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En 10 meses, TEC repartió ₡879 millones en cesantías para 31 jubilados

Al menos 10 se pagaron después de que Sala IV estableció tope en 12 años

Por Luis Valverde | 17 de Dic. 2018 | 12:02 am

 

Tecnológico de Costa Rica. Foto ilustrativa.

31 exfuncionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se repartieron un total de ₡879.477.221 en poco menos de diez meses, desde el 1 de enero de este año al 16 de octubre pasado.

El monto corresponde a cesantías, en la mayoría de las cuales la entidad calculó el tope de 18 años establecido en su convención colectiva.

Asímismo, al menos diez casos corresponden a pagos realizados posterior al 5 de junio pasado, cuando la Sala Constitucional estableció que el cálculo máximo en cesantías para el sector público no debía superar los 12 años, por tratarse de un periodo de tiempo que estaba en contra de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

La información corresponde a datos proporcionados por el TEC a solicitud de CRHoy. Las universidades estatales han seguido realizando cálculos por encima del tope establecido por la Sala Constitucional en junio pasado, amparados en su autonomía, aunque ya hay una acción de inconstitucionalidad en curso precisamente para analizar el caso del Tecnológico.

De las 31 cesantías, pagadas por el TEC, solo dos tienen un tope menor a los 12 años. Se trata de un profesor jubilado en enero que apenas contaba con 8 años en la institución y otro profesor jubilado en febrero quien apenas llegaba a 9 años. A ellos se les pagó un total de 7 y ₡13 millones respectivamente.

En un caso más, el de un profesional en asesoría académica jubilado en febrero, se le calculó la cesantía por 13 años, pero en ese momento la Sala Constitucional aún no había emitido ninguna resolución relacionada con cesantías. En su caso también se le pagó lo correspondiente al total de años trabajados; pero en los restantes 28 todos llegaron a los 18 años de tope.

 

 

Del análisis de los datos se desprende además que la mayoría de jubilados corresponde a profesores, 15 en total. Ellos recibieron el 54% de los  ₡879 millones. 

Por su parte, solo cuatro exfuncionarios con rango de directores obtuvieron el 20% del monto y otros seis con cargo de profesionales un 13%. Lo demás se lo repartieron dos choferes, dos técnicos, una secretaria y un auxiliar.

TEC en la mira

El pago de este tipo de cesantías con plazos superiores a los 12 años son motivo de estudio por parte de la Sala Constitucional. El exdiputado Otto Guevara presentó una acción de constitucionalidad que fue acogida para estudio por parte de los magistrados con lo cual se cuestiona la razonabilidad, legalidad y proporcionalidad de los pagos.

El TEC ya presentó su descargo ante los magistrados y optaron pro defender los topes por considerarlos razonables y proporcionales.

Consultados al respecto, la Vicerrectoría de Administración señaló a CRHoy que el TEC ha actuado en todo momento apegada al principio de legalidad pues "la norma impugnada se encuentra contenida dentro de Convención Colectiva debidamente suscrita por las partes competentes para tal cosa".

"La Convención ha sido debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo sin que se determine algún vicio en su formación, contenido y suscripción. De hecho esta fue denunciada por la Administración en el año 2016, proceso en el que el mismo Ministerio no determinó vicio alguno.  Al hacer referencia al principio de legalidad, don Otto Guevara cita la sentencia de la misma Sala Constitucional N. 6351-2011 y del voto 440-1998, en el extracto de la resolución se indica " toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento (…)  Las universidades se encuentran expresamente autorizadas a nivel constitucional …", respondió la Vicerrectoría.

Este tipo de pagos viene realizándose indistintamente por las otras universidades estatales, amparados en la autonomía que poseen. La Sala Constitucional determinará finalmente si ésta las exime de cumplir con las mismas reglas de proporcionalidad y razonabilidad establecidas para toda la función pública.

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