Dirigente afirma que taxistas firmaron acuerdo con Presidencia “bajo coacción”

(CRHoy.com) El secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), Rubén Vargas Campos, afirmó la tarde de este viernes que el acuerdo alcanzado con la Casa Presidencial se suscribió "bajo coacción".

"Hoy se firmó un documento de firma obligada ya que a los 500 metros de la Casa Presidencial tenían cinco grúas y en la parte atrás un contingente policial y un funcionario salió y dijo: ‘Firman y se van o actuamos'.

"Los compañeros fueron atemorizados y firmaron. El documento se firmó bajo coacción, no se hizo en libertad. Esto va a ser el principio de los procesos que se vayan a dar en Casa Presidencial. Los que tienen barba, vayan echándose agua para que se la hagan", aseveró el dirigente en entrevista con CRHoy.com.

El pacto -al que este medio tuvo acceso- tiene fecha del 11 de agosto y tiene la rúbrica del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, así como el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle.

Por los taxistas firmaron Ricardo Venegas Castillo, Jorge Valverde Loáiciga, Miguel Salas Castro, Wálter Alemán Fuertes. Sin embargo, Vargas Campos enfatizó en que estos suscribieron el documento bajo protesta verbal, toda vez que no conocían la posibilidad de plantear esa oposición por escrito.

"Yo no lo firmé porque si hubiera estado hubiera hecho un desmadre. Lo firmaron los compañeros bajo protesta. Lo que pasa es que ellos no conocen esa firma. Si yo hubiese estado, yo firmo y pongo que es bajo protesta. Ellos firmaron y la protesta la están haciendo formal", comentó el secretario general de la Unión de Taxistas.

Vargas Campos denunció que el documento firmado "parece redactado por los abogados de Uber" y que se asemeja al suscrito en la administración del "mal recordado" -indicó- Carlos Alvarado Quesada.

"Si usted me dice a mí que usted se come la bronca (en relación con el lema de campaña de Rodrigo Chaves Robles), sí se come la bronca contra el Parque Viva, contra las pensiones de los millonarios, porque quiere ir marcando las pautas de que va a trabajar sobre la ley y que nadie le va a pasar por encima. Nosotros tenemos una Ley de Tránsito que dice que se impondrá una multa de ¢115.000 a la persona que se sorprenda dando transporte ilegal.

"Y que yo como presidente diga que voy a tener un grupo de siete inspectores en todo el país haciendo operativos… ¡no me joda! ¿Entonces todos los otros inspectores que hay no sirven para eso y no tienen la capacidad? Ahí es donde nosotros vemos eso", sostuvo.

Cerca de dos horas antes de que Amador Jiménez anunciara el pacto, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó sobre el levantamiento que los taxistas mantenían frente a la Casa Presidencial, en Zapote, San José, tras el despliegue de un contingente de antimotines por orden del ministro del ramo, Jorge Torres Carrillo.

"Acuerdo"

En el documento en cuestión, el Gobierno de la República se comprometió a mantener operativos contra el transporte privado de pasajeros, ofrecido por aplicaciones como Uber o DiDi.

Luis Amador Jiménez y Jorge Rodríguez Bogle también acordaron solicitar a Rodrigo Chaves Robles la revisión de las directrices 082-P y 083-P de la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, con órdenes relacionadas con la materia dirigidas a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Poder Ejecutivo también se comprometió a construir una "ruta de abordaje de la solución integral de la situación del sector de taxis" en un máximo 45 días.

De igual manera, se acordó la coordinación de una reunión de los taxistas con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).