En primeros 3 meses, Chaves sigue en deuda con iniciativas de ley para bajar costo de la vida

(CRHoy.com) Durante los primeros 100 días de la administración Chaves Robles, no se presentó ningún proyecto de ley para disminuir el costo de vida de los costarricenses, ni desde el Poder Ejecutivo ni de la fracción del Partido Progreso Social Democrártico (PPSD).

Así se desprende de un análisis realizado por CRHoy.com sobre los proyectos de ley que envió Casa Presidencial en los primeros tres meses, según un corte entre el 9 de mayo y el 9 de agosto.

Hay que recordar que hasta el 31 de julio el Congreso estuvo en el llamado periodo de sesiones extraordinarias, donde es el Gobierno quien maneja la agenda de los legisladores.

En ese periodo desde Zapote se enviaron 10 propuestas de ley al Congreso, que según datos de la Secretaría del Congreso y de la información entregada por Casa Presidencial, a solicitud de este medio, fueron los siguientes:

1. Expediente 23.104, que busca incentivar económicamente a quienes denuncien actos de corrupción.
2. Expediente 23.105, que busca eliminar 17 órganos desconcentrados de ministerios
3. Expediente 23.114, que busca reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
4. Expediente 23.213, que busca una reforma al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)
5. Expediente 23.214, que busca reformar la ley del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que sea el rector en materia de modernización y reforma de la Administración Pública.
6. Expediente 23.226, que es una enmienda al tratado comercial entre Centroamérica y México.
7. Expediente 23.227, que es un apoyo de Costa Rica para que Croacia pertenezca a la Unión Europea.
8. Expediente 23.253, que cambia el uso de los recursos para el Fondo de Avales obtenidos de un préstamos con el BCIE.
9. Expediente 23.238, que es la autorización para un subsidio a pequeños productores de arroz.
10. Expediente 23.186, que es el segundo presupuesto extraordinario.

Fracción oficialista tampoco

En el caso de los 10 diputados de la fracción oficialista, en estos tres meses, tampoco presentaron ningún proyecto de ley para reducir el costo de vida de la población.

Cabe señalar aquí, que cuatro de estos legisladores, ni siquiera han presentado un solo proyecto propio en ese tiempo, ellos son: Paola Nájera, María Marta Padilla, Jorge Rojas López y Luz Mary Alpízar.

En total, los otros seis diputados del PPSD presentaron en este periodo ocho iniciativas propias, aunque en el caso de su jefa de fracción, Pilar Cisneros, ella sólo presentó un proyecto propio, que valga decir lo hizo en conjunto con el socialcristiano Lesley Bojorges.

Se trata del expediente 23.210, que busca modificar la Ley del Poder Judicial para obligar a los magistrados de la Corte a hacer pública la votación del Fiscal General de la República.

Todos los diputados oficialistas han suscrito otros proyectos de ley, presentados por otras bancadas, en señal de apoyo a ellos.

Estos son los ocho expedientes que han presentado por iniciativa propia de la fracción:

1. Expediente 23.217. Reforma de la ley 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. Impulsado por el diputado Daniel Vargas.
2. Expediente 23.136. Adición de un artículo 80 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Iniciativa del diputado Waldo Agüero.
3. Expediente 23.156. Reforma integral de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario. Iniciativa del diputado Waldo Agüero.
4. Expediente 23.249. Modificación del artículo 55 de la ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y sus Reformas. Iniciativa del diputado Waldo Agüero.
5. Expediente 23.263. Prohibición de la doble postulación a cargos de elección popular. Iniciativa del diputado Manuel Morales.
6. Expediente 23.179. Adición de un artículo 17 bis a la ley 5582, Contrato de Préstamo entre el Banco de Exportación e Importación del Japón y el Gobierno de la República de Costa Rica. Iniciativa del diputado Alexander Barrantes.
7. Expediente 23.123. Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para la Creación de la Comisión Permanente Especial de Cultura. Iniciativa de la diputada Ada Acuña.
8. Expediente 23.210. Ley para garantizar la transparencia en el nombramiento del Fiscal General de la República. Iniciativa de la diputada Pilar Cisneros que también tiene la firma del legislador Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Con un lapicero

Desde la campaña electoral ya Chaves anunciaba que priorizaría el mecanismo del decreto ejecutivo para bajar el costo de la canasta básica.

"El primer día de un Gobierno de Rodrigo Chaves vamos a bajar el costo de la canasta básica, porque es desproporcionadamente alto en este país. El precio del arroz, azúcar, lácteos, electricidad y medicinas se pueden bajar con un lapicero y un presidente valiente y, con ministros que obedezcan la orden", dijo el hoy mandatario, en una entrevista en julio del 2021 a Radio Santa Clara.

La jefa del oficialismo también lo dejó claro cuando cuestionó el proceso del Congreso para aprobar leyes.

"Existe legalmente que muchas cosas se puedan mover por decretos ejecutivos. ¿Por qué vamos a recurrir a la Asamblea? La Asamblea es siempre un enredo, porque es un proceso muy engorroso", afirmó Cisneros al Financiero.

Para el analista político, Gustavo Araya, es claro que la estrategia del Gobierno es buscar acciones de "alto impacto publicitario" y no necesariamente de trascendencia a nivel estructural del sistema de precios que se dijo iban a intervenir.

