Empresario ligado a clínica estética compró millonario monto en bonos de campaña de Laura Fernández

Un empresario de servicios y dispositivos médicos identificado como Alejandro Vargas Fuentes adquirió 30 certificados de cesión por ₡1 millón cada uno, según el reporte entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por parte del Partido Pueblo Soberano (PPSO) con corte al 30 de noviembre.

Dicho documento indica que el PPSO reportó la emisión de bonos tipo A por un monto de ₡455 millones, entre el 3 y el 27 de noviembre anterior. El empresario Vargas Fuentes compró los certificados el 4 de noviembre, según el reporte enviado al TSE.

El financista está vinculado a la empresa MedAesthetics, mayorista de productos farmacéuticos e insumos para cirugía plástica. Su esposa, es la propietaria de una reconocida clínica estética. CR Hoy conversó con Vargas quien aseguró que decidió invertir sus ahorros pues vio la oportunidad de un negocio.

"Mi esposa y yo somos empresarios y nos dedicamos a la parte médica. Mi esposa es médico y tenemos una empresita también de importación y distribución de dispositivos médicos y medicamentos, y hace poquito empezamos una empresa de desarrollo de software enfocado a la parte médica. Entonces, siempre hemos estado en los últimos 15 o 20 años muy involucrados en ese tema.

Hemos intentado hacer otros emprendimientos, pero no han salido. Entonces, nuestro enfoque y lo que ha perdurado a lo largo del tiempo han sido esas dos principales, la parte médica a nivel de servicios médicos y la parte de de importación y de venta. Somos gente normal, empresarios, pulseadores, nada más", dijo el empresario tras ser consultado por este medio.

Los principales compradores de bonos, según el reporte, son dos hermanos nacionalizados costarricenses, dueños de una empresa dedicada al envío de remesas, compraron el 32% de los bonos de cesión de deuda, serie A, emitidos por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la candidata del chavismo, Laura Fernández Delgado.

Se trata de Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, de 44 y 38 años, respectivamente, quienes, según el último reporte financiero presentado por la agrupación política ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), figuran como los mayores adquirentes de esos certificados.

El documento al que tuvo acceso CR Hoy confirma que los hermanos compraron 143 bonos con un valor de ₡1 millón y dos más por ₡941.176, anotados como compra parcial, uno cada uno. En total, adquirieron bonos por ₡144.882.352.

Sin embargo, el partido con el que Fernández Delgado pretende llegar al poder se los vendió por ₡123.150.000, al aplicar un descuento del 15% en cada uno de los certificados adquiridos.

Stephan Roberto se dejó un total de 73 bonos de cesión de deuda y a su hermano Yann Eduardo se le acreditaron 72. CR Hoy envió una serie de consultas a los hermanos Turcios Stiegler sobre sus inversiones y negocios, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.

El segundo mayor comprador de esta figura de financiamiento está identificado como Mauricio Wong Mayorga, quien adquirió 36 bonos de ₡1 millón cada uno.

"No hay nada extraño", asegura empresario

El empresario Alejandro Vargas Fuentes dijo a CR Hoy que la inversión fue transparente, siguiendo todos los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"Las autoridades tienen la obligación, si ellos consideran que deben revisar la inversión porque yo no hice una donación, yo compré unos certificados que espero si todo sale bien y, según las encuestas que he visto, puede ser que sea así y la inversión de sus frutos, nada más. Es el único interés que tengo en este momento. Es muy importante, yo sí quiero ser muy muy transparente con usted. Yo soy un empresario, honrado, trabajador, tengo 25 años de ser empresario, he tenido buenos momentos, malos momentos, esto lo vi como una oportunidad de invertir unos ahorros, nada más, no hay absolutamente nada extraño", agregó Vargas.

Según una búsqueda realizada por este medio en el Registro Nacional, el empresario forma parte de 10 sociedades de responsabilidad limitada vinculadas no sólo a los servicios y suministros de dispositivos médicos, también al campo inmobiliario. Además, figura como gerente en la sociedad Costa Rica Cannabis Company.

Tal como lo dio a conocer CR Hoy el pasado 24 de diciembre, el TSE notificó al PPSO una prevención por no presentar el reporte de las personas, medios de comunicación o entidades bancarias que figuran en la colocación de ₡453 millones en certificados de cesión correspondientes a los meses de octubre y noviembre. Esa información debía entregarse a más tardar el 15 de diciembre anterior. El reporte fue enviado este miércoles por la noche, dentro del plazo de 10 días que establecía la prevención.

Según el TSE, el certificado de cesión es un instrumento de financiamiento anticipado, con un valor nominal determinado, mediante el cual una organización política inscrita a escala nacional o provincial puede ceder, parcial o totalmente, los montos que eventualmente le correspondan por concepto de contribución estatal. Su reconocimiento depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido cedente, por lo que no constituye un derecho puro y simple, sino un derecho eventual.

Estos certificados solo pueden colocarse a personas físicas, nacionales, medios de comunicación colectiva e instituciones bancarias, como instrumento de garantía. Posteriormente, y tras la revisión de las liquidaciones de gastos, los tenedores pueden aspirar a su canje por bonos del Estado o al reconocimiento en dinero ante el Ministerio de Hacienda.

Sobre la figura de los certificados de cesión, el TSE ha explicado que "podrían existir situaciones extremas en las que se encubran donaciones con la compra de certificados de cesión, las cuales deberán ser examinadas en cada caso concreto, en las que deberá verificarse el ánimo de actuar en fraude de ley -dolo- y la deliberada intención de evadir los controles y las prohibiciones aplicables a las contribuciones privadas".

En caso de acreditarse una donación encubierta por parte de una persona jurídica nacional, dice el TSE, ésta sería irregular y deberá aplicarse el régimen sancionatorio que brinda fundamento a la prohibición legal de donación de personas jurídicas nacionales a los partidos políticos que establece el artículo 128 del Código Electoral.