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Estafadores roban ¢1.642 millones con timo de factura electrónica

Más de 131 personas en San José denunciaron ser víctimas de un falso funcionario de Hacienda

Por Johel Solano | 26 de Nov. 2018 | 12:02 am

Las estafas se realizan a través de programas de acceso remoto de computadoras. (Archivo CRH)

Los estafadores llamaron y se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio de Hacienda, para supuestamente solucionar inconvenientes que daba el sistema de la factura electrónica.

Los dolores de cabeza que le había dado la herramienta digital hizo que una empleada de la empresa aceptara la ayuda. Con una habilidad de conversación de los sujetos, la mujer cayó en la trampa y descargó un programa de control remoto de computadora que permitió que los delincuentes tuvieran acceso a cuentas bancarias y claves.

La pequeña empresa perdió ¢4 millones. Pero este caso no es aislado. Más de 131 personas en San José presentaron denuncias por ser víctimas de un falso funcionario de Hacienda.

Al cierre de octubre se estima el robo de ¢1.642 millones y $211 mil, según explicó Karla Chinchilla de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los casos estallaron desde junio del 2018 y los principales afectados son comerciantes. "Al ser comerciantes los que se ven afectados, los perjuicios económicos son más elevados. No son solo cuentas personales sino empresariales", apuntó la funcionaria.

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¿Cómo los convencen de hacer los trámites? Los falsos funcionarios señalan sanciones, cierres de negocios y gigantescas multas que siembran terror. Esta es la nueva modalidad de los estafadores que también atacan con otros métodos conocidos como la llamada tripartita, el funcionario bancario o municipal o el timo del premio.

Desde prisión

La policía judicial señala que las investigaciones apuntan a que las llamadas se originan desde las prisiones nacionales. Estas personas hacen una alianza con "cuenta destinos", que son a quienes se les transfieren el dinero y lo retiran de cajeros automáticos.

Chinchilla explico que estos son los imputados principales de la investigación y hay de todas las edades.

"Muchos casos son amas de casa, mujeres solteras y jóvenes desempleados. Es una promesa de pago. Les pedimos datos y no nos dan detalles de quienes están detrás. Pero todos saben que uno no le puede prestar las cuentas a terceras personas", apuntó.

La jefa policial lamentó que las estructuras criminales se han fortalecido y cómo los privados de libertad tienen acceso a teléfonos celulares.

¿Un problema social?

Chinchilla señaló que en el departamento se está analizando el caso como un fenómeno social. Esto pues, se ha determinado que los costarricenses no tienen una cultura para evadir estafas por internet.

"Sin la colaboración del ofendido, ellos no podrían realizar las estafas. Nos preocupa que a pesar de las advertencias y anuncios, la gente sigue cayendo. Nos preocupa la falta de cultura financiera y cibernética", expresó la especialista.

Las autoridades insisten en que ninguna entidad pide datos personales vía telefónica.

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