Exdiputados ignoraron propuesta de director ejecutivo para regular uso de gasolina en el Congreso
Cambio en normativa permitió a exlegisladora Ivonne Acuña abrir un crédito por ¢3 millones
Edificio de la Asamblea Legislativa. (Foto: CRH)
(CRHoy.com) Los diputados de la anterior administración ignoraron una propuesta de ley de la Dirección Ejecutiva del Congreso, que procuraba prohibir la acumulación de los saldos de gasolina de los legisladores.
Cada diputado recibe 500 litros por mes, si no lo gastan, los saldos los pueden acumular para meses siguientes. Esto, gracias a que en julio del 2021, un criterio del Departamento Legal del Congreso acordó levantar los parámetros que impedían que un diputado pudiera usar los saldos no gastados en el mes y utilizarlos en el momento que así lo desee.
La resolución AL-DALE-PRO-0137-2021, con fecha del 14 de julio de 2021, suscrita por Freddy Camacho Ortiz, director a.i. del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, se señala:
"Los legisladores y las legisladoras tienen derecho a utilizar los saldos disponibles en sus tarjetas, según el Convenio suscrito por nuestra institución con el Banco de Costa Rica, conforme con los depósitos efectuados con sustento en la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa, N° 7352; incluyendo los saldos de meses anteriores sin utilizar. Cualquier limitación al uso de combustible ya asignado de conformidad con la Ley N° 7352, debe de ser corregido por la Administración, por tratarse de una limitación operativa y/o funcional y no de naturaleza jurídica".
Antes de la resolución, si el legislador en el mes no había gastado los 500 litros, los saldos quedaban "congelados".
Además, la administración mantenía un límite de ¢500 mil en las tarjetas del Banco de Costa Rica (BCR) que recibe los diputados y donde se les deposita el equivalente a los 500 litros, según el precio de referencia de la gasolina súper.
Hoy el valor de la gasolina súper es de ¢958 por litro, es decir, 500 litros corresponden a ¢479.000, que es la cantidad que recibe cada congresista para gastar libremente en gasolina, además de las remuneraciones que obtiene y prácticamente sin ninguna supervisión sobre a quién le llena el tanque de gasolina.
En el oficio AL-DREJ-OFI-0712-2021, dirigido a Francisco Araya Alfaro, director a.i. de la división administrativa, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales le solicita "realizar las acciones correctivas" para acogerse al criterio legal y romper así el límite de los ¢500 mil.
¿Por qué no prosperó la reforma?
Cuando los diputados del cuatrienio anterior entendieron que podían usar los saldos e incluso acumularlos, muchos optaron por abrir líneas de crédito en gasolineras.
El caso más llamativo y que la prensa sacó a luz, fue el de la exdiputada independiente, Ivonne Acuña, que en un solo día pasó la tarjeta del combustible del BCR por un monto de ¢3 millones en una estación de servicio en Escazú.
Una investigación posterior del Congreso, concluyó que había indicios que Acuña abrió esta línea de crédito con la intención de usar el combustible incluso luego de dejar el cargo como diputada.
Hoy día, Acuña aún no devuelve los ¢3 millones que gastó el 30 de noviembre del 2021, 11 días antes de salir al país.
Este hecho llevó a Ayales a impulsar una reforma a la Ley 7352, para revertir la decisión administrativa del uso de los saldos.
La exdiputada Ivonne Acuña, aún no devuelve los 3 millones de colones del combustible. (Foto: archivo)
Para ello se presentó una moción dentro del expediente 22.459, de la exdiputada oficialista Carolina Hidalgo, que buscaba eliminar la "discrecionalidad" que se indica en la Ley 7352.
Esa normativa establece en su artículo quinto: "los diputados dispondrán de una cuota mensual de quinientos litros de combustible, para uso discrecional en vehículos automotores".
El objetivo era eliminar los saldos haciendo que si el legislador no consumía los 500 litros, el resto no se acumule, sino que se sume para completar los 500 litros del mes siguiente.
La iniciativa se dictaminó positivamente en la Comisión de Gobierno y Administración el 29 de marzo del 2022.
El texto aprobado señala lo siguiente:
"A los diputados se les asignará una cantidad mensual, no acumulativa, de hasta 500 litros de combustible, para el consumo de vehículos automotores particulares y uso administrativo de la Asamblea Legislativa, para ser utilizado en el desplazamiento relacionado con las funciones propias de su cargo".
"El diputado, después de finalizado cada mes, presentará la justificación y documentación pertinente para que se le asigne la cantidad de litros de combustible que corresponda, siempre que no exceda el monto indicado en el párrafo anterior".
"El Directorio, en ejercicio de sus funciones administrativas, dictará un reglamento dirigido a asegurar controles razonables, integrados y congruentes, dirigidos a impedir el despilfarro, pérdida, uso indebido irregularidad o acto ilegal y los mecanismos que permitan la detección oportuna de deficiencias y desviaciones", concluye el texto aprobado.
Pero, el proyecto no avanzó en plenario, porque las fracciones en ese momento del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República y una parte del Partido Liberación Nacional (PLN), insistieron que se incluyera en la regulación a todo los poderes de la república y no solo a la Asamblea Legislativa.
Esto generó un criterio de Servicios Técnicos que hacía inconexo el proyecto y terminó enterrando la propuesta sin apoyo de las bancadas.
Nuevo intento
Ayales confirmó a CRHoy.com que buscará la forma de incluir esta reforma en la actual legislatura.
Una opción es aprovechar un proyecto de ley que ha presentado la fracción del Frente Amplio (FA), del legislador Ariel Robles, para zanjar de una vez por todas el portillo abierto.
El frenteamplista presentó a la corriente el expediente 23.127, que de aprobarse, la cuota de combustible para las diputaciones se rebajaría y no será acumulable bajo ninguna circunstancia.
La misma establece que será el Directorio Legislativo quien determinará el mecanismo correspondiente para el control y fiscalización de dicha cuota mensual.
El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales prometió hacer un nuevo intento para reforma la ley. (Foto: archivo)
La jefa de fracción del PLN, Kattia Rivera, señaló que a la fecha no ha tenido comunicación alguna de la administración sobre el impulso para alguna reforma, aunque la verdiblanca cree que ese cambio podría ser desde la administración sin necesidad de aprobar una reforma de ley.
Mientras que la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, reconoció que desconoce lo que ocurrió con la reforma en la legislatura anterior, pero que mantienen la posición de que lo que se regule se aplique a toda la función y no únicamente a la Asamblea Legislativa.