Empresarios buscan acuerdo para evitar juicio en caso de la trocha

(CRHoy.com)- Un grupo de 6 imputados en el caso de la trocha fronteriza propuso un acuerdo de conciliación con el Ministerio Público para evitar un eventual juicio.

Se trataría de empresarios acusados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

En total, la acusación involucra a 26 imputados y a 51 demandados civiles (entre compañías constructoras e imputados).

Rafael Gairaud, abogado de un empresario imputado y 2 empresas (cuyos nombres no reveló), confirmó que existen varias propuestas de solución alterna para que algunos de los imputados arreglen y eviten ir a juicio. Incluso, confirmó que uno de sus representados pretende esta salida.

Así las cosas, el Ministerio Público y la Procuraduría se tomarán alrededor de 10 días con el objetivo de evaluar las propuestas planteadas sobre la mesa y tomar una decisión.

“Las soluciones alternativas son procedimientos a través de los cuales los imputados le dan una solución al proceso en su contra, distinto al debate. No participarían en el debate y obtendrían una solución distinta al juicio”, comentó el abogado.

La audiencia preliminar que estaba programada para iniciar este lunes no comenzó debido a esta situación. Ahora, se estima que se tomará una decisión sobre los posibles acuerdos a más tardar el jueves de la próxima semana.

“Esta solicitud debe ser conocida por 3 instituciones: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, acotó Gairaud.

Paola Madriz, representante de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), explicó que valorarán las propuestas de salidas alternas analizando cada caso en particular y verificando si cumple con las pretensiones en beneficio del Estado.

“Los imputados que se acercaron son alrededor de 6. Hay más demandados civiles. Se acercaron algunos y se va a proceder a valorar la situación”, agregó la funcionaria, quien no reveló identidades de los involucrados.

Por su parte, José Miguel Villalobos, abogado de 5 acusados, aseguró que ninguno de sus representados se someterá a la posibilidad de acuerdo, pues conoce que la “fiscalía tiene interés en someterlos a juicio y procurar una alta pena de prisión”.

El penalista lidera la defensa de Miguel Ramírez y Manuel Serrano, ambos exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) con labores trascendentales en el proyecto.

Además, representa a los empresarios Giovanni Barallis, Alexander Mesén y a la esposa de este último.

“Como estimamos que no existe ningún delito, preferimos no aceptar ninguna negociación para mis representados. En el caso específico de mis clientes no aceptamos ningún arreglo”, expuso el penalista.

El caso

La FAPTA investigó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales.

En la lista de 26 imputados hay funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.

La trocha, conocida oficialmente como ruta nacional 1856, fue desarrollada desde 2010 por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda mediante un decreto de emergencia nacional ante la disputa fronteriza con Nicaragua. La vía nunca se concluyó en su totalidad y dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.

Para concluir la obra, el gobierno de Chinchilla estimó necesarios unos $100 millones. Luego, la administración Solís Rivera (2014-2018) intentó fallidamente continuar, pero topó con que no existían recursos suficientes. Finalmente, el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) descartó de manera casi automática cualquier posibilidad de dar vida a la ruta.

Según la acusación planteada por la fiscalía, 3 funcionarios del Conavi -entre ellos el exdirector apellidos Acosta Monge- habrían establecido un plan delictivo junto con varios empresarios de construcción para apropiarse de fondos públicos destinados a la obra.

Aparentemente, los funcionarios de Conavi y los empresarios formaron un contubernio para que los segundos presentaran documentación falsa y cobraran por trabajos no realizados. El aval era dado por los empleados estatales.

Los delitos se consumaban cuando la maquinaria trabajaba en una zona determinada para una empresa, mientras otra compañía distinta era la que cobraba por los supuestos trabajos hechos con esa misma maquinaria.

En otros casos, una empresa presentaba la misma maquinaria trabajando en 2 lugares distintos y en una misma hora. En algunos más, se presentó un cobro de alquiler de maquinaria que no existió. Todo esto amparado a declaraciones aduaneras falsas.

De igual forma, se cobró por el alquiler de maquinaria que no fue nacionalizada. Es decir que estaba fuera del país al momento de los trabajos. “Se hicieron cobros por maquinaria que nunca trabajó o por tarifas mayores a las establecidas”, señaló la acusación planteada en enero de 2017.