A esto hay que añadir que el decreto ejecutivo no tiene el mismo peso de una ley, ya que esa directriz puede ser derogada por otra administración.

Precio del arroz con un largo camino

Un ejemplo de esto fueron los decretos firmados para bajar el precio del arroz.

El 3 agosto, Chaves y sus ministros firmaron un decreto, para bajar el impuesto a la importación de este grano, que pasaría de un 36% a un 5% para el arroz pilado y a un 4,5% para la granza de arroz.

Además se suscribió un segundo decreto que elimina el esquema de fijación de precio del arroz por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Ya la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, reconoció en un foro realizado en la Asamblea Legislativa, el 27 de julio, que el precio del grano se mantendrá igual por al menos un año, y que estiman que luego de ese plazo las medidas del decreto que buscan bajar los aranceles puedan comenzar a hacer efecto.

No existe además un monto claro de cuánto podría bajar el precio de la bolsa de arroz.

El pasado viernes 5 de agosto un grupo de productores de arroz presentó un recurso ante la Sala Constitucional en contra de los dos decretos firmados por Chaves.

"Es una estrategia que le genera al Gobierno algún rédito en términos de popularidad, pero no necesariamente es una situación que se pueda sostener en el tiempo, en el mediano o largo plazo. A la vuelta de dos años o de los cuatro años, podríamos estar en situaciones diferentes, en donde se note que el Gobierno no pudo actuar en las áreas donde desde la campaña hizo afirmaciones que se sabía eran imposibles de cumplir porque al someterlo a la sobre simplificación del sistema de precios y costo de la vida, no era el que le anunciaron a la ciudadanía", señaló Araya.

Tope a gasolinas

El costo a los precios de los combustibles es otro flanco que golpea al Gobierno y tiene en vilo a la población.

Si bien el alto costo que tienen hoy las gasolinas y el diésel está directamente relacionado con la crisis internacional, tras la invasión de Rusia a Ucrania, que ha también disparado la inflación en los Estados Unidos, lo cierto es que la administración Chaves Robles se resistió desde mayo a buscar una rebaja al impuesto único de los combustibles como lo propusieron las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Gracias a la presión de la oposición el 30 de junio se aprobó en segundo debate una iniciativa que impulsaron las fracciones para congelar por 6 meses este tributo.

Sin embargo, este procedimiento no generará ninguna rebaja al precio actual de las gasolinas ni tampoco impedirá que aumente.

Lo que sí hará en estos seis meses es impedir que el precio suba en promedio ¢12 por litro de gasolina súper, regular y ¢6.8 en el caso del diésel.

Chaves había ordenado subsidiar una rebaja al diésel vía decreto por medio del precio de las gasolinas súper y regular.

Vía decreto giró una instrucción a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que bajaría el precio del diésel.

Pero todo se revirtió, cuando la Aresep señaló una nueva alza en los precios, pasando la gasolina súper de ¢1.016 a ¢1.104 por litro, la regular de ¢993 a ¢1.081 y el diésel pasó de ¢873 a ¢1.004.

En conferencia de prensa, luego del Consejo de Gobierno, Chaves reconoció que el tema se les "fue de las manos" y ahora promete un proyecto de ley para que los diputados pongan un tope al precio de los combustibles, para que las gasolinas no superen los ¢900 el litro y el diésel en ¢800.

La jefa del PUSC, la diputada Daniela Rojas cree que el Gobierno debería usar el expediente 22.914 que está dispensado de trámite y que a pesar del pedido de la oposición para que fuera convocado el Poder Ejecutivo siempre se negó.

Para el economista Luis E. Loría, presidente de IDEAS Labs, el gobierno avanzará por la vía del decreto y decisiones administrativas todo lo que pueda, donde cree que sí hay un amplio margen para trabajar ahí y donde se puede aprovechar de buena forma, siempre y cuando no se crucen líneas de división de poderes o de legalidad.

El economista sí vería como un error que se quiera vía ley o decreto poner controles de precios, ya que podrían generar escasez de productos o incentivar mercados negros.

No me encanta la solución (de poner topes a los combustibles) porque no es permanente, es un subsidio que a partir de un monto el Gobierno paga para no afectar el bolsillo de la gente.

El problema es que si la presión para que esos costos sigan al alza y que el subsidio le cueste mucho al Estado, genere consecuencias en el financiamiento, lo que incluso podría subir las tasas de interés.

"Se requieren soluciones sistémicas más integrales que algunas no son medidas que tienen que pasar por el Congreso, sino que pasan por el equipo económico del Gobierno y tienen que ver con tasas de interés, con inflación, o tipo de cambio, que son variables que afectan el bolsillo de la gente de manera directa", señaló.

El Gobierno aún no ha presentado alternativas para bajar el precio en la electricidad, y en el caso de los medicamentos se firmó un decreto para la homologación de los registros sanitarios de medicamentos, lo que podría facilitar que exista una mayor oferta del proyecto y mayor competencia en teoría debería ayudar a tener precios más accesibles.

Pero en opinión de Loría, se debería garantizar esa mayor competencia por la vía legal ya que el decreto es una norma legal de rango inferior que puede ser echada para atrás por una ley.