Entidades intentan aplicar plan fiscal a tientas y bajo gran incertidumbre

 

Caminando prácticamente a tientas y en medio de gran incertidumbre, diferentes entidades del Estado intentan interpretar lo que estableció la recientemente aprobada reforma fiscal, y aplicarlo cada una según sus distintas realidades.

La reforma fiscal, que entró a regir con su publicación en La Gaceta el pasado 4 de diciembre, contiene un capítulo relacionado con empleo público, en el cual se imponen diversos cambios especialmente con relación a pluses y sobresueldos que deben ser aplicados por igual.

Sin embargo no es tan "sencillo" como lo que se establece en el papel. Hacer los ajustes para por ejemplo calcular cuánto ganará ahora un empleado por anualidades, o cambiar los esquemas de pago para hacerlos quincenales y no bisemanales, implica todo un ajuste en las fórmulas y sistemas informáticos que no todos se consideran en capacidad de hacerlo en poco tiempo.

Para colmos, la diversidad de entidades por su tipo y área conlleva realidades distintas que hacen a algunos dudar, al punto de calificar la nueva ley fiscal de "ambigua" y general, lo que genera que cada una deba "interpretar" lo establecido en la normativa.

Un sondeo realizado por CRHoy entre diversas entidades del Estado, incluidas del gobierno central, descentralizado autónomo, financiero y bajo el régimen municipal, comprobó que no todas marchan al mismo ritmo, y que aunque la ley entró en vigencia hace más de un mes, muchas todavía se encuentran pensando o "analizando" como implementarla.

 

Uno de los mayores cambios establecidos en la nueva ley que obligan a ajustes inmediatos a nivel administrativo tiene que ver con que ahora ninguna entidad estatal puede realizar pagos bisemanales; todos deben ser quincenales.

Para el empleado público esto significa que dejará de recibir hasta 26 sueldos al año y ahora alcanzará un máximo de 24.

Sin embargo para la entidad pública que hasta ahora permitía el pago bisemanal implica ajustes adicionales en sus hojas de cálculo y sistemas informáticos que lleva a una complicación adicional: variar las fórmulas de los trabajadores ocasionales, o aquellos que se contratan por periodos cortos.

"Hay quincenas de 15 o 16 días y las fórmulas debían ser ajustadas para esta modalidad de nombramientos… en nuestro caso los pagos quincenales se inician desde este mes de enero si bien la Ley nos da un tiempo de 3 meses para ajustarnos y hacer el cambio, por las diferencias en las fórmulas de cálculo, estas no permiten hacer este cambio posterior al inicio del año sin que de una u otra forma se pueda ver perjudicado o bien los fondos públicos o el ingreso patrimonial del personal. Esto se debe a que el pago bisemanal tiene 26 pagos al año y el modo quincenal 24, entonces al no percibirse el mismo monto por pago se presentarían diferencias que posteriormente complicarían el cambio", confirmó el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Heredia a través de su vocera de comunicación Marjorie Chacón.

Si bien en este municipio ya han trabajado de manera adelantada para aplicar algunos cambios desde esta quincena, el ritmo no es igual en todos lados. Entidades financieras como el Banco Nacional trabajan a un paso más lento. La Dirección de Desarrollo Humano y Salud Organizacional respondió a CRHoy que aún se encuentran en la etapa de análisis legal sobre la aplicación de la ley.

"Nos encontramos en la etapa de diagnóstico e identificación de ajustes, así como de análisis legales", dijeron.

Similar fue la respuesta en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) donde el Departamento de Recursos Humanos está realizando "las coordinaciones necesarias con el Comité Técnico Funcional del Sistema de pagos INTEGRA, señaló Ronny Jiménez, jefe del Departamento Legal.

"La ley, como cualquier otra, es muy general y no es muy clara en muchos aspectos. Esta situación ha obligado a todo un proceso interpretativo y como se ha dicho a recurrir a consultas para desentrañar su significado, con el objeto de no aplicarla de manera inadecuada o ilegal", respondieron por su parte oficialmente en el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cartago.

Carlos Cascante, alcade de Tibás, confirmó las preocupaciones y dijo que en el caso del sector municipal existe gran incertidumbre sobre el tema.

"Imagínese que se obliga a pagar de manera quincenal, nosotros le hemos dado vuelta y vuelta y no le vemos beneficio, nos afecta, no es aplicable", afirmó Cascante.

