Esta es la casa que habita familia y asesor del presidente ejecutivo del ICE en Liberia
La Auditoría Interna realiza una investigación por un supuesto uso irregular de un bien del Estado
La casa habitada por la familia del asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Mauro Arias Arias, está ubicada en el barrio Alaska, en Liberia de Guanacaste, junto a otras propiedades de esa institución que ya fueron desalojadas debido a que por la zona pasan cables de alta tensión, situación que podría generar problemas de salud en los vecinos.
La vivienda está ubicada en un terreno esquinero, el cual fue visitado por personal de la Auditoría del ICE como parte de las investigaciones que realizan por el uso que se le da al bien del Estado. En la zona, la empresa pública ha comprado varios terrenos, precisamente para evitar que otras personas habiten en el lugar debido a la alta tensión eléctrica.
CR Hoy dio a conocer, este miércoles, que el asesor y su familia utilizan la vivienda del Estado, a pesar de que su lugar de trabajo está ubicado en las oficinas centrales de esa institución en Sabana Norte, según se desprende de una denuncia interpuesta en la Contraloría General de la República y una investigación de la Auditoría Interna de esa institución.
El funcionario Mauro Arias Arias, además de ser asesor de presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, también forma parte de la estructura del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en Guanacaste, y fue candidato a diputado durante la campaña política anterior con la agrupación que llevó al poder a Rodrigo Chaves, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Auditoría investiga
La denuncia presentada, en primera instancia ante la Contraloría General de la República, pide que se investigue como es que un funcionario que gana ₡4.300.000 ocupa, con su familia, una casa del Estado en Guanacaste, pero su lugar de trabajo está en Sabana Norte.
Esto dice el documento:
"El funcionario estaría haciendo un uso indebido de la vivienda institucional del ICE asignada en el 2020 bajo un contrato de uso de la vivienda, y el cual estaba condicionado a labores regionales en la División de Generación, Región Chorotega. Sin embargo, desde junio de 2022, Arias fue trasladado a San José como Asesor de Presidencia Ejecutiva en San José, cargo de confianza que no requiere pernoctar en Guanacaste.
Pese a ello, el ICE ha mantenido la asignación de la vivienda, valuada en más de ¢1,7 millones, lo cual podría configurar enriquecimiento sin causa y un uso indebido de un bien público, afectando la Hacienda Pública al impedir que el inmueble sea utilizado por funcionarios que sí lo requieran para proyectos regionales.
Además, se aporta como prueba que Arias figura oficialmente en la estructura política del Partido Pueblo Soberano en Guanacaste, lo que refuerza el riesgo de que un recurso institucional esté siendo aprovechado para fines político-electorales, en violación al principio de imparcialidad y neutralidad que rige a los funcionarios públicos".
La Auditoría Interna del ICE explicó a CR Hoy que existe una investigación en desarrollo y que, de encontrar alguna sospechosa de delito, el caso será trasladado al Ministerio Público.
"La gestión en consulta efectivamente existe y que ya superó su etapa de análisis inicial, tramitada bajo el expediente DEN-0007-2024. Concluida esa fase, y conforme al Capítulo III de los Lineamientos Generales para el Análisis de Presuntos Hechos Irregulares (R-DC-102-2019), se ordenó la apertura de una investigación preliminar administrativa, actualmente en desarrollo bajo el expediente AI.63-01.CD.INVE.2024.
En esta etapa ya se completaron las labores de delimitación y planificación, y se encuentran en ejecución las diligencias de investigación. El alcance abarca cuatro líneas principales orientadas a verificar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable en la función pública respecto al uso y mantenimiento de bienes institucionales, sin perjuicio de que puedan incorporarse otras acciones si, a criterio técnico del auditor, surgen nuevos elementos relevantes durante el estudio de fondo.
Las diligencias se ejecutan de manera articulada con entes de fiscalización superior y consideran de forma paralela los eventuales alcances administrativos y penales. En caso de identificarse indicios de delito, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 281, inciso a), del Código Procesal Penal", señala la respuesta enviada por el ente auditor.