda al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que destituya de su cargo a la viceministra y que ella devuelva la totalidad cobrada de más: ¢30 millones.

Como contrapunto, los diputados reconocen el accionar de Trejos, quien antes de renunciar al cargo, devolvió los casi ¢11 millones por el pago del incentivo.

Pero indica que esta acción quedó "empañada con el posterior nombramiento suyo en la Junta Directiva del Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la forma en que sea realizó, cosa que aunque no es objeto de esta investigación, merece ser destacada como una nota negativa".

Otras recomendaciones

El borrador del informe también incluye las siguientes conclusiones y recomendaciones:

• El pago del incentivo otorgado a las viceministras Zúñiga y Trejos fue totalmente irregular.
• Ambas deben devolver las sumas percibidas sin cumplir requisitos y en perjuicio de la Hacienda Pública, cosa que hasta la fecha, solo ha hecho Trejos mediante depósito de ¢10.953.163,99 a favor del Gobierno de Costa Rica. Zúñiga aún le debe al Estado costarricense más de ¢30 millones.
• El Poder Ejecutivo debió actuar desde julio de 2015, cuando trascendió el pago irregular por el incentivo a la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz.
• "El Poder Ejecutivo tardó más de año y medio en actuar, poniendo en peligro la Hacienda Pública con su displicencia".
• "El Presidente de la República debió ser más riguroso y exigirle renunciar por completo al pago de prohibición y devolver los dineros percibidos sin sustento".

¿Por qué fue irregular?

De acuerdo con el informe, el pago por el incentivo a Zúñiga y Trejos no procedía por las siguientes razones:

• Quedó claro que el régimen de prohibición que cubre a ambas funcionarias es única y exclusivamente el establecido por los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, según pronunciamientos de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República.
• Para reconocer el pago del 65% por el incentivo sobre el salario base era necesario que, además de ocupar el cargo de viceministras, contaran con el grado académico universitario que las acredite como profesionales en su campo y estén incorporadas al colegio profesional .
• De esos tres requisitos, Zúñiga y Trejos solamente cumplían el primero, por lo que al carecer del título de licenciatura –grado mínimo para ejercer tanto el Derecho como la Microbiología y Química Clínica– y no estar incorporadas al colegio profesional, no procedía el pago de ningún porcentaje por concepto de prohibición.
• Ante la presión pública, Zúñiga renunció a una parte del incentivo que recibía y se quedó con un 45%, pero es igualmente irregular.

El informe final, una vez que esté listo, deberá ser remitido al plenario legislativo para su discusión y votación.