Empleados exigen a Junta Directiva del BCR investigar los cabos sueltos del cementazo

Los empleados afiliados al sindicato del Banco de Costa Rica UNEBANCO, enviaron una solicitud a la Junta Directiva de la entidad para que se abra un procedimiento administrativo contra el auditor general, José Manuel Rodríguez Guzmán.

Los empleados consideran inaceptables las inconsistencias que mostraron los informes elaborados por la auditoría sobre el crédito otorgado a la empresa Sinocem de Costa Rica, del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas.

Rodríguez Guzmán entregó avances de la investigación durante 2016 y 2017 a la anterior Junta Directiva y en dichos "avances" garantizaba que todo lo relacionado al cuestionado crédito estaba en regla. Incluso, en noviembre del 2017, bajo juramento dijo a los diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos que los informes no daban evidencia de ninguna irregularidad.

Un mes después, en diciembre del 2017, Rodríguez entregó un informe final donde revelaba al menos 19 irregularidades en el crédito y las atribuía a 13 funcionarios bancarios, tal y como lo dio a conocer CRHoy.com.

El sindicato de empleados además advierte que pedirán información a la Contraloría General de la República sobre la investigación que realizó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con respecto al funcionario y cuestiona los procesos administrativos que abrió el BCR en contra de empleados de menor rango, cuando algunos jefes quedaron sin ningún castigo.

La nueva Junta Directiva del BCR guarda silencio tras nombrar en febrero anterior a Douglas Soto Leitón como gerente general de la entidad. Soto fue el gerente a cargo de supervisar los seguros que respaldaban el crédito de Bolaños. Dicha garantía ahora no se puede cobrar porque una jueza determinó que había errores en el documento que no lo hacen ejecutable.

CRHoy.com ha solicitado desde febrero anterior entrevistas con Soto y la Junta Directiva, sin embargo el BCR se ha negado a las entrevistas presenciales y condiciona el espacio únicamente al envío de preguntas por correo electrónico, método de reporteo que este medio no acepta.

Los empleados del Banco consideran que la Junta Directiva no debe permitir que se repita lo sucedido con el cementazo, sin embargo señalan que muchos de los culpables aún continúan en puestos claves en la entidad.

"Es risible"

"Risible", así califica Roger Muñoz, secretario general de UNEBANCO, la labor de la auditoría interna de la entidad. Esto tras conocer el último informe elaborado por el auditor general, donde se señalan 19 irregularidades en el crédito del cemento chino.

"Desde el punto de vista de nuestro sindicato, nos parece risible que la auditoría se esté rasgando las vestiduras solicitando procedimientos administrativos para varios empleados  y resulta que el auditor general en su momento fue un defensor de ese crédito, de acuerdo a lo que uno logra ver en actas y en la misma comisión investigadora de la Asamblea Legislativa", explicó Muñoz a este medio.

El primero de los dos informes previos fue emitido el 18 de noviembre del 2016. En esa ocasión, dos  ejecutivas de cuenta, Adriana Castro y Bettina Bravo alertaron al auditor antes de redactar el documento sobre riesgos en el crédito relacionados a la posibilidad de no poder cobrar el seguro de caución. Así trascendió en la comparecencia del funcionario ante los diputados de la Asamblea Legislativa, el 9 de noviembre del 2017.

Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta por Rodríguez en el escueto informe de una página que presentó en 2016 en el que en un párrafo afirma la inexistencia de irregularidades el crédito de Juan Carlos Bolaños.

"Finalmente le informamos de que la revisión y el seguimiento que se efectúa a ese cliente (Sinocem), a la fecha no hemos detectado ni tenido conocimiento de algún aspecto o irregularidad que afecte de manera ilegal  la estabilidad financiera del banco", se lee en el documento.

Dicho documento fue clave para que el Ministerio Público -bajo el mando de Jorge Chavarría Guzmán- desestimara la denuncia  por un presunto tráfico de influencias en contra de los exlegisladores Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Posteriormente la causa fue reabierta por la Fiscala General, Emilia Navas.

