Doble cara universitaria: así se contradicen sobre autonomía para aplicar plan fiscal
TEC y asesoría externa señalaron que sí forman parte de entidades sujetas a la ley
(CRHoy.com) Tres criterios legales emitidos por dos oficinas jurídicas internas y una asesoría externa pusieron en evidencia la existencia de dos caras muy distintas a nivel universitario sobre el alcance de su autonomía, y las interpretaciones que estas casas de enseñanza han protagonizado en torno a la aplicación de la reforma fiscal.
El primero de ellos fue emitido el 18 de enero de 2019 por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la cual los abogados internos de esa casa de enseñanza recomendaban al rector Henning Jensen y al Consejo Universitario, no acatar las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas:
En criterio de esta Asesoría La Ley 9635 no es aplicable a la Universidad de Costa Rica por dos tipos de razones diferentes aunque concurrentes, a saber: 1) en razón del ámbito de aplicación que la misma Ley 9635 establece y 2) en razón de la autonomía universitaria establecida por el artículo 84 de la Constitución Política.
Para respaldar este criterio, el director de la Oficina Jurídica de la UCR, Luis Baudrit, señalaba que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no incluía a las universidades y que la UCR simplemente "no pertenece a la Administración Descentralizada".
Enfatizaba en la imposibilidad del Ejecutivo y del Legislativo de "regular" a las universidades en materia salaria, por lo cual no era aplicable el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, relacionada con el empleo público
Así consta en las páginas 3, 8 y 9 del oficio:
Esta posición llevó a las universidades estatales a enarbolar como discurso general el supuesto ataque a la autonomía universitaria y así fue en cada lucha política e incluso en las calles… hasta setiembre pasado.
El 24 de ese mes, un dictamen emitido por la Asesoría Legal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) resolvió lo contrario a lo que indicaba la resolución de su contraparte en la UCR y señaló la obligación de aplicar el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas por parte del TEC.
Se trata del documento 478-2019, firmado por la directora de esa oficina, Grettel Ortiz. No satisfechos con las conclusiones, las autoridades del TEC decidieron contratar una asesoría externa con la firma BDS Consultores, la cual llegó a la misma conclusión.
Así consta en la presentación emitida a los trabajadores del TEC en diciembre pasado por parte del rector Luis Paulino Méndez y el vicerrector administrativo Humberto Villalta, así como en el acta de la sesión 3151 del 11 de diciembre en relación a los cálculos del presupuesto salarial de la entidad para 2020.
Según explicó el Vicerrector Administrativo a los empleados del TEC en esa sesión informativa de diciembre, la decisión de aplicar el título de Empleo Público del Plan Fiscal obedeció a que dentro de esta ley se hace referencia a que el ámbito de aplicación está supeditado al artículo 26 de la Ley de Salarios (reformada por el plan fiscal).
Dicho artículo señala:
Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a:
1) La administración central, entendida como Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como a todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
2) La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.
Según las autoridades del TEC, este enunciado sobre la administración "descentralizada y autónomas", sí los incluye a ellos, aunque el criterio inicial de la UCR decía lo contrario.
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Wagner Jiménez, diputado que encabezó la comisión sobre el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) afirmó que la intención de los legisladores fue clara en incluir a "todo el universo" del aparato estatal y por eso no es correcto pensar que existan entidades que pretendan quedar fuera.
Además de las universidades estatales, entidades como la Junta de Protección Social, las municipalidades y el Poder Judicial han planteado una férrea lucha por no aplicar segmentos del plan fiscal, en especial lo relacionado con empleo público.
Jiménez urgió a que la Sala Constitucional resuelva con prontitud una acción planteada por las propias universidades, para declar en claro de una vez por todas el ámbito de aplicación de la controvertida norma fiscal.