Estos son los argumentos que hunden el “manejo heroico” de Solís en el hueco fiscal

(CRHoy.com) El informe emitido por una comisión de diputados en donde responsabilizan al expresidente Luis Guillermo Solís por el desbalance financiero ocurrido el año pasado, argumentó sus señalamientos en una serie de hechos económicos que se produjeron a lo largo de la administración pasada y que se agudizaron hacia el final de la gestión.

Los señalamientos enfatizan en un aparente manejo poco responsable de las finanzas públicas por parte de Solís, quien había autocalificado su gestión ante la Asamblea Legislativa como un "manejo heroico" de las finanzas.

Así, razones como incrementos desmedidos en el gasto público por encima de la inflación, el aparente cálculo electoral y malas decisiones financieras, terminaron por hundir ese "manejo heroico" en un hueco financiero de por lo menos ₡900 mil millones.

Estos son los argumentos que justifican señalar al Expresidente, según el informe dictaminado:

De acuerdo con los argumentos de los diputados liberacionistas Fraggi Nicolás, Luis Fernando Chacón y Yorleny León, mientras en administraciones anteriores el gasto corriente superó en promedio en un 12% los ingresos corrientes, con Solís este porcentaje se elevó a un 28% en promedio, generando un déficit primario mayor y por ende en el nivel de endeudamiento del Estado.

Esto generó un incremento en los intereses de la deuda, que pasaron de 0,4% a un 32,1%, indica el informe

Pero lo más importante fue el aumento desmedido del gasto. Pese a la difícil situación fiscal del país, de la cual Solís estaba al tanto al asumir su mandato en 2014 (entonces ya se discutía la necesidad de un plan fiscal), el gasto total sin intereses pasó de estar en un promedio del 13,2% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 17,2% del PIB en la administración Solís, lo que significó un alza en el gasto público nominal de casi 1 billón.

Hay que recordar que fue en el primer año de gobierno que se produjo la aprobación de manera ilegal del presupuesto de la República, determinado así por la Sala Constitucional, aspecto por el cual se cuestionó al entonces presidente legislativo elegido por Acción Ciudadana, Henry Mora.

 

 

Así, aún y cuando el gobierno de Solís resultó victorioso con la aprobación de un presupuesto de casi un billón mayor al anterior, el gobernante decidió posponer la discusión de una reforma tributaria durante los dos primeros años de su periodo presidencial, aún y cuando era conocedor de la necesidad de nuevos recursos.

Más presupuesto con el mismo nivel de ingresos tuvo un efecto inmediato: más necesidad de endeudamiento y por ende mayores tasas de interés.

Esos gastos fueron en promedio superiores a los niveles de inflación, con el agravante de que hacia el final de la Administración mientras los gastos corrientes mantenían su ritmo creciente, los gastos de capital; es decir, aquellos que se pueden considerar como positivos por tratarse de inversiones, más bien se desplomaron en un 25% para el periodo 2017-2018.

En agosto de 2017 el entonces presidente Solís emitió una cadena de televisión alertando a la ciudadanía sobre la llegada de una crisis de liquidez y los riesgos a futuro.

El llamado pretendía ejercer presión – ahora sí- para tramitar un paquete tributario en la Asamblea Legislativa. Sin embargo su aparición tuvo un efecto inmediato en los mercados, según la conclusión de la comisión legislativa.

Las tasas de interés de los bonos de deuda interna, en especial a largo plazo, sufrieron un alza prácticamente inmediata. En los títulos a corto plazo se mantuvo la tendencia creciente que venía desde antes, pero con mayor volatilidad y presentando fuertes saltos en cortos periodos de tiempo.

Con este escenario fue necesaria la búsqueda de más recursos en el extranjero, con la esperanza de obtener mejores intereses, pero fue aquí donde se produjo un nuevo paso en falso: los "contratos de colocación".

Como una manera de financiarse, luego de la cadena de televisión, el gobierno de Solís promovió una nueva figura denominada "contratos de colocación". Era la primera vez en la historia financiera del país que se pretendía utilizar este instrumento, el cual generó dudas a nivel político porque se interpretaba que podría significar estar haciendo pasar bonos de deuda externa como si fueran de deuda interna, utilizando intermediarios. Por ley, solo la Asamblea Legislativa puede aprobar endeudamiento externo.

El intento terminó en fracaso al no lograr la contratación esperada por $1.500 millones y el 13 de marzo de 2018 se tuvo que declarar la oferta como desierta.

Con un empeoramiento en la calificación de riesgo país, tasas elevadas y dificultades para obtener recursos con mejores tasas, el país se vio más presionado a seguir colocando "caro" a nivel nacional. Esto se refleja en un aumento en las colocaciones en colones y una baja en las de dólares.

La comisión inició la investigación presumiendo un faltante presupuestario de alrededor de ₡300 mil millones, que posteriormente creció hasta ₡600 mil millones y luego se calculó en hasta ₡900 mil millones.

En el grupo se concluyó que el gobierno de Solís estaba plenamente enterado del faltante de recursos y si bien no necesariamente conocían el monto exacto, la ley no le impedía solicitar un presupuesto extraordinario para hacerle frente.

Por ejemplo existía preocupación sobre la baja presupuestación en la partida de amortización de la deuda en el presupuesto de 2018.

Sin explicación técnica, dice el informe, se presupuestó "mucho menos de lo que históricamente se venía haciendo" a pesar de que se conocía que existían muchos vencimientos de deuda que debían atenderse en el año 2018.

En marzo de ese año el gobierno publicó un decreto modificando rebajar la partida de amortización de la deuda por un monto de ¢412.790 millones para amortizar el título de largo plazo, en favor de un incremento en la partida para la amortización de corto plazo. La campaña electoral aún no había concluido y existía mucha incertidumbre sobre cuál sería el partido ganador.

Este movimiento, según los diputados, dejó desfinanciados pagos inmediatos que afectarían la entrada del nuevo gobierno. Esto, para los legisladores es reflejo del cálculo político intentando afectar la imagen de la administración entrante.

El dictamen emitido por la comisión de Ingreso y Gasto Público deberá ser analizado por el plenario legislativo. El documento recomienda a la Fiscalía investigar por su presunta responsabilidad civil y penal a figuras como Solís, su exministro de Hacienda Helio Fallas, la tesorera Marta Cubillo, y los funcionarios de Hacienda Marjorie Morera, Melvin Quirós y Julio Espinoza. También se achacan posibles ilegalidades a la actual ministra de Hacienda Rocío Aguilar, por tener que enfrentar pagos de deuda sin contenido presupuestario.