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Empresa relacionada con investigación en Guatemala ganó licitación 5G en Costa Rica

Caso estalló en junio en Guatemala y licitación quedo en firme en Costa Rica en julio.

Por Carlos Castro | 21 de Nov. 2023 | 1:01 pm

La Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala tiene bajo la lupa a 8 magistrados del Tribunal Electoral por el presunto manejo irregular que se le dio al sistema que aportó la compañía Datasys, encargado del sistema de conteo de votos durante las elecciones. Esta empresa es precisamente la que el Gobierno de Costa Rica adjudicó para el desarrollo de las redes 5G.

La compañía no forma parte de los objetivos de la Fiscalía de Guatemala, pero la entidad le achaca a los funcionarios un presunto delito de abuso de autoridad al haber suscrito el contrato administrativo con Datasys, del programa informático para la trasmisión de resultados electorales.

"(…) como al momento de la suscripción del contrato, que permitió la consignación de varias ilegalidades en claro abuso de autoridad, puesto que se permitió la no supervisión independiente del software, al consignar en el contrato que la misma entidad DATASYS, S.A; como proveedor recomendó a la entidad PODERNET, siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos", señalaron.

Pero además se les investiga por incumplimiento de deberes, debido a que -supuestamente- no fueron diligentes a la hora de supervisar la labor de la empresa contratada para el proceso electoral.

"(…) posterior a la suscripción del contrato administrativo antes mencionado con la entidad DATASYS GUATEMALA S.A. no hubo una supervisión del software por parte del Tribunal Supremo Electoral, sino que la misma entidad DATASYS GUATEMALA S.A; es decir, el proveedor, fue quien recomendó a la entidad PODERNET, para la misma, lo cual es ilegal porque existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda.

El Tribunal Supremo Electoral omitió el control de la sumatoria y la trasmisión de los datos, puesto que la misma se hizo a través del proveedor extranjero de origen mexicano PODERNET, el cual no estaba supervisado, por lo que los Magistrados del TSE posiblemente omitieron realizar una función propia de su cargo", menciona un documento emitidio por el órgano judicial chapín.

Finalmente, le endosa a los magistrados una posible comisión de fraude debido a que los investigados autorizaron la adjudicación del contrato administrativo con la entidad Datasys Guatemala S.A.

"Datasys al momento de presentar su oferta, lo realizó por la cantidad de Q148,850,250.00 ($19 millones), mientras que la otra entidad ofertó por la cantidad de Q113,957,424.00 ($14,5 millones), siendo menor el precio, por una diferencia de Q.34,892,826.00 ($4,4 millones), e incluyendo hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que los señores Magistrados, posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado del software adquirido el cual debió incluir dentro del contrato el hardware operativo", reveló el MP.

Hasta ahora figuran como imputados los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, y Mynor Custodio Franco Flores, así como de los Magistrados Suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

A ellos se les sigue una causa por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

CRHoy.com consultó al Ministerio Público (MP) de Guatemala sobre el curso de este caso y revelaron que efectivamente el caso sigue abierto.

"Sí, la Fiscalía de Delitos Administrativos tiene una investigación al respecto", indicaron en la oficina de prensa del órgano acusador.

Esta denuncia se hizo pública en suelo chapín desde junio, al mismo tiempo que en Costa Rica se adjudicó un contrato con la empresa por la suma de $2.775.052,0338 para la administración de las redes 5G.

Así se indica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), sobre el procedimiento especial 2023XE-000003-0000800001.

Dicha adjudicación adquirió firmeza tras la resolución de recursos de objeción al cartel. De esta manera, la compañía finlandesa Nokia será la encargada de implementar redes empresariales privadas móviles de quinta generación, en el concurso realizado por Radiográfica Costarricense (Racsa).

Racsa fue el encargado de recomendar la adjudicación de este proceso especial al Consorcio Datasys Group – Vinet (representante de Nokia), conformado por la empresa Datasys Group.

El Ministerio Público confirmó a este medio que la solicitud de investigación ingresó el 29 de junio pasado, directamente contra los magistrados del TSE, así como del Departamento Informático de la misma entidad, por posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023.

Datasys: "se respetaron los debidos procesos"

Sobre la investigación en Guatemala, Datasys Group, confirmó a CRHoy.com, por medio de su gerencia, que ellos participaron en ese proyecto electoral como "resultado de un proceso de selección que cumplió con los debidos procesos de contratación administrativa en Guatemala".

Ante consulta de este medio indicaron que en el proceso de licitación de las redes 5G en Costa Rica, Datasys Group cumplió con los requisitos establecidos por Racsa que fungió como oferente en el proceso.

"Ambos procesos, el de elecciones en Guatemala y la licitación en Costa Rica, se llevaron a cabo respetando los debidos procesos, y fueron adjudicados y ejecutados con éxito. 

Nuestra compañía está comprometida con la transparencia y la legalidad en todas nuestras operaciones", respondió la gerencia general del grupo.

Por su parte, Racsa respondió hasta este martes que desconocían sobre la investigación en Guatemala y que en la adjudicación se apegaron a todos los procesos legales.

  • Nota del editor: La información se actualizó a la 1:59 pm del martes 21 de noviembre, luego de que se recibieran las respuestas de la empresa Racsa.
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