El segundo de los documentos fue presentado por Rodríguez en noviembre 2017 ante los diputados. En esa oportunidad el auditor reportó algunas anomalías en el crédito sin detallarlas, a pesar de las consultas de los exlegisladores que integraban en ese comento la comisión. Lo único que se dio a conocer fue que se trataba de irregularidades en desembolsos, motivo suficiente para cerrar el financiamiento, sin embargoeso no sucedió.

El tercer informe

El auditor que afirmó en dos oportunidades que no había irregularidades en el crédito para importar cemento chino fue el mismo que redactó -por directriz de la Contraloría General de la República (CGR)- un documento que señala 19 irregularidades en el cuestionado préstamo. Dicho documento fue entregado a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) el pasado 22 de diciembre del 2017.

El informe no solo señala las inconsistencias, sino que también pide abrir procedimientos administrativos y penales en contra de una larga lista de funcionarios del banco, y alerta a la Junta Directiva de la entidad sobre los procesos de prescripción y medidas correctivas que deberían aplicarse 30 días después de la entrega.

Con las irregularidades mencionadas, ningún cliente del sistema bancario hubiera podido acceder a ningún tipo de crédito, esto debido a que se incumple con las requisitos señalados por la entidad así como también con los controles del la Superintendencia de  Entidades Financieras (Sugef).

Douglas Soto

El actual gerente del BCR estaría ligado a este último informe, ya que se mencionan irregularidades en las pólizas y seguros del crédito. En el momento en que ese préstamo se aprobó y cuando se le dio el seguro, el actual jerarca de la institución era el gerente de la corredora de seguros del BCR. Incluso, Soto, aprobó el préstamo a Juan Carlos Bolaños a pesar de que el criterio técnico decía lo contrario.

Inicialmente Soto recomendó prestar a Bolaños solo $2 millones. "Hay un correo mío donde le digo a Luis Javier que me parecía que solo se podía llegar $2 millones, el patrimonio de Océanica era de $4 millones y me parecía razonable al menos darle la mitad, era un negocio nuevo y era mejor ir viendo como avanzaba… yo recomendé que el crédito no fuera por encima de $2 millones", afirmó Soto ante el Ministerio Público.

En el 2015, el gerente cambió de parecer y -sin criterio técnico alguno y por recomendación de Mario Barrenechea, exgerente del banco-, Soto sugirió cambiar el reglamento de seguros del banco, para que así la entidad pudiera recibir una garantía de póliza de caución  con reaseguro en el extranjero, así consta en en una declaración ante los fiscales del Ministerio Público el 10 de octubre del 2018, documento del que CRHoy.com tiene copia.

En contra de Soto pesa una denuncia ante el Ministerio Público por participar en el aval que la entidad realizó en el préstamo para Sinocem, dicha denuncia fue interpuesta por empleados del BCR de manera anónima el pasado 31 de enero.

Denuncia en la Contraloría

UNEBANCO solicitó a la junta directiva del BCR abrir un procedimiento administrativo en contra del auditor Juan Manuel Rodríguez debido a un proceso que se investiga la Contraloría en contra de la auditoría del banco. El departamento de prensa de CGR indicó a este medio que sí existe una denuncia que ingresó el año pasado en contra de la auditoría del BCR y que actualmente se encuentran analizando las valoraciones hechas por la Sugef con respecto al caso. Los detalles de la causa de la investigación no trascendieron debido a que se trata de una denuncia que -por normativa- es confidencial.

"Nos parece que falta gente dentro de toda esta investigación y queremos saber quién va a pedir la apertura de un proceso administrativo en contra de la auditoría del BCR. La información que ustedes (CRHoy.com) dieron fue la que sirvió de base para abrir la investigación y eso es lamentable en un ente colegiado como lo es la auditoría, que su función es ser previsora", expresó Roger Muñoz.

Muñoz comentó vía telefónica que la preocupación surge debido a que en el banco todo gira en torno a lo que diga la auditoría y para él, en lo personal, todo se está manejando a conveniencia y "se están lavando las manos con la sangre de los demás".