Empresas que contraten migrantes ilegales tendrían que pagar multas más altas
Montos máximos llegarían hasta 10 millones de colones.
Carlos Avendaño, jefe de fracción presentó el proyecto. Foto: cortesía prensa Restauración Nacional.
Un proyecto de ley busca duplicar la multa para empresas que contraten personas migrantes en condición irregular, por lo tanto, pasaría de ₡5.172.000 a los ₡10.708.800, como máximos, al tener de referencia el salario base actual de ₡446,200 utilizado para este tipo de sanciones.
La iniciativa se tramitará en la corriente legislativa bajo el expediente 21.272 con el cual se busca mitigar la explotación laboral de migrantes en esta condición.
Con esta propuesta, que reforma los artículos 18 inciso 20), 177 y 179 de la ley de Migración y Extranjería, se duplicarían los castigos vigentes. La sanción actual es de 2 hasta 12 salarios base, pero con este planteamiento pasaría de 4 hasta 24.
De acuerdo con Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración Nacional, además de proteger a extranjeros de la explotación laboral, se cierra un portillo para que las compañías contraten extranjeros de quienes se desconocen sus antecedentes penales y pertinencia para ejercer cargos, como aquellas que contemplen el manejo de armas.
"Huyendo de la pobreza, y de situaciones de conflictos, el país se ha convertido en un foco de recepción de migrantes, quienes, dado a su situación de vulnerabilidad y de irregularidad, son expuestos a condiciones de explotación laboral, obligados a realizar su trabajo en un escenario discriminación", agregó.
Por otra parte, la iniciativa otorgará un período adicional para que los migrantes se regulen en un plazo de hasta seis meses y no sean deportados, en aquellos casos que denuncien la explotación laboral.
Avendaño propone que los fondos recaudados se dirijan hacia el fondo especial para la trata de personas pero que estos, transfieran el 15% de esas ganancias hacia la Policía de Migración y Extranjería para su fortalecimiento.
En la exposición de motivos, el diputado hace referencia al oficio DG-340-02-2019-vm del 12 de febrero de 2019, suscrito por Raquel Vargas Jaubert, Directora General de Migración y Extranjería, donde detalla que en el fondo para la trata de personas, se tiene un presupuesto aprobado de ȼ1.507.746.000 y al 31 de diciembre de 2018 logró ejecutar apenas ȼ756.482.198,88, es decir,50.17%.
Se busca entonces que la Policía de Migración puedan ingresar a centros de trabajo en horas laborales para revisar pasaportes, cédulas de residencia, permisos de trabajo y cualquier otro documento de identificación.
Para esa labor, pueden hacerse acompañar de inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros, así como con la Policía Municipal de la circunscripción territorial correspondiente.