Electricidad de privados significó al ICE gasto adicional de ₡25 mil millones en 2018

Comprar energía eléctrica a los generadores privados, le significó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) un aumento en sus gastos de cerca de ₡25 mil millones el año anterior.

Se trata de electricidad que le resulta más costosa que si la genera por cuenta propia, pero que por ley está obligado a comprarla.

El agravante es que se trataría de energía que el ICE "no necesita", pues la capacidad instalada alcanzaría para cubrirla por su cuenta a un menor precio.

Estas revelaciones las hizo la auditora interna de la entidad, Sofía Machuca, al contabilizar que en los estados financieros del 2018 – aún no publicados por la entidad- vendrá con un aumento en el gasto por compras de energía eléctrica de al menos ₡25 mil millones.

A niveles financieros, el estado de resultados de 2018 presenta casi ₡25 mil millones en compra de energía a generadores privados, energía que no necesita… ₡25 mil millones es el aumento con relación al año pasado, la compra total evidentemente es mayor… es energía que no necesita sumándole toda la complejidad que tiene, como la alta variabilidad. Eso tiene un efecto (en las finanzas del Instituto), puntualizó Machuca.

Cifras de los estados financieros del ICE correspondientes a 2017 muestran que el ICE pagó ese año un total de ₡126.586 millones a generadores privados, incluyendo proyectos hidroeléctricos y eólicos. En 2016 el monto había sido de ₡124.133 millones.

Irene Cañas, presidenta ejecutiva de la entidad, había indicado el 8 de noviembre del año anterior ante la Comisión de Ambiente del Congreso que para el 2018 iban a cerrar con cerca de un 34% de la energía eléctrica producida por fuentes privadas, cuando en 2013, era de alrededor de un 12%.

"En este momento, sí o sí hay que comprarle a generadores privados, aunque tengamos energía más barata de parte del ICE… En este año hemos tenido que dejar de generar con geotermia, proyectos de geotermia que son, la verdad, muy beneficiosos para el país", apuntó entonces.

Este modelo de negocios surgió en la década de los noventa cuando era común que el ICE requiriera el apoyo de privados para hacer frente a la creciente demanda eléctrica. Se originaron dos tipos de negocios, uno de ellos a través del sistema "BOO" (construir, ser dueño y operar, por sus siglas en inglés) y "BOT" (construir, operar y transferir, por sus siglas en inglés). Esto permitía que los operadores fuesen los responsables de financiar, diseñar, construir y poner en marcha los proyectos a cambio de lo cual el ICE aseguraba la compra eléctrica por un periodo determinado de tiempo, luego del cual la planta era transferida al Estado.

La mayoría de estos contratos vencieron 15 años después, por lo que a partir de 2009 se procedió a su renovación. En el proceso se han entregado nuevas concesiones, con lo que en la actualidad existen contratos vigentes con 28 empresas, de las cuales ocho son eólicas, 2 ingenios (biomasa) y 18 hidroeléctricos.

El segmento que más disputas políticas genera es precisamente el de los hidroeléctricos, ya que los dos primeros casos son considerados energías más limpias y en un ámbito todavía muy poco explotado por el Estado.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio que propuso investigar cómo estos costos energéticos afectan al ICE, calculó que la diferencia de costos de comprar esta energía hidroeléctrica a privados, significó en 2017 un sobreprecio de cerca de ₡20 por kilovatio hora (Kw/h)para el Instituto.

Así, mientras el ICE gastó en promedio ₡33,64 por Kw/h, al mismo tiempo tuvo que pagar a los cogeneradores ₡55,47 por KW/h.

Otro de los cuestionamientos que existe sobre el tema a nivel político es que el pago a los generadores privados supuestamente no fue reconocido por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el cálculo de las tarifas en 2018.

Esto implica dejar el peso de la situación en las finanzas del ICE sin que la entidad pueda trasladarla a los consumidores.

Los diputados estuvieron de acuerdo en llamar al regulador Roberto Jiménez a una audiencia para que explique los razonamientos de la Aresep.

El ICE es actualmente sujeto de escrutinio a nivel político debido a una debilidad que la aqueja en sus finanzas y que de acuerdo con la auditora y la contralora general Marta Acosta, la ponen en un situación de riesgo para mantenerse sostenible en el futuro.