Dudoso futuro de aeropuerto de Orotina mantiene en vilo a más de 300 familias

(CRHoy.com). En Orotina la ilusión por albergar un nuevo aeropuerto internacional ya pasó. Los anuncios, con bombos y platillos, hechos durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) no le endulzan la boca a nadie. Al contrario, se asemejan más un bocadillo pesado y agridulce.

Entre 2015 y 2016 el Poder Ejecutivo alardeó –reiteradamente- el ambicioso proyecto de construir la principal terminal aérea del país en ese cantón alajuelense.

Las condiciones geográficas y la cercanía con el Valle Central posicionaron la localidad como el punto perfecto para la obra.

Pese a ser un "proyecto-país" estimado en $2.500 millones, el aeropuerto internacional de Orotina amenaza con quedarse solo en el papel. Para la actual administración (Alvarado Quesada, 2018-2022) pareciera no ser una prioridad inmediata.

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que –por la envergadura del proyecto- se requieren más estudios, pues –bajo su óptica- los insumos existentes son parciales y no arrojan una línea concluyente.

Esos titubeos con el plan generan repercusión. Más de 300 familias que residen en 3 distritos que serán impactos por la obra se mantienen en la incertidumbre.  Según el cronograma de actividades definido en 2017 por las autoridades, para 2018 debía arrancar el trabajo con las expropiaciones de unas 370 fincas ubicadas en los sectores de Mastate, Coyolar y la Ceiba en que pertenecen a más de 400 dueños.

Esos terrenos fueron declarados de interés público por el Poder Ejecutivo mediante un decreto, pero a la fecha ninguna expropiación se ha concretado.

Ante el vacío existente los dueños no pueden hacer nada. Ya sea vender, construir o lo que sea que les plazca, pues existe una gran interrogante en el horizonte.

Así lo señaló Margot Montero, alcaldesa de Orotina, en entrevista con CRHoy.com. La funcionaria explicó que en marzo, junto con otros municipios, entregaron un documento al presidente Alvarado en el que exigieron la inclusión del proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, hasta la fecha, siguen a la espera de respuestas.

"A hoy, de parte del gobierno central, algo por escrito no tenemos. Ni siquiera el acercamiento con el presidente (Alvarado) o el ministro (Méndez Mata)", indicó Montero, quien explicó que ante las dudas gubernamentales mantienen el compromiso de desarrollar el plan regulador del cantón.

Miles de hectáreas

El área afectada por la construcción del aeropuerto ronda las 2 mil hectáreas. Son, precisamente, las tierras con mayor posibilidad de desarrollo en el cantón.

Para la alcaldesa, las dudas con el proyecto no detendrán el interés de dotar de un orden territorial a la zona.

"Son tierras que se están subutilizando y tienen un gran potencial. Vamos a apoyar y a continuar con el plan regulador. Daremos el uso adecuado que los técnicos nos indiquen para esa zona. Al final, si el gobierno no atendió lo que indicaban los estudios basados en la ciencia y la técnica, y lo va a postergar (el aeropuerto), tenemos que apoyar a esas familias y a esos propietarios para llegar a ordenar el territorio de manera adecuada", expresó la funcionaria.

En mayo de 2017, con anuncios por todo lo alto, el entonces presidente Solís y su gabinete presentaron los alcances del estudio de emplazamiento que fueron elaborados por la firma británica Mott McDonald.

Ese análisis, de 2.800 páginas, tuvo un costo de $1.5 millones financiados por la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (Cocesna). La consultora que analizó el proyecto, entre 2016 y 2017, estimó que se requerirían unos $2.200 millones.

Incluso, en mayo de 2017, el entonces presidente  indicó que el plan era que las obras iniciaran en 2018 para que la primera etapa estuviera concluida en 2027. Así las cosas, lo previsto no ocurrió.

"Si no existió un beneficio claro y la dimensión que iba a tener el proyecto, como un espejismo, no tiene sentido mantener a estas familias en condición de incertidumbre. Y, al cantón con poca claridad en el uso de esas tierras. Tenemos un deber de avanzar con el plan regulador (…) Creemos que ha faltado transparencia con la Municipalidad de Orotina, pues tenemos la obligación de ordenar el territorio. No podemos seguir esperando", subrayó la alcaldesa, quien acusó una falta de concordancia entre los 2 últimos gobiernos.

El estudio de emplazamiento que presentó en 2017 el gobierno de Solís fue elaborado por la firma británica Mott McDonald. Ese análisis, de 2.800 páginas, tuvo un costo de $1.5 millones financiados por la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (Cocesna).

En julio de 2018, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) estimó en 650 millones de colones la inversión necesaria para el estudio de viabilidad ambiental que permitiría determinar la posibilidad de construir la obra en esa zona del país. Según Méndez, este análisis sería adjudicado en los próximos meses.

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Según el Plan Maestro realizado por la firma británica Mott MacDonald, la primera fase del aeropuerto se construiría en 128 mil metros cuadrados de terminales de pasajeros y contaría con dos pistas de aterrizaje y una vía principal que llevará a los usuarios hasta la terminal.

Esta etapa costaría $1932 millones y debería estar lista en 2027 para comenzar operaciones. Tendría capacidad de recibir 7,8 millones de pasajeros al año. El plan también contempla un caso pesimista, que haría que la conclusión de esta etapa se dé en el año 2032.

En la segunda fase se aumentaría la terminal de pasajeros a 146 mil metros cuadrados y en la tercera a 186 mil y a 224 mil en la última. En ambas fases se ampliaría la segunda pista y se construiría infraestructura de transporte, una ciudad aeroportuaria, que incluye hoteles, así como la terminal y otras áreas de apoyo del proyecto.

Para 2047, cuando se estima que esté completo el nuevo aeropuerto, la inversión en construcción habría sido de $2.974 millones, con base a datos de este año, por lo que el costo, en ese momento, puede ser mucho mayor.

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