Estas son las 8 industrias más vulnerables al lavado de dinero en Costa Rica, según EE. UU.

El narcotráfico continúa siendo una fuente importante de activos lavados en Costa Rica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras analizar cómo se movió este tema en nuestro país el año pasado.

El documento enviado al Congreso de Estados Unidos expone que el crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo los principales impulsores del lavado de activos y los delitos financieros en Costa Rica, sin embargo, descartan que seamos un centro financiero regional ni extraterritorial.

El estudio apunta a 8 sectores comerciales como los más vulnerables a ser usados para este delito, que en la mayoría de ocasiones está conectado a narcotráfico.

"Industrias como la construcción, el sector inmobiliario, la venta de vehículos, el cambio de divisas y la hotelería siguen siendo vulnerables al lavado de activos", dice el informe.

Además, añade otros negocios como las empresas de juegos de azar y apuestas deportivas legalizadas que operan a gran escala en Costa Rica, así como la minería y el tráfico ilegal de oro.

Estados Unidos pide poner especial atención en Crucitas, Zona Norte, pues a criterio de los investigadores la minería ilegal en esta región representa un riesgo significativo, al igual que otras formas de delitos contra los recursos naturales, como el tráfico de vida silvestre y madera, y la pesca ilegal.

Tras el análisis de los casos reportados el año pasado, se confirma que los aeropuertos y los cruces fronterizos siguen siendo puntos de tránsito para flujos ilícitos de dinero.

"Las autoridades costarricenses incautaron $1.2 millones en divisas no declaradas entre enero y octubre de 2024, gracias a la colaboración con el Programa Conjunto de Seguridad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría", explican.

Una de las críticas que se hace sobre deficiencias legales, políticas y regulaciones en materia de lavado de activos, es que el país no cuenta con una ley específica de extinción de dominio, lo cual ha tenido que cubrirse con otro marco legal bajo la figura de capitales emergencias para poder incautar activos que representan un aumento en el patrimonio de cualquier persona, sin que se haya demostrado una "fuente legítima aparente" que justifique dicho aumento.

"De enero a septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República evaluó 51 posibles casos de extinción de dominio emergente, y hasta octubre de 2024, los fiscales estaban investigando en 164 procedimientos. Además, 95 casos de extinción de dominio emergente recibieron resoluciones en 2024, 12 de los cuales resultaron en condenas. De estas condenas, cuatro casos fueron desestimados, mientras que ocho permitieron a las autoridades costarricenses recuperar $83.8 millones. La Sala Constitucional de Costa Rica dictaminó el 8 de octubre de 2024 que la reforma propuesta a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754), que introduce un mecanismo de extinción de dominio, es, en general, constitucional. A pesar de este fallo, la resistencia de algunos legisladores impide el avance de la reforma", amplía el estudio.

Durante los primeros 10 meses del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), recibió 524 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por más de $384 millones, de los cuales 102 fueron elevados a la Fiscalía General de la República para su investigación.

"Al 15 de octubre de 2024, las alertas tempranas y las acciones preventivas resultaron en la congelación de activos por $7,466,611", revelaron.

Otra de las falencias señaladas al país es la nula regulación a las monedas virtuales, las cuales tienen un crecimiento en popularidad y representan un desafío adicional para las autoridades costarricenses.

Sin embargo, destacaron que Costa Rica aplica directrices de debida diligencia del cliente, normas de reporte, disposiciones sobre ROS y requisitos de supervisión basados ​​en el riesgo que abarcan tanto a las instituciones financieras tradicionales como a las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD).

Eso significa también que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aumentaron el seguimiento de las APNFD, registrando 5261 entidades en 2023, y está negando servicios financieros a las entidades que no cumplen con las normas.

Sin embargo, resaltan que se debe actuar con los proyectos de ley que están en discusión, como el 23.415 para regular mercados de criptoactivos, una ley de fraude fiscal que se debate en el proyecto 9.416 y otra para endurecer las penas contra el lavado de activos bajo la propuesta 22.552.

Esta información se suma a lo expuesto en el informe sobre la posición de Costa Rica en la lista de países de mayor tránsito de droga hacia Norteamérica, así como uno de los principales países de origen de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes.

El documento argumenta que la ubicación de nuestro país, el amplio territorio marítimo y el reducido tamaño de sus fuerzas de seguridad hacen que sea vulnerable al tráfico de drogas.