Empresas cuestionadas por casos de corrupción quedan fuera de contratos de mantenimiento vial
Compañías imputadas en investigaciones no podrán participar en contrataciones directas temporales
Las dificultades presupuestarias para ejecutar estas labores se agravaron tras el caso "Cochinilla". Archivo CRH
(CRHoy.com). El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) excluirá a las empresas imputadas en posibles casos de corrupción, como el caso "Cochinilla", del listado de potenciales oferentes para asumir contrataciones directas enfocadas en mantenimiento y conservación de rutas nacionales.
La disposición se toma tras el estallido de la investigación penal que involucra a compañías constructoras con el presunto pago de dádivas y sobornos a funcionarios, con tal de obtener beneficios ilícitos en la ejecución.
Tras 9 meses sin contratos activos para mantenimiento en la red vial nacional, el Conavi publicó en días recientes en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) las primeras contrataciones dirigidas a retomar la chapea y la limpieza de basura en carreteras. Se licitarán contratos para las 22 áreas de trabajo que cubren el país, con montos aproximados a los ₡152 millones y plazos de ejecución de 6 meses.
Según el cartel de requerimientos estipulado por el Conavi para las 4 primeras contrataciones, solo serán elegibles "aquellas ofertas que provengan de una empresa jurídica o física que no enfrente imputaciones formales en un proceso judicial en el que se investigan supuestos actos de corrupción en la ejecución de contratos de obra pública, que contemplen actividades de mantenimiento rutinario y periódico de conservación vial en la red vial (nacional y cantonal), sea esta con superficie pavimentada, en lastre o tierra".
Esta medida podría excluir a las 2 principales empresas dedicadas en los últimos años a este tipo de intervenciones: H. Solís y Constructora MECO S.A. Ambas, con representantes investigados e imputados en el caso "Cochinilla".
"Dicho requisito de elegibilidad, le es también aplicable a eventuales subcontratistas ofrecidos dentro de la oferta presentada. Lo anterior, por cuanto con la presente contratación el Conavi busca satisfacer una necesidad de las rutas nacionales de carácter urgente y temporal que requiere de una atención inmediata (…) la conservación vial es un asunto de interés público, y el estado actual de la misma requiere una intervención prioritaria para salvar la seguridad y la integridad de los administrados", alegó el ente estatal, en el documento de contratación.
MECO S.A. indicó a CRHoy.com que "están en total capacidad financiera y operativa para participar en las contrataciones directas y en proyectos de cualquier otra índole".
"La Ley de Contratación Administrativa, en su Artículo 5, señala claramente que "en los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales", citó la empresa.
Según la empresa, actualmente no existe ninguna medida cautelar que le prohíba a participar en licitaciones, ser sujetos de adjudicación a concursos o firmar contratos con el Estado o municipalidades.
Hueco en la carretera entre Santa Ana y Escazú a la altura del centro comercial Los Laureles por la ausencia de conservación vial. CRH/Con fines ilustrativos
Según el Conavi, la condición jurídica de eventuales oferentes imputados en casos de supuestos actos de corrupción en obra pública, que contemplen actividades de mantenimiento rutinario y periódico de conservación vial en la red vial (nacional y cantonal), arriesga el cumplimiento de la finalidad de esta contratación.
"En el curso de los procesos judiciales se establecen una serie de medidas cautelares que podrían afectar la capacidad de ejecución de los eventuales oferentes o contratistas, incidiendo directamente en una adecuada y óptima ejecución del contrato, afectando de esta forma el interés público que existe de por medio y que se persigue con la presente contratación", puntualizó la institución.
Glen Calvo, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), a cargo del caso "Cochinilla", explicó en setiembre pasado que tienen 10 compañías (como personas jurídicas) sujetas a la investigación penal.
"Llamamos a 10 (empresas) a realizar una comunicación de hechos delictivos. Esto significa que el Ministerio Público llama al apoderado, al representante legal o al agente residente. Ellos se apersonan, conocen los hechos por los que se están tramitando y conocen las pruebas existentes eventualmente en su contra y se les permite participar en la causa como personas jurídicas, bajo las mismas atribuciones de un imputado físico", explicó.
La ausencia de contratos de mantenimiento desde febrero pasado, por dificultades presupuestarias en el Conavi, agravadas por el caso "Cochinilla", llevó a las rutas nacionales a un estado de deterioro con la formación de huecos en las vías y el crecimiento desmedido de maleza.
Próximamente se promoverán más contrataciones directas temporales para otras zonas del país que están sin mantenimiento.
El plan es que los nuevos contratos a largo plazo sean de hasta 8 años para combinar una modalidad híbrida entre precios unitarios (se paga por los materiales y la mano de obra utilizados para construir una carretera sin importar la calidad de la obra contratada) y niveles de servicio (se paga por la calidad final de un proyecto).
Para eso, el Conavi gestiona una modificación a la ley de su creación para ampliar el plazo de contratación que actualmente está limitado a 5 años.