Directivos cuestionaron movida del Gobierno para sepultar Tren Eléctrico

(CRHoy.com). Dos directivos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) dejaron patente su discrepancia con la manera en cómo la Administración Chaves Robles (2022-2026) optó por sepultar el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como tren eléctrico, impulsado durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).

Jorge López, ingeniero civil y experto ferroviario, quien trabaja en la entidad desde 1986, y Ghiselle Solano Pacheco, quien fungió como directora entre 2018 y agosto de 2022, remitieron una carta el 17 de agosto, dirigida a cúpula institucional, en la cual cuestionaron el manejo gubernamental dado al tema.

El pasado 20 de julio, Rodrigo Chaves, presidente de la República, anunció en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el plan del tren eléctrico que promovió el gobierno de Alvarado quedaba “enterrado” para siempre y optarían por construir una nueva propuesta.

Minutos después, Mario Arce, presidente ejecutivo de Incofer, agregó que se enfocarían en construir una nueva propuesta que tomaría como base el plan de un tren elevado contemplado en el estudio de prefactibilidad elaborado en 2016 por la firma LCR Logística, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

En sencillo, las razones del gobierno para sepultar la propuesta se basaron en diferencias técnicas y financieras con el plan, de más de $1.400 millones y concesionado por 35 años, impulsado en la pasada Administración.

Pese a la magnitud de lo dicho por el Poder Ejecutivo ese día, los miembros de la junta directiva del Incofer se percataron del anuncio a través de la prensa y de las comunicaciones oficiales del gobierno. No estaban avisados sobre el cambio de rumbo que se tomaría a partir de ese día.

Así quedó de manifiesto en el acta de sesión de junta directiva 022-2022, celebrada ese mismo 20 de julio.

Las inquietudes expresadas ese día, llevaron a los directores López y Solano a publicar el oficio en la sesión de junta directiva del 17 de agosto pasado.

"Hay una serie de situaciones que se dan que a él (López) le causan algún tipo de preocupación y es sobre todo el tema de que este caso es un caso que, digamos, si lo agarramos como un caso de estudio, cree que es importante hacer ver que debió de haberse conversado, toda esta temática, digamos todos los argumentos, etcétera, a priori no a posteriori.

"Entonces, eso, para él (López), es algo que es importante, porque la función de la junta directiva es precisamente construir, es guiar (…) En este caso seríamos como puente de lo que se hizo en la Administración pasada (2018-2022) y de lo que se va a hacer en la Administración presente (2022-2026)", cita, textualmente el acta de la sesión de ese día, en referencia a la carta enviada por los 2 directores.

López acotó que estaba de acuerdo con que se frenara el proyecto pasado, pues al no contar con el respaldo del Poder Ejecutivo no tendría viabilidad política. Sin embargo, apuntó a que se debieron analizar otras alternativas antes de decidir tajantemente iniciar todo desde cero.

(…) para él (López) eso es algo muy lamentable porque tiene más de 35 años de estar oyendo este proceso y al final de cuentas, pues no ha pasado nada. Entonces cree que hubiera sido muy conveniente haberlo discutido de previo, que nosotros, los miembros del consejo directivo y haber llegado a conclusiones en el sentido tal que las posibles variaciones de carácter técnico, etcétera, no hubieran sido tan grandes como para tener que enviar al proyecto a iniciar de cero, hubiese sido un buen momento para corregir lo que hubiera que corregir y después seguir despacio, con buena letra y a paso firme", expuso el experimentado directivo.

Si bien durante el gobierno pasado el proyecto del TRP se coordinó en conjunto con Casa Presidencial, la cúpula del instituto fue la encargada de discutir y aprobar todo lo referente a la iniciativa. En especial, sobre el proceso de precalificación de oferentes.

Además, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), que se encargó de impulsar todo lo referente al plan, estaba adscrita al Incofer y rendía cuentas directamente a la junta directiva.

Actualmente, el Incofer está enfocado en elaborar los "estudios breves" que marcarán la hoja de ruta del plan de tren eléctrico que procurará el gobierno de Chaves. Dichos análisis versarán sobre aspectos técnicos, financieros y de demanda.

El jerarca Arce ya reconoció, en múltiples ocasiones, que la propuesta del actual gobierno es más cara, pues apuesta por desarrollar una sola línea elevada entre San José y Paraíso de Cartago, cuyo costo aproximado rondaría entre los $500 millones y los $600 millones (sin contar costos de material rodante o mantenimiento).

Arce apuntó que la intención del Poder Ejecutivo es que esta primera línea se desarrolle durante la actual Administración (2022-2026). Sin embargo, las otras (como las conexiones con Alajuela, Heredia o Belén) quedarían a voluntad de los próximos gobiernos.