Educación pública en riesgo por caída en la inversión, señala la Defensoría
Defensoría de los Habitantes
La Defensoría de los Habitantes advirtió que el deterioro progresivo en la inversión pública en educación, estaría afectando directamente la calidad del sistema educativo, la equidad territorial y la sostenibilidad del derecho a la educación.
Según una reciente investigación del órgano defensor, el gasto público en educación pasó del 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 al 5,5% en 2025, lo que implica un incumplimiento del mandato constitucional que establece un mínimo del 8% del PIB para este sector.
De acuerdo con la Defensoría, esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia la educación, considerada uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social del país.
El informe señala que la contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP) para ejecutar programas estratégicos, sino que también tiene impactos directos en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial.
Entre 2015 y 2025, Costa Rica registró una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 puntos en lectura, lo que evidencia, según la Defensoría, el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.
Además, detalla que desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad obliga al Estado a avanzar de forma constante en la garantía del derecho a una educación de calidad —inclusiva, equitativa y pertinente— y a evitar retrocesos injustificados.
Pero que los recortes en programas esenciales como alimentación escolar, infraestructura educativa y formación docente constituyen una forma de regresividad que afecta a comunidades rurales, costeras, indígenas y a personas estudiantes con discapacidad.
La falta de recursos también compromete la permanencia escolar y profundiza las brechas estructurales de desigualdad.
"La erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social", mencionó el informe.
Dicha investigación también identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una alta dependencia de decisiones coyunturales, lo que ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, que hoy deben sostener servicios básicos en escuelas y colegios con recursos cada vez más limitados.
Esta situación, según la Defensoría, expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como una inversión estratégica para el desarrollo nacional.
"Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión social y democracia", agrega el informe.