Anualidades y convenciones

La reforma fiscal aprobada estableció una nueva fórmula para calcular las anualidades,  unificando un tope de 1,94% del salario base para los profesionales y 2,54% para no profesionales. Pero  además, estos porcentajes serán nominales, lo que quiere decir que estarán atados al salario base correspondiente a 2018 y no a los salarios acumulaltivos de cada año, eliminando así una bola de nieve que se volvía cada vez más incontenible.

Este cambio representa una de las principales incertidumbres.

Las anualidades están sujetas a una evaluación de calidad que se debe hacer en junio cada año. Eso hace que algunas entidades hayan interpretado que se debe congelar cualquier pago mensual –como se realizaban hasta antes de la reforma fiscal– y esperar hasta junio para hacerlo. Sin embargo qué sucede con los trabajadores que ingresan a laborar antes o después y el año de evaluación no calza? ¿Se le debe pagar los meses acumulados o deben esperar hasta la siguiente evaluación?.

Esta fue la duda que plantearon en la Municipalidad de Heredia donde el plus quedará congelado, mientras en otras entidades, como en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la interpretación es seguir aplicando el monto aprobado anteriormente.

"Sobre los topes nominales respecto al rubro por concepto de anualidad, estamos aplicando  por el momento el monto que estaba aprobado en el costo de vida correspondiente al primer semestre del 2018 (valor nominal)", respondió el Departamento de Recursos Humanos del IMAS mediante su oficina de Comunicación.

Otro caso relacionado es que no todas las entidades están sujetas al Servicio Civil, pero la ley establece que deben esperar al machote de evaluación que efectúe Mideplan para aplicarlo a todos los empleados. ¿Qué pasa con las entidades que gozan de autonomía?

En el sector autónomo y municipal tienen esta duda y están dispuestos a aplicar sus propias evaluaciones, pero en el gobierno centralizado y en el sector institucional prefieren esperar. Tal es el caso, por ejemplo, del IMAS: "estamos a la espera de que se desarrolle el instrumento por parte del Servicio Civil para homologar las evaluaciones del desempeño, las cuales se aplicarán a final de año".

También en materia de anualidades entra un tercer elemento que genera disparidades, como lo es el de las convenciones. Aquellas entidades que no poseen una convención colectiva pueden tomar decisiones sobre los pagos de este plus, ya sea congelarlos, esperar a fin de año o pagar con montos previos; sin embargo, aquellas que tienen convenciones colectivas no necesariamente.

Esto debido a una marejada de acciones de inconstitucionalidad que entró el año anterior contra el pago de anualidades estipulados en diversas convenciones colectivas, sobre lo cual debe decidir todavía la Sala Constitucional.

Así lo confirmaron en el Banco Nacional:

"El pago de anualidades está regulado en el artículo 37 de la VII Convención Colectiva, mismo que esta impugnado en la vía constitucional y por lo tanto su aplicación está suspendida, en caso de que se resuelva la acción de inconstitucionalidad y se mantenga la vigencia del artículo 37, el mismo se deberá adaptar a lo dispuesto en el transitorio XXXI (de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). En lo que corresponde a la evaluación del desempeño ya el Banco Nacional cuenta con una metodología para su aplicación", indicó la entidad vía correo electrónico a CRHoy.

En el caso del Banco de Costa Rica, Patricia Mora Salinas, gerente de Gestión, Capital Humano BCR indicó que desde 2004 la entidad ha venido realizando ajustes en la forma de pago de salario base más pluses a un esquema de salario único, por lo cual ya cuentan con un amplio trayecto avanzado en ese tema.

Respecto a la aplicación de las restantes normas, la funcionaria señaló que la Gerencia Corporativa de Capital Humano "está aplicando en lo que corresponde lo que ya entró en vigencia  y las cláusulas que tienen plazo,  las estamos trabajando en su debida ejecución, tal  y como lo establece la ley."

Mientras cada entidad del Estado parece ir caminando a su propio ritmo y abriendo su propio trecho en la aplicación, el Gobierno central, a través de Hacienda, debe trabajar en la formulación de un reglamento que venga a establecer reglas más claras para su aplicación. Para ello, los diputados estuvieron de acuerdo en dar seis meses, plazo que resulta mayor a la aplicación de algunas normas incluidas en el texto.