Directivos reinstalados: “Quieren convertir a la CCSS en un apéndice del gobierno”

Se trata de los casos de Carlos Jesús Salazar Vargas, José Luis Loría Chaves (cooperativismo) y Martha Rodríguez González (sindicalismo).

Dichos integrantes de la junta directiva, así como Maritza Jiménez Aguilar (del solidarismo) y Jorge Arturo Hernández Castañeda (de los patronos) fueron separados de sus puestos por aparentes conflictos de intereses, incumplimientos de requisitos en nombramientos e irregularidades en la toma de decisiones sobre la sostenibilidad de las finanzas de la CCSS.

El tribunal constitucional obligó a la reinstalación debido a que no existían los sustentos suficientes para las suspensiones y las eventuales separaciones.

Este lunes, Loría y Rodríguez brindaron una conferencia de prensa en la que indicaron la petición al Consejo de Gobierno para que se archiven las 5 causas administrativas individuales contra los directivos y que no se dé largas a la pugna política que vive la cúpula institucional. En ese sentido, calificaron situación como un juicio "sumario" y una persecución política.

Rodríguez afirmó que Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, impulsó los procesos administrativos con fundamentos "falsos" y que durante la suspensión de los directivos se tomaron decisiones enfocadas en el "desmantelamiento" de la CCSS.

Incluso, dijo que esto quedó de manifiesto con la paralización del portafolio de proyectos de infraestructura hospitalaria y de centros de salud.

En ese sentido, Loría acotó que se está politizando la institución para satisfacer las intenciones planteadas directamente por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y convertir la entidad en un "apéndice" del gobierno central.

"Lo que buscan con nuestra destitución es no pagarle los ¢3.2 billones que el gobierno le debe a la CCSS y no devolverle los ¢1.7 billones que habían sido trasladados a Hacienda", expuso Rodríguez.

Ambos insistieron en que la institución no está "quebrada" y afirmaron que hay más de ¢2 billones en reservas. Sin embargo, consideran que desde el gobierno se hizo una campaña de "desprestigio" para minar la credibilidad de la institucional y llenar de incertidumbre el ambiente interno.