En medio de violenta lucha, Inder pedirá 3 años más para recuperar tierras indígenas

(Imágen con fines ilustrativos).

(CRHoy.com). -El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) inició en enero del 2017 la ejecución de un plan a través del cual se pretenden recuperar las fincas ubicadas en territorios indígenas del país. Esto porque internacionalmente se ordena a los estados a resguardar estos terrenos y así proteger a los pueblos autóctonos que aquí habitaron y aún habitan. En aquel entonces se tenía planeado finalizar la recuperación en un plazo no mayor a 6 años, es decir, a inicios del año 2023.

Sin embargo, la ejecución total de esta estrategia, llamada Plan Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), podría llegar con mayor tardanza. Mientras tanto, la lucha por la recuperación de tierras entre personas indígenas, subgrupos internos y no indígenas se agudiza. La Defensoría de los Habitantes señala esta problemática como la causante de la reciente muerte de dos líderes indígenas al sur del país. 

La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), a cargo de la ejecución del Plan RTI, valora pedir ampliar el plazo en tres años. Es decir, la recuperación de tierras en todos los territorios indígenas del país podría extenderse hasta  inicios del año 2026 si la junta así lo aprueba. 

CRHoy.com consultó al Inder el avance porcentual del Plan RTI del 2017 a la fecha (marzo 2020), pues ya se avanzó la mitad del tiempo inicialmente estipulado. Sin embargo, Inder no tiene el dato numérico sobre el avance. Los datos con los que cuenta y compartió es una lista de tareas realizadas desde entonces, a la fecha. 

"El tiempo estimado de ampliación es relativo y depende de la complejidad de cada territorio, tales como: conflictos, extensión geográfica, acceso por ubicación, colaboración de los grupos organizados en cada territorio", indicó en Inder a este medio, que añadió que la recuperación ha sido la actividad más complicada "porque muchos de los conflictos se judicializan por parte de los interesados, ya sean indígenas o no indígenas, lo cual retrasa los procesos".

Otra de las modificaciones que estudia Inder en relación al Plan RTI es contratar más personal.

"Esto es necesario ya que se requiere realizar un procedimiento administrativo, y abordar la problemática de una manera más integral", indicó el Inder ante las consultas de CRHoy.com.

Y pese a que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) también debe colaborar con la implementación del Plan RTI, todavía no está enterada de dicha solicitud. Así lo afirmó Odir Blanco, Secretario de la Junta Directiva de Conai, autorizado para declarar sobre este tema.

"No debería ser, creo que es un tema que viene de muchos años. Sin embargo, en aras a cumplir, si tienen alguna razón contundente habría que hacerlo. A nosotros nos urge, más con los problemas que están ocurriendo en el sur", comentó Blanco. En menos de un año, desde marzo del 2019, han muerto asesinados dos líderes indígenas, caracterizados por su lucha de territorios.

También se han registrado violentos episodios entre finqueros, empresarios, personas indígenas y otros subgrupos dentro de los pobladores autóctonos. Tanto así que desde los territorios Térraba y China Kichá denuncian que les están quemando sus territorios. Por esto, cree Blanco,  si bien es cierto la problemática de territorios indígenas es de alcance "nacional", "hay que priorizar". 

Inacción desde 1977

Según el plan de recuperación, del que este medio tiene copia, "los territorios indígenas de nuestro país, en su mayoría presenta ocupación de personas no indígenas", esto pese a que la Ley Indígena (nacional) y legislación internacional lo prohíbe expresamente. 

Artículo 3. "Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas.

La misma Ley Indígena establece desde el año 1977 que en aquellos casos de las personas no indígenas el Estado deberá reubicarlas en tierras similares, o si no expropiarles e indemnizarles. También dice que "solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de la reserva".

Sin embargo, esta ley nunca se ha respetado. Las tierras se han intercambiado sin ninguna restricción y ahora la violencia es el pan de cada de día, en medio de la lucha armada. Tanto fue así que para abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de dos pueblos indígenas para protegerles, por el peligro que corría su vida.

Pero lo que hasta ahora se ha hecho no convence a las autoridades. El pasado 25 de febrero la Defensoría de los Habitantes envió a la CIDH una denuncia contra el Gobierno por desatender a estas poblaciones. Según el documento, el Gobierno no solo no ha ejecutado los desalojos, sino que han aumentado los usurpadores. Además, la administración de Carlos Alvarado se habría atribuido recuperaciones de territorios, que realmente fueron un logro indígena.

"Podemos afirma que su implementación (medidas cautelares) no ha sido efectiva y que ha habido una débil protección a la seguridad y la vida de las personas en los territorios indígenas, como prueba de ello son los constantes incidentes por violencia y amenazas. En dichos pueblos el reclamo por la impunidad es persistente", denunció la Defensoría.