Esta es la ridícula sanción que el PANI impuso a funcionarios que ignoraron alertas de abuso y agresión

(CRHoy.com) Tres días sin goce de salario contra dos funcionarias y una amonestación por escrito a otro empleado. Esas fueron las sanciones que impuso la administración del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contra tres de sus trabajadores, a quienes se les señala por ignorar denuncias de niños, en apariencia víctimas de abuso sexual, agresión, abandono, entre otros. 

Los casos desatendidos son de prioridad 1, es decir, que se deben atender en menos de 24 horas debido al peligro al que están sometidos los niños. Sin embargo, en estos casos las denuncias ni siquiera se habían tramitado más de un año después de interpuestas. 

Un informe de la Auditoría Interna del PANI recomendó en el 2017 a la expresidenta de dicha institución, Ana Teresa León Saénz, abrir investigaciones contra tres funcionarios: una trabajadora social de la oficina de Pococí, una psicóloga de Limón y un abogado de esta última sede. Los procesos se abrieron y el resultado fue este: la suspensión de tres días sin goce de salario para las funcionarias y una amonestación por escrito para el funcionario. 

"Situaciones de alto riesgo"

Según la investigación hecha por la Auditoría, la trabajadora social de Pococí, de apellido Herrera, no atendió al menos seis casos de niños que, según las denuncias que ingresaron a su oficina, estaban siendo agredidos de distintas formas.

Por ejemplo, una de las situaciones que se denunció ante la Oficina Local de Pococí fue la siguiente: "Aparente abuso sexual de una menor por parte de su padrastro". La Auditoría encontró que un año y dos meses después no se evidenciaron acciones para tan siquiera valorar la denuncia interpuesta.

Otra de las quejas que llegó a manos de Herrera fue que un grupo de niños que "tiene unos tres días de estar enfermos, solo les dan pan y agua". El estado se repite, pues un año y tres meses después no hubo acciones institucionales para proteger a los menores.

En la Oficina Local de Limón la situación encontrada fue similar.

La psicóloga de apellido McClean no logró demostrar acciones realizadas por la institución en al menos tres denuncias. En una cuarta queja sobre un "masculino adulto que violó a una niña de 8 años", se encontró que solo se hicieron entrevistas en la sede a la madre, tía y otros dos menores de edad. La Auditoría indicó que no se evidenció la continuidad que se le debía dar al caso.

"Se oyen gritos de parte de la madre hacia los niños, muchos gritos y niños llorando constantemente", decía otra de las denuncias a cargo de McClean y que un año y tres meses después no se había atendido.

En el caso del funcionario, un abogado de apellido Hamm, se le sancionó pues el Juzgado de Familia solicitó un informe sobre cumplimiento de prevenciones acumuladas y pendientes de la Oficina de Limón. Sin embargo, cinco meses después y pese a las constantes llamadas de atención, Hamm no había entregado el informe solicitado. 

"Pueden tener como consecuencia hasta la muerte"

El informe en el que Auditoría pone en alerta a la administración del PANI sobre este caso es contundente en sus conclusiones. Inicialmente señala que las situaciones descritas podrían constituirse en una falta a la responsabilidad como servidor público.

El documento, del que este medio tiene copia, también señala que "se comprobó con una muestra la situación de lentitud con que se está haciendo la valoración en primera instacia de situaciones prioridad 1 relacionadas entre otros con presuntos abusos sexuales, maltrato físico y psicológico de personas menores de edad".

La Auditoría también encontró que se perdieron expedientes o documentos en ambas oficinas "que pueden tener como consecuencia hasta la muerte de una persona menor de edad". 

"No es legítimo que profesionales asignados a la ejecución de tareas relacionadas con sus funciones y puestos de trabajos, no realicen lo solicitado en el tiempo y forma requeridos sea por inacción u omisión, incumpliendo con sus deberes de obediencia", dice el documento.

Este medio solicitó un espacio al PANI para ahondar sobre estos casos, sanciones y seguimiento para que las situaciones no se volvieran a repetir. Sin embargo, el contacto no fue posible. 

PANI en la mira

Las alertas se encendieron en relación a la labor del PANI -de nuevo- la semana anterior, cuando se conoció que personal de esta institución recibió una denuncia por maltrato contra un niño de Sabanilla.

Sin embargo, la institución dijo que no había encontrado la casa donde estaban ocurriendo las agresiones. El niño murió horas después, en apariencia a causa de golpes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró que el menor estaba desnutrido, tenía quemaduras y moretes.

La lentitud del PANI y la falta de acción ha quedado evidenciada en más de una ocasión. Según un informe interno, en el 2017 no se atendieron 10. 705 niños y adolescentes en el país que, según distintas denuncias, estaban en riesgo.

Esta cifra representa el 20,42% del total de 52.417 de denuncias que recibió la institución en ese año.

Dentro de esos casos, catalogados como prioridad 1 dentro del PANI, hay presuntos abusos sexuales, maltrato físico y psicológico de personas menores de edad, que no fueron atendidos en un plazo de 24 horas pese a que así lo establecen los reglamentos.