Este es el proceso para levantar la inmunidad del presidente Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, figura desde este lunes como imputado en la acusación presentada por la Fiscalía General de la República ante la Sala Tercera, por la causa penal que se seguía en su contra en el expediente 25-000019-0033-PE, correspondiente al caso BCIE.

Se trata de una investigación que llevaba el Ministerio Público para indagar la comisión del delito de concusión, por el cual ahora están acusados el presidente y su ministro Jorge Rodríguez Vives.

El productor Christian Bulgarelli Rojas figura como testigo de la corona en este caso, debido a que firmó un compromiso para relatar cómo se gestó el contrato que derivó en el pago de dádivas. Esto motivó que el Ministerio Público le concediera el criterio de oportunidad, según lo establece el artículo 22, inciso B, del Código Procesal Penal.

Sin embargo, ambos acusados son miembros de los Supremos Poderes de la República, por lo tanto, la Constitución Política les otorga inmunidad o fuero de improcedibilidad penal.

Se trata de un privilegio que ostentan quienes fueron electos por votación popular para ocupar cargos públicos. Por esta razón, cuando estas personas figuran como sospechosas en alguna causa, el primer paso es que la investigación la asuma la Fiscalía General, independientemente del delito que se persiga.

Será el fiscal general —en este caso, Carlo Díaz— quien deba instruir todas las diligencias de investigación necesarias para determinar si el hecho delictivo presuntamente cometido por un miembro de los Supremos Poderes realmente ocurrió. Posteriormente, le corresponde formular la acusación fiscal.

Este último paso se cumplió este lunes, cuando Díaz presentó ante la Sala Tercera el documento en el que se señalan los presuntos hechos cometidos por Chaves y Rodríguez mientras ejercían sus cargos en el Poder Ejecutivo.

"Se presentó la acusación a la Secretaría de la Corte. La Sala Tercera analizará si el hecho constituye delito o no; eso forma parte del procedimiento formal. Posteriormente, si consideran que existe un delito, como lo estima el Ministerio Público, remiten el caso a la Asamblea Legislativa para que sean los diputados quienes decidan si se les levanta el fuero a los acusados", explicó el fiscal general.

Como parte de estos procedimientos especiales —y a diferencia de los ordinarios—, no le corresponde al Ministerio Público tomar la declaración de la persona imputada. Esa responsabilidad se traslada a un magistrado o magistrada instructora de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que la acusación recibe trámite en la Sala de Casación Penal, los magistrados conforman un Tribunal de Corte Plena, donde se analiza la acusación formulada por la Fiscalía. Si esta cumple con todos los requisitos legales, se procede al siguiente paso.

Los magistrados deben remitir la acusación a la Asamblea Legislativa, donde se inicia un nuevo procedimiento para designar una comisión que emita una recomendación sobre el levantamiento o no de la inmunidad.

Posteriormente, los diputados deben realizar una votación en el Plenario para decidir si están a favor o en contra de levantar la inmunidad a Chaves y Rodríguez.

Una vez aprobada la eliminación del fuero, se notifica la decisión a la Corte, la cual debe nombrar un magistrado instructor encargado de llevar adelante el proceso, que incluye la indagatoria inicial y la recepción de prueba, con el fin de determinar si corresponde celebrar un juicio contra los acusados.

En caso de que el proceso avance hasta la etapa final, los magistrados de la Sala de Casación Penal fungirían como tribunal.

El caso BCIE

La Fiscalía General confirmó que se investiga la contratación realizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la empresa del productor Bulgarelli, para una consultoría en el desarrollo de productos de comunicación para Casa Presidencial.

Dicha contratación se dio entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de 400.000 dólares, financiados con una donación de la entidad internacional.

No obstante, en audios decomisados por el OIJ a finales de enero —y publicados por La Nación—, se reveló que Bulgarelli había redactado las condiciones del concurso en el que luego fue invitado a participar y resultó seleccionado. El productor declaró ante el Congreso que nunca se le informó que se trataba de una licitación pública, ya que siempre se le habló de una contratación directa.

En los audios se escucha al presidente Chaves solicitar “cariñitos” y otros asuntos específicos dirigidos a mejorar su imagen, los cuales serían financiados con los fondos donados por el BCIE al país.

En la acusación también figura como imputado el ministro Jorge Rodríguez Vives, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como ministro de Comunicación, y que actualmente está al frente del Ministerio de Cultura.