Directores del ICE impugnan suspensión y exigen ser reinstalados en el cargo
Consejo de Gobierno los suspendió a finales de enero
Seis directores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), suspendidos –con goce de dietas- desde enero anterior, realizaron planteamientos ante la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo para ser reinstalados en sus cargos.
La medida estará vigente por mientras se desarrolla el procedimiento administrativo en su contra, encargado por el Consejo de Gobierno.
Se trata de Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro, Irma Pérez Guevara, Eugenia Gutiérrez Castro, Ruth Martínez Cascante y José Mario Jara Castro (nombrados desde la administración anterior).
Mediante un comunicado emitido a los medios, los directores suspendidos explicaron que la medida cautelar que los alejó de la cúpula institucional violó la autonomía institucional contemplada en la Ley 8660 para fortalecer y modernizar las entidades públicas del sector comunicaciones.
Según el planteamiento, el Poder Ejecutivo no puede remover 6 directores de una junta directiva institucional durante una misma administración.
En el comunicado, los directores suspendidos "advirtieron que aún no han sido indagados por el órgano director –la secretaría del Consejo de Gobierno— y que pese a ello el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada se apresta a nombrar a sus sustitutos con la intención de dejarlos en forma permanente".
¿Por qué la suspensión? El 29 de enero anterior, el Consejo de Gobierno comunicó públicamente la medida, mientras se investigan presuntos actos irregulares ocurridos entre el 2014 y 2018.
Un caso se relaciona a supuestos pagos indebidos de cesantías a funcionarios de la entidad que fueron trasladados de la División de Gobierno Digital a su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. En este caso están involucradas 4 personas (Beirute Brenes, Bogarín Navarro, Gutiérrez Castro y Martínez Cascante).
A 4 directivos se les investiga por el eventual pago indebido por concepto de cesantía a funcionarios de la institución que fueron trasladados de la División de Gobierno Digital a su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. –Racsa, en 2 grupos uno de 14 personas el 1° de febrero de 2016 y otro de 22 personas el 1° de febrero del 2017, así como a funcionarios trasladados a la Empresa Gestión de Cobro S.A. (subsidiaria del ICE).
También, se les investiga por la aparente supresión de la figura de la gerencia general, hechos analizados por la Procuraduría General de la República (PGR) en la opinión jurídica número 039-J del 27 de abril de 2018 y en el dictamen número C-318-2018; de igual forma, se investigará la presunta designación ilegal del gerente general a.i. en el ICE (Jaime Palermo).
¿Irrespeto a la ley?
Los directores adujeron en sus alegatos que desde el inicio de la gestión de Irene Cañas Díaz (presidenta ejecutiva del ICE desde mayo de 2018) "ella ha mostrado públicamente su incomodidad cuando los miembros del órgano directivo no acogen sus propuestas o toman decisiones que no son de su agrado, aún cuando lo que pretenden los directores es dar continuidad al trabajo de modernización que inicio hace varias administraciones".
De paso, acotaron que el ICE está inmerso en un proyecto de modernización que desde el 2009 vienen realizando las sucesivas administraciones y que exige la toma de "decisiones críticas, en las cuales el Poder Ejecutivo tiene intereses particulares desconocidos respecto al proceso…"
En el comunicado, los directores afirmaron que existe un pulso político entre el Consejo de Gobierno y quienes "defienden la institucionalidad del ICE".
"Para los denunciantes, el acuerdo tomado por el Poder Ejecutivo de suspenderlos de sus funciones mientras se les investiga, además de ser desproporcionado, no se justifica y menos aún por tanto tiempo (según resoluciones sobre casos similares de la Sala Constitucional y de otras instancias jurídicas). Opinaron que ello deja al descubierto que en esta Administración predominan los criterios violatorios de la autonomía de la entidad y la deja a merced de decisiones políticas", agrega el mensaje.
Ruth Martínez, directora suspendida, confirmó a CRHoy.com los planteamientos hechos ante las instancias judiciales para conseguir la reinstalación en los puestos, pues insisten en que no incurrieron en ninguna irregularidad durante las funciones ejercidas.
"Primero hay que hacer la investigación. En estos momentos no nos han abierto el procedimiento. Solo nos comunicaron la suspensión. Administrativamente ni siquiera tenemos un expediente abierto. Claramente se está pasándole por encima a la ley", expresó Martínez.