Estado “vigiló” ingresos por peajes de ruta 27 a punta de cámaras durante 2 meses
Líos con contratación dejaron al ente estatal sin supervisión entre octubre y noviembre
Concesión de la ruta 27 CRH
(CRHoy.com). Durante 2 meses, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) supervisó el control de ingresos en los peajes de la ruta 27, entre San José y Caldera, a punta de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los peajes.
Esta situación atípica ocurrió en virtud de que el ente estatal no contrató a tiempo a una empresa para que se encargara de la supervisión del contrato a cargo de la compañía española Autopistas del Sol (Globalvía).
Así las cosas, entre mediados de octubre de 2021 y enero de 2022, tras el cierre contractual con la supervisora Consorcio Getinsa Gabinete, no hubo fiscalización.
La contratación de una compañía especializada que supervise el contrato de concesión es clave en un caso como el de esta carretera, pues se fiscalizan aspectos que van desde el estado físico de la ruta hasta el recaudo de peajes. Para este fin se elaboran informes mensuales que son remitidos al CNC, con aspectos y análisis sobre el tráfico vehicular y los ingresos por peajes.
El consejo confirmó a CRHoy.com que durante el lapso antes mencionado no hubo contratos activos para la supervisión tras los inconvenientes para adjudicar la licitación que se abrió en agosto de 2020.
Al consultar a la institución si consideraban esto como "riesgo" para el Estado y para los usuarios, admitieron el riesgo, pero dijeron que lo habían solventado con las cámaras.
"En este tipo de proyectos, siempre puede haber riesgo al no contar con supervisión. No obstante, la fiscalización técnica la suplió parcialmente el CNC con su personal y el control de ingresos mediante las grabaciones de las cámaras instaladas en los peajes. En este caso, no se presentó ningún evento que escapara a la atención del CNC", alegó el ente estatal, ante una consulta hecha por CRHoy.com.
La ruta 27 opera desde inicios de 2010 y comunica a San José con Caldera. Su ampliación es una prioridad para el CNC. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Viacrucis en contratación
Para comprender las dificultades con la supervisión, hay que remontarse primero al 28 de febrero de 2019. Ese día, la Contraloría General de la República (CGR) prorrogó por 24 meses el acuerdo suscrito con Consorcio Getinsa-Gabinete.
El contrato, que estuvo vigente desde 2014, fue prorrogado hasta el 7 de marzo de 2021 por una ampliación de $4.7 millones. Esa ampliación, según el consejo, serviría para dar seguridad al proceso de negociación entre el Estado y Globalvía para modernizar la ruta y ampliar el contrato de concesión.
¿Qué pasó entonces? El 24 de agosto de 2020 el CNC publicó, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) ,la licitación pública internacional para contratar la supervisión por un monto estimado de ₡6.660 millones para 4 años.
Desde agosto de 2020 hasta el 6 de diciembre de 2021, el proceso no fructificó. Se atascó entre recursos de objeción, aclaraciones, prórrogas y solicitudes de acceso a documentos confidenciales. Ese día, la junta directiva del CNC optó por declarar desierta la licitación ante la imposibilidad de contar "oportunamente" con el presupuesto necesario, aprobado y publicado. Ante la CGR, 2 consorcios apelaron esta medida: TPF-Getinsa-Euroestudios y MIPS Ruta 27.
Para reanudar la supervisión, la entidad aseguró que reactivaron temporalmente el contrato que estaba vigente al amparo de la Ley de Contratación Administrativa.
José David Rodríguez, ingeniero de la Unidad de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó de manera general y sin referirse al caso puntual que la supervisión externa procura que se cumplan todos los extremos contractuales de la concesión.
"Es importante la calidad de la inspección y la supervisión porque estos consultores se convierten en los ojos de la Administración. Y, son vitales porque son llamados a asegurar que se cumplan cada una de las cláusulas, y las especificaciones técnicas, que se estipulan en los contratos. Por eso es importante que, en cada actividad y cada frente de obra, siempre exista presencia de los inspectores o ingenieros", describió Rodríguez, quien detalló que las supervisoras también deben ser fiscalizadas por el Estado.
La ruta 27 fue inaugurada en 2010 por la administración Arias Sánchez (2006-2010), la carretera de 77 kilómetros es operada por la concesionaria española Globalvía.
La ampliación de la vía y la extensión del contrato, con una inversión estimada de $646 millones, se traduciría en una prórroga del contrato entre el Estado y el concesionario, el cual actualmente vence en 2033. Si el plan se concreta, ese vínculo se incrementaría entre 15 y 20 años adicionales (hasta 2053).