Empate en el plenario legislativo deja en suspenso reforma sobre beneficios carcelarios
El plenario legislativo dejó en suspenso un proyecto de ley que pretendía reducir los beneficios carcelarios para las personas sentenciadas por delitos ligados al narcotráfico y actividades ilícitas conexas, entre ellos el beneficio que permite contabilizar el año carcelario en diez meses y no en doce.
Este lunes, durante la votación en su trámite de primer debate, la propuesta obtuvo 20 votos a favor y 20 en contra en las dos rondas de votación. El Reglamento Legislativo establece que, cuando se produce un empate tras una segunda votación, el proyecto de ley debe archivarse de manera automática.
Sin embargo, tras la segunda votación, el diputado Carlos Felipe García, del PUSC, quien presidía la sesión, optó por solicitar un criterio al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para determinar si es procedente la discusión y votación de una moción de revisión que permita volver a someter la propuesta a votación. La respuesta de Servicios Técnicos se conocería este martes 24 de febrero.
Actualmente, un privado de libertad que trabaje, estudie o participe en actividades culturales o deportivas mientras cumple su condena puede purgar un año de cárcel en diez meses. Esta rebaja está regulada en el artículo 55 del Código Penal, de acuerdo con una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 1994. Se trata del beneficio conocido como "dos por uno", es decir, por cada dos días de trabajo se descuenta uno de la pena.
El proyecto de ley, presentado por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), buscaba eliminar esta posibilidad para los delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, la iniciativa planteaba eliminar las medidas alternas a la prisión para las personas imputadas, dejando como única opción el procedimiento abreviado.
También se proponía aumentar en un tercio los plazos de investigación de las causas penales con respecto a los vigentes actualmente.
El texto establecía, además, que las personas condenadas no podrían acceder a beneficios carcelarios fuera del régimen institucional y que la pena no sería reducida.
En la siguiente gráfica se muestra el resultado de la votación.
