Esta es la pena de prisión a la que se expone Chaves por el presunto delito de concusión
Chaves y ministro habrían formulado plan para que "Choreco" recibiera $32 mil como "comisión"
Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Cultura y exjefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves Robles. Foto: Casa Presidencial
El delito de concusión, por el que fue acusado Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, estipula una pena de 2 a 8 años de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad del imputado.
¿Qué es la concusión? Este delito ocurre cuando un funcionario, abusando de las funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial.
La Fiscalía General acusó a Chaves y a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y exjefe de despacho del mandatario, por presuntamente idear un plan para que Christian Bulgarelli Rojas, productor audiovisual contratado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), diera $32 mil como "comisión" a Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, quien fungía como asesor presidencial.
El dinero en favor de Choreco formó parte de los $405 mil contratados al empresario y productor audiovisual, representante de la empresa RMC La Productora, para el diseño de productos de comunicación en Casa Presidencial. El dinero otorgado por el BCIE se utilizó para dicho fin.
La contratación se gestó a mediados de 2022 y la Fiscalía General contó con el testimonio clave de Bulgarelli Rojas, quien se convirtió en "testigo de la corona" y admitió haber entregado los $32 mil a Cruz Saravanja atendiendo la solicitud del presidente Chaves y del actual ministro Rodríguez Vives.
Chaves, Rodríguez Vives y Cruz Saravanja, según la Fiscalía General, idearon el plan para que este último se beneficiara de la cooperación proveniente del BCIE, como "reconocimiento a la efectiva colaboración prestada a la campaña presidencial de 2022, a la asesoría personal que brindaba en Casa Presidencial y a la relación de amistad íntima entre ambos".
Choreco, exasesor de campaña de Chaves en las elecciones presidenciales de 2022, figuró entre 2023 y 2024 como presidente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda (AQCRM), el cual fracasó en el intento de optar por puestos de alcaldía en las elecciones municipales de febrero de 2024 tras incumplir los requisitos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De hecho, Cruz renunció un mes después de los comicios municipales.
El mandatario solicitó $1 millón al BCIE como parte de una cooperación no reembolsable, de los cuales $405 mil se destinaron a contratar a Bulgarelli. En este contexto, Rodríguez Vives habría jugado un rol clave, pues como jefe de despacho del mandatario se encargó de gestionar la contratación adjudicada al empresario y fue el enlace con el banco.
El productor audiovisual confesó que él mismo redactó los términos de referencia de la contratación y que estos fueron revisados por Rodríguez Vives.
El hecho medular ocurrió entre junio y octubre de 2022, cuando en una reunión sostenida en Casa Presidencial, en Zapote, advirtió a Bulgarelli de perder la oportunidad de obtener el contrato si no aceptaba girar los recursos a Choreco a título de "comisión".
La petición del mandatario, bajo el término de "cariñitos", quedó grabada por Patricia Navarro Molina, entonces ministra de Comunicación. Dichos audios fueron publicados por el diario La Nación en diciembre de 2023 y fueron secuestrados como prueba por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los $32 mil en favor de Cruz Saravanja fueron utilizados para pactar un contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa ubicada en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.
Según la declaración dada por Bulgarelli Rojas a la Fiscalía General, en principio, Choreco le solicitó a él firmar el contrato de compraventa. El productor audiovisual se negó a la petición, pero el 24 de febrero de 2023 depositó, desde una cuenta de RMC La Productora, los $32 mil a la propietaria de la casa (una mujer de apellido Fernández) a través de una cuenta bancaria en el Banco Popular (BP).
En agosto de 2024, Choreco fue desalojado del inmueble por falta de pago. Así trascendió públicamente en aquella oportunidad.
La acusación fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para el debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes y fue comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR), como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
