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Estos son los pluses que el Poder Judicial no quiere perder

Institución no ve oportuno perder control en incentivos establecidos internamente

Por Pablo Rojas | 22 de Oct. 2018 | 12:01 am

Uno de los puntos por los que el Poder Judicial considera que la actual reforma fiscal los afecta tiene que ver directamente con los cambios en la estructura salarial. Es decir, variantes sobre los pluses o incentivos.

De hecho, ese es uno de los aspectos que la Corte Plena pidió a la Asamblea Legislativa corregir para evitar una "afectación" a la independencia judicial.

Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, detalló en un informe interno –que fue conocido y respaldado por la mayoría de magistrados- que los cambios no impactarán a los funcionarios actuales que ya ostentan plazas en propiedad, sino más bien a aquellos que vendrán en el futuro. Lo cual, provocaría una eventual pérdida de interés en la carrera judicial.

Según el funcionario, la actual reforma fiscal (proyecto de ley 20.580), aprobada en primer debate el pasado 5 de octubre, reduce los porcentajes por dedicación exclusiva, por prohibición y por otros componentes salariales.

La propuesta estipula que la creación de pluses o incentivos salariales será posible solo mediante proyectos de ley.

"La creación de pluses salariales o incentivos solo podrá realizarse por ley. En el caso del Poder Judicial, hay una serie de componentes salariales que han sido aprobados por actos de carácter general interno", explicó el director jurídico.

¿Cuáles son algunos de esos componentes? Incentivos por peligrosidad (en el caso de los oficiales del OIJ), incentivos por disponibilidad a funcionarios en jurisdicciones que son 24/7 y tiene que estar disponible, o cuando se dan sobresueldos a la gente que trabaja con radiaciones o ionizantes.

"Esto implicará entonces que a futuro, a los nuevos ingresos, eso puede llegar a ser una afectación potencial", expresó Campos.

Pluses en vilo

-Dedicación exclusiva

  • Actualmente es abierto y con vigencia indefinida, pero con el proyecto se estipula un plazo de vigencia para el contrato y un período para gestionar la prórroga.
  • Hoy se establece según el reglamento interno. Con la reforma será definido en función de del interés público y razonado según el costo de oportunidad.
  • En este momento se firma en el departamento de Gestión Humana por orden del máximo jerarca, pero con el proyecto de ley la firma se confiere solo al máximo jerarca de la entidad.
  • En la actualidad el porcentaje que lo fija se estipula en un 65% por poseer licenciatura (o un grado superior) o un 20% por ser bachiller universitario. Eso, con la propuesta de reforma, se reduce a un 25% por el grado de licenciatura (o grado superior) y un 10% por grado de bachillerato universitario.
  • En el texto de reforma se modifica parcialmente la posibilidad de ejercer funciones no relacionadas con la profesión que se firmó en el contrato.

-Prohibición y porcentajes de compensación

  • Actualmente se paga así: 65% por licenciatura o educación superior, 30% por bachiller en informática, 25% por técnicos especializados 5 que realizan tareas en tecnologías de la información.
  • La reforma propone: un 30% por contar con licenciatura o grado superior, 15% por bachiller universitario y no se contempla personal técnico.

-Incentivos internos afectados

  • Incentivo creado para compensar labores de diferentes clases de puestos por considerar que realizan funciones de mayor peligrosidad que el resto de puestos de la institución en puestos jurisdiccionales y policiales (jueces, agentes del OIJ o fiscales).
  • Bonificación por Exclusividad Policial (BEP). Es la retribución percibida por el agente del OIJ encargado de realizar investigaciones criminales. Esto para compensar la obligada y exclusiva prestación de labores a la que se encuentra sujeto dentro del organismo, por la naturaleza de sus actividades y en función del buen servicio público.
  • Coordinación de jueces: incentivo que se le reconoce a un juez por recargo de labores de coordinación técnicas y administrativa dentro de un despacho, según la cantidad de jueces que se tenga a cargo.
  • Incentivo de regionalización: se concede a aquellos puestos de la judicatura en las cuales se dificulta cubrir nombramientos por las características sociales propias de la zona. No se paga de oficio, sino que conlleva un procedimiento asociado para la concesión del beneficio.
  • Incentivo por concepto de reconocimiento por disponibilidad, variabilidad y particularidad de los funcionarios que están a disposición permanente de los señores Magistrados.
  • Sobresueldo de responsabilidad radiológica, sea por la exposición contra las radicaciones ionizantes, debido a que debe velar por el buen desempeño de la protección radiológica operacional.

-Incentivos del OIJ

El personal operativo del OIJ posee distintos pluses que no son homogéneos para todos los funcionarios (localizadores, custodios de detenidos, agentes de protección, investigadores).

Actualmente los pluses salariales que existen en el OIJ son:

  • Dedicación exclusiva o prohibición para puestos profesionales operativos.
  • Riesgo (10%).
  • Variación de jornada (20%).
  • Disponibilidad (10%). (Un 1% para custodios de detenidos en sedes regionales).
  • Bono por exclusividad policial (10% puestos no profesionales).

"Las consecuencias de que los nuevos servidores que ingresen a laborar al OIJ en puestos operativos no devenguen pluses salariales, son de trascendental preocupación ya que conllevarían debilidades y amenazas para el funcionamiento institucional", citó el informe planteado por Campos.

Además de esto, la institución prevé afectaciones en el incentivo por carrera profesional (grados académicos no serán reconocidos como requisito para merecer un plus y las capacitaciones ya no se pagarían con fondos institucionales) y la anualidad se fijará según montos predefinidos para cada escala salarial.

"La implementación del proyecto implicará un debilitamiento de las condiciones salariales de los funcionarios judiciales y una reducción de la deseabilidad de ingreso a la carrera judicial", concluyó el análisis planteado por el funcionario.

Para el 2019, se presupuestaron ₡474.792,0 millones al Poder Judicial como presupuesto institucional. De esos fondos, el 96% (₡456.035,1 millones) lo consumirán las partidas de remuneraciones, servicios y bienes duraderos.

Del total presupuestado, unos ₡180.000 millones se destinarán al pago de pluses.

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