El fin de la refinería china: Soresco pasó años devorando millones sin hacer nada

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(CRHoy.com). Más de 6 años con el proyecto frenado no evitaron que la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (S.A), destinada a modernizar la refinería de Moín, empleara una planilla de aproximadamente 10 personas, con un costo de $349 mil anuales en salarios (más de 200 millones de colones) y con disposición de presupuestos millonarios para gastos.

Esa empresa conjunta, creada en partes iguales entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía China de Petróleo Internacional (CNPCI, por sus siglas en inglés), recibió $50 millones de aportes estatales. Sin embargo, desde 2013, por disposición de la Contraloría General de la República (CGR), la obra se frenó sin punto de retorno luego que se detectaran anomalías en el estudio de factibilidad del proyecto.

Las partes nunca se pusieron de acuerdo para realizar un nuevo estudio de factibilidad que permitiera continuar con el plan. Tanto así que en abril de 2016 el gobierno costarricense (máximo accionista de Soresco) anunció la intención de separarse de la empresa conjunta. Pero, acto seguido, los representantes chinos decidieron elevar el caso a un arbitraje internacional que se dilucidó finalmente en la Cámara de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).

A estos tropiezos se le suman los allanamientos y operativos realizados por el Ministerio Público en noviembre de 2018 como parte de una investigación por el presunto desvío de $70 millones destinados al proyecto. Hay 9 personas imputadas: 6 sujetas al proceso penal sin medidas cautelares y 3 que no han sido ubicadas (la Fiscalía coordinó con Interpol para ubicarlas).

El que podría ser el último capítulo de este gris antecedente para las inversiones del Estado costarricense llegó este 28 de octubre directamente desde la LCIA en Londres. El tribunal internacional emitió un fallo que autorizó la disolución de Soresco junto con otros puntos: que cada parte asuma el 50% del costo del arbitraje ($440 mil), se finaliza el acuerdo de empresa conjunta y se rechaza cualquier reclamo indemnizatorio de las partes.

"En materia de arbitraje internacional el tribunal arbitral tiene competencia para ordenar a las partes mantener confidencialidad de ciertos aspectos. Si las partes desacatan esta orden, pueden ser sujeto de otro proceso arbitral o, incluso, de pretensiones indemnizatorias de la contraparte si demuestra que esa revelación le genera daños o perjuicios", detalló María Fernanda Roldán, abogada del departamento jurídico de Recope, quien indicó que no podrán referirse a las pretensiones económicas de los involucrados o a aspectos del proceso.

Millones gastados, millones en cuentas

Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la refinadora y quien en el pasado fungió como tesorero de la junta directiva de Soresco, explicó que de los $100 millones aportados por ambas partes para el capital social del proyecto aún quedan disponibles en cuentas $36.2 millones.

"Nos deja a Recope la experiencia de que eventualmente las relaciones de cooperación entre empresas públicas de países amigos deben establecerse en términos en los que la flexibilidad en la toma de decisiones sean una característica de estos acuerdos. Este negocio, desde que nació, nació demasiado amarrado a ciertas situaciones. Y, si había un conflicto, como lo hubo, era imposible tomar decisiones porque se necesitaba el acuerdo de la totalidad de las partes para que algo sucediera. Si había una sola persona que no estaba de acuerdo con algo, era imposible", expuso Muñoz.

¿Qué hacía Soresco?

En el papel, la empresa conjunta siguió funcionando pese a que el proyecto se frenó en 2013. Pero, en la práctica no realizaba nada.

Incluso, tras los allanamientos y detenciones de noviembre de 2018, Soresco continuó vigente con alrededor de 8 funcionarios en planilla.

"No tenían ninguna función, porque el propósito para el cual fue creada (modernización de la refinería) no se estaba llevando a cabo. Al no haber ningún proyecto de ingeniería, sobre todo en este gobierno que se toma la decisión de transitar hacia energías alternativas, con el papel de Recope, por supuesto que no tenía ninguna justificación continuar con la formación de una empresa que no hace nada", apuntó el presidente ejecutivo.

Para dejar en firme la disolución de la sociedad, las partes deben convocar a una asamblea de accionistas donde se tome un acuerdo de disolución. En ese proceso se nombrará un liquidador, quien se encargará de culminar operaciones sociales, créditos, pagos de deudas, entre otros.

"Si bien tenemos $36 millones en cuentas, también Soresco tiene una serie de activos que el liquidador va a tener que valorar para proponer un acuerdo de liquidación que también tendrá que ser aprobado por los socios. Entramos en una fase de culminación. Una vez aprobado ese informe final por los socios, Soresco deja de existir", indicó la abogada Roldán.

El remanente del dinero que está en cuentas fue invertido en entidades financieras y, al ser una cantidad elevada, ha generado intereses por hasta $3 millones. "La empresa ya dejó de consumir el capital inicial y ahora los gastos se cubren en los intereses de esas reinversiones. Se ha ido recuperando parte del capital que se tuvo. Obviamente hubo una pérdida, pero el costo anual de servicios de personal", explicó Muñoz.

Entre los bienes de Soresco figuran una buseta, unas "pequeñas" oficinas en Limón y varios muebles.

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La idea de modernizar la refinería, con un ambicioso proyecto proyectado en un total de $1.500 millones, nació en 2008 durante la la administración de Óscar Arias (2006-2010).

Luego, se intentó desarrollar con Laura Chinchilla (2010-2014), quien siempre lo defendió a pesar de las críticas y el freno del ente contralor.

De 2014 a 2016 se mantuvo el plan en la primera mitad del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien lo retomó.El exmandatario, junto con los entonces jerarcas de Recope y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), viajó a China donde buscaron renegociar la iniciativa, frenada por una orden de la Contraloría General de la República (CGR) desde 2013.

Abril de 2016: ante la falta de acuerdos con la contraparte china, la refinadora anunció que se separaría de Soresco. Tras largos "estiras y encoges" las discrepancias quedaron por dilucidarse en el arbitraje internacional.

28 de octubre de 2019: Cámara de Arbitraje Internacional de Londres, Inglaterra, emitió un fallo en el que ordenó la disolución de Soresco sin el cobro de indemnizaciones para las partes. [/accordionx][/accordionset]