En medio de escándalos, la UNA crea su propia oficina de la “ética” con salario incluido

Aunque la idea se empezó a gestar desde el 2013, fue hasta el 29 de noviembre de este 2018 cuando se dio a conocer el Reglamento para la puesta en marcha de la Procuraduría de la Ética de la Universidad Nacional (UNA).

Esta oficina tiene la misión de promover, divulgar, fomentar, supervisar y tutelar los principios y valores entre la comunidad universitaria; además, investigar aquellas denuncias o incumplimientos "éticos"; entre ellas: falta de celeridad, transparencia y integridad.

La figura del Procurador/a llega en medio de críticas como  el salario del rector de la UNA, Alberto Salom, el uso de fondos – millonarios – para la construcción de una Plaza de la Diversidad en tiempos de crisis fiscal y el uso de vehículo discrecional pese a criterios que eliminan esa figura.

Este garante ético, estará adscrito al Consejo Universitario, cuyo presidente es José Carlos Chinchilla, quien dijo que si hay "una falla" que señalarle a esta iniciativa, es lo lento que fue el proceso para crearla.

En el capítulo 3, inciso i, de la normativa de la oficina en cuestión, se detalla que el procurador puede proceder de oficio en algunos casos:

Denunciar de oficio ante la instancia competente por la eventual falta de acción de las autoridades o las instancias responsables del ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, cuando se evidencien irregularidades (falta de celeridad, transparencia, integridad, entre otras), en atención a los casos disciplinarios que riñen con la ética institucional.

 Se deberán tramitar – de manera confidencial – todas las denuncias  relacionadas con "las conductas de la comunidad universitaria y la institución, en conflictos con las políticas éticas" y principios del Estatuto Orgánico, y para esos procesos de investigación el jerarca tendrá acceso "irrestricto" a la documentación de toda la universidad.

Ante la consulta de si el caso del rector hubiera sido remitido a la Procuraduría Ética de dicha universidad, el presidente del Consejo Universitario explicó que – aunque se trata de una hipótesis- si hubiese llegado una denuncia por ese caso, sin duda alguna se le hubiera dado trámite.

Disposiciones de acatamiento obligatorio

Ya sea contra funcionarios administrativos, estudiantes, docentes o rector/a, el Procurador deberá darle trámite a todas las denuncias, todas, sin excepción; pero solamente cuando se trate de una posible falta ética pues las faltas disciplinarias y de acoso sexual, no serán atendidas.

Chinchilla, explicó que estos criterios no compiten con ningún proceso administrativo, pero sí deben acatarse, obligatoriamente.

El Artículo 28.—Competencias de la Procuraduría de la Ética y las responsabilidades de los destinatarios de los informes por faltas a la ética, explica el procedimiento, procesos de apelación y el "silencio positivo", y reitera el carácter vinculante para cada jerarca, estudiante y funcionario:

Una vez recibida la solución alternativa propuesta por la autoridad antes indicada, la Procuraduría de la Ética se pronunciará, definitivamente, dentro de un plazo improrrogable de diez días hábiles, mediante una resolución fundamentada, cuyas recomendaciones se convertirán en disposiciones de obligado acatamiento.

Se pueden pronunciar de tres maneras: puede archivar la queja, emitir un informe o solicitar una investigación disciplinaria y en caso de llevar el caso a tribunales de justicia, el denunciante contará con el apoyo  de la Asesoría Jurídica de la casa universitaria.

Este no será un puesto ad honorem, pues el reglamento establece que en caso de que el Procurador sea docente de la misma universidad, recibirá "un 25% de recargo sobre el salario base de dicha categoría. El recargo se aplica a la base y crea una nueva base salarial". Y en caso de nombrar a una persona externa a la universidad, se le reconocerá la categoría que asigne el Programa Desarrollo de Recursos Humanos.