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El descalabro de Japdeva se agravó durante la administración Solís Rivera

En 2017 las cifras financieras fueron de -¢4.229 millones

Por Pablo Rojas | 1 de Jul. 2019 | 12:03 am

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(CRHoy.com). En la gestión de Ann McKinley Meza (2014-2018), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) alcanzó la peor realidad financiera en su historia más reciente.

McKinley fue designada en el gobierno de Luis Guillermo Solís con el objetivo de preparar a la entidad de cara al ingreso operativo de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de APM Terminals, sin embargo su gestión distó mucho de esos objetivos.

En la gestión de la hoy exfuncionaria la crisis financiera se destapó hacia los niveles más elevados. Salvo el 2014 (año en el que ella asumió), la junta terminó en los 3 períodos restantes con números en rojo:

  • 2015: -¢462 millones.
  • 2016: -¢1.500 millones.
  • 2017: -¢4.229 millones.
  • 2018 (estuvo hasta mayo): -¢3.416 millones.

Los datos los reveló Andrea Centeno Rodríguez, presidenta ejecutiva de la institución, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa este 26 de junio. También, hay que agregar que en 2013, durante la administración Chinchilla Miranda (200-2014), se reportó un déficit de ¢360 millones.

Con el inicio de operaciones de la TCM en febrero de 2019, aunado a la histórica inacción para modernizar la institución, Japdeva pasó a vivir su realidad más sombría. Pasó de tener ingresos por ¢3.700 millones en enero de 2019, a proyectar ¢700 millones a junio de este mismo año. Unos ¢3.000 millones menos en cuestión de 5 meses.

Lo poco que entra obedece al movimiento de carga a mixta y convencional. Lo peor es que los gastos mensuales de la entidad superan los ¢3.400 millones (¢2.500 millones por salarios y el resto en rubros operativos) con déficit de ¢2.700 millones.

"Tienen que revisarse los procesos que está realizando la institución, el tipo de negocio, la cantidad de gente que necesita para ese tipo de modelos de negocios. Los procesos que corre, el uso del recurso y de los fondos".

"Estamos corrigiendo contra realidades por la falta de definición. Respetamos esos procesos, pero a hoy lo responsable de hacer, por lo menos desde mi integración, es decir que esta es la realidad", expresó Centeno, quien cifra su esperanza en un proyecto de ley que procura "salvar" a Japdeva mediante la disminución de personal. 

Más cuestionamientos

McKinley también está bajo la lupa de los legisladores, pues durante su gestión por destinar más de ¢15 mil millones en 2017 –orientados para la liquidación de 900 trabajadores- a la compra de 2 grúas y otros equipos portuarios.

Hoy, bajo las condiciones actuales, ese dinero urge para reducir la planilla institucional mediante un programa de movilidad y así bajar los costos operativos que permitan encaminarse hacia un nuevo modelo de negocio. La idea contemplada en el proyecto de ley que la institución funcione con 400 empleados (actualmente son 1.186).

De igual forma, la gestión de McKinley conocía de la inacción para formular un plan para modernizar la institución ante la entrada de la TCM. Al punto que en setiembre de 2017, el departamento de Auditoría Interna alertó al Consejo de Administración sobre la inexistencia de información para ejecutar un plan de reestructuración ante la entrada en operación de APM Terminals.

Ottón Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), entre 2014 y 2018, confirmó a CRHoy.com que en su momento alertó al expresidente Solís sobre la necesidad de acelerar decisiones para modernizar la institución.

"Desde noviembre de 2015 escribí al presidente (Luis Guillermo) Solís sobre el tema de los fondos. Al no haber respuesta publiqué un artículo de opinión en febrero de 2015", indicó el exlegislador, quien advirtió la necesidad de un plan financiero-operativo para evitar un escenario negativo.

Para la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, la situación de Japdeva se puede entender como una "quiebra" en términos prácticos y apuntó una urgencia en trasladar ¢23 mil millones como parte de un presupuesto extraordinario para que la entidad se mantenga a flote, mientras se aprueba el proyecto de ley de reestructuración.

CRHoy.com intentó conversar con McKinley en abril anterior sobre el tema, pero refirió a consultar las actas de junta directiva de los años en que estuvo en la institución. Este 27 de junio, de nuevo, se le extendió la consulta pero no hubo respuesta.

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