Encerrona entre taxistas definirá postura ante proyecto sobre Uber
Organizaciones del sector acercaron posturas para analizar alcances de propuesta
Todas las organizaciones de taxistas formales existentes en el país se reunieron en la tarde de este miércoles con el objetivo de analizar la propuesta gubernamental contenida en un proyecto de ley que permite la coexistencia de Uber y el servicio de taxi regular.
El miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentó el proyecto de ley expediente 21.228 para avalar la operación de la compañía estadounidense en el país.
En virtud de severas lagunas legales existentes en Costa Rica, la aplicación móvil brinda servicios para enlazar clientes y choferes privados desde agosto de 2015.
Gilbert Ureña Fonseca, miembro del Foro Nacional de Taxistas, explicó que en esta coyuntura se hace necesario unir todas las fuerzas posibles y reiteró que el objetivo de la cita es analizar los pormenores para asumir una postura.
Incluso, días atrás los taxistas mencionaron la posibilidad de realizar un movimiento de huelga nacional en protesta por el proyecto para regular Uber.
El texto presentado por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa no convence a ninguna de las partes involucradas y generó dudas entre algunos legisladores.
Entre algunos aspectos la propuesta establece una serie de requisitos para las empresas de plataformas digitales, así como para sus conductores acreditados.
También, establece que el Consejo de Transporte Público (CTP) será el encargado de regular el servicio.
Se fijarían requisitos para el registro de Empresas de Plataformas de Transporte (EPT), entre otras cosas: nombre y certificación que la constituye como una persona jurídica, una certificación de inscripción como contribuyente en la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, así como un listado de nombre completo, calidades y número de licencia de todos los propietarios de vehículos y conductores acreditados.
En el artículo 10, se establece un pago de 100 salarios base para la inscripción ante el Registro, así como de 50 salarios base para la renovación que debe de hacerse cada 4 años. Este rubro asciende a los 8.300 millones de colones.
La polémica
Una de las figuras más polémicas es el Fondo Nacional de Movilidad, el cual será administrado por el CTP.
¿Cómo se financia? Principalmente, a través del pago de inscripción para el registro que harán los EPT, así como el aporte porcentual sobre el precio final cobrado en cada servicio de transporte mediante EPT.
Casda inscripción tendrá un costo de $100, mientras el precio final cobrado por cada servicio es de un 3% sobre el precio final.
La iniciativa también indica que se financiará con sanciones administrativas creadas en esta propuesta así como cualquier "otro cobro, ingreso o donación autorizada mediante la presente ley".
¿Y para qué es ese dinero? El plan gubernamental es que, durante 8 años, el 80% de esos ingresos sean utilizados para la modernización de la flota de taxis, es decir, "para el pago de la prima de adquisición de vehículos nuevos". Para eso, se requerirá un reglamento que indicará los parámetros de distribución, tomando en cuenta el tipo de tecnología del vehículo y el monto de la prima.
Posterior a ese período, será para la modernización del transporte público.
El restante 20% será para "atender transferencias por asistencia social para los concesionarios de taxis previo estudio socioeconómico correspondiente".
El Ejecutivo también pretende que el CTP fije una cantidad máxima de vehículos que puedan operar, aunque advierten que ese tope "no podrá ser inferior a la cantidad de concesionarios de taxis existentes".
Según datos oficiales, actualmente existen 13.500 placas de taxis y 22 mil conductores de Uber.
Para la compañía, el proyecto desconoce la realidad de los usuarios y de los choferes que brindan el servicio.
Se espera que los taxistas anuncien alguna decisión en horas de la noche de este miércoles.

