En firme adjudicación por $10 millones para supervisar concesión de ruta 27
Contraloría rechazó recurso contra selección de TPF Getinsa Euroestudios
La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme la adjudicación a favor del consorcio TPF Getinsa Euroestudios por más de $10 millones para supervisar la concesión de la ruta 27, entre San José y Caldera, a cargo de la empresa Globalvía.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) promovió la licitación pública internacional desde agosto de 2020, pero tras adjudicaciones fallidas y apelaciones reportadas en los últimos años, el proceso finalmente quedó en firme.
La CGR declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa IDOM Consulting Engineering Architecture S.A. Unipersonal contra el acto de adjudicación que se giró el 14 de noviembre de 2023.
IDOM alegó incumplimientos en la oferta presentada por TPF Getinsa Euroestudios, pero los alegatos fueron desestimados por el ente contralor. Así consta en la resolución emitida este 27 de febrero de 2024, según el expediente de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el concurso participaron otras 2 empresas: Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A. y el Consorcio Gómez Cajiao.
El contrato tendrá una vigencia de hasta 4 años.
¿Por qué se tardó danto?
Para tener claro lo ocurrido, hay que trasladarse primero al 28 de febrero de 2019. Ese día, la CGR prorrogó por 24 meses el acuerdo suscrito con el consorcio Getinsa-Gabinete como supervisor de la concesión.
Ese acuerdo, que estuvo vigente desde 2014, fue prorrogado hasta el 7 de marzo de 2021 por una ampliación de $4.7 millones. Esta ampliación funcionó para dar seguridad al proceso de negociación entre el Estado y Globalvía para modernizar la ruta y ampliar el contrato de concesión.
En esa línea, el 24 de agosto de 2020 el CNC publicó, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la licitación pública internacional para contratar la supervisión por un monto estimado de ₡6.660 millones para 4 años. No obstante, desde agosto de 2020 hasta el 6 de diciembre de 2021, el proceso no había fructificado.
¿Qué ocurrió? Se atascó entre recursos de objeción, aclaraciones, prórrogas y solicitudes de acceso a documentos confidenciales. Ese día, la junta directiva del CNC optó por declarar desierta la licitación bajo los argumentos antes citados.
Para reanudar la supervisión, la entidad aseguró que reactivaron temporalmente el contrato que estaba vigente al amparo de la Ley de Contratación Administrativa. Eso significó que durante 2 meses, el CNC supervisó el control de ingresos en los peajes de la ruta 27 a punta de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los peajes. Entre mediados de octubre de 2021 y enero de 2022, tras el cierre contractual con la supervisora Consorcio Getinsa Gabinete, no hubo fiscalización.
La contratación de una compañía especializada que supervise el contrato de concesión es clave en un caso como el de esta carretera, pues se fiscalizan aspectos que van desde el estado físico de la ruta hasta el recaudo de peajes.
Para este fin se elaboran informes mensuales que son remitidos al CNC, con aspectos y análisis sobre el tráfico vehicular y los ingresos por peajes.
La ruta de 76.8 kilómetros entró en operación el 27 de enero de 2010, en los meses finales de la Administración Arias Sánchez (2006-2010). No obstante, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.
En el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) hubo negociaciones con Globalvía para concretar una ampliación del corredor. En primera instancia, se estimó una propuesta preliminar de modernización vial que rondaría entre los $550 millones y los $600 millones.
El actual gobierno (Chaves Robles, 2022-2026) aún no tiene claro el panorama para procurar una ampliación en acuerdo con Globalvía.
El contrato de concesión vencerá en el año 2033.

