Exdiputados recomendaron prohibir uso de decretos de emergencias para mantenimientos
Obras en la pista del Daniel Oduber
La comisión legislativa que investigó la anomalías denunciadas en la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, recomendó prohibir que obras de mantenimiento ordinario o deterioros previamente conocidos se incorporen dentro de declaratorias de emergencia.
La comisión concluyó en su informe de mayoría que en la rehabilitación de la pista del aeropuerto existieron debilidades de control, facilitados por la contratación bajo criterio de emergencia.
El informe plantea endurecer los controles sobre las contrataciones de alto impacto económico mediante la participación obligatoria de la Contraloría General de la República cuando se trate de infraestructura estratégica. Además, propone blindar la independencia técnica de los funcionarios encargados de la supervisión de obras y establecer auditorías externas obligatorias en proyectos aeroportuarios.
Los legisladores recomendaron además realizar una auditoría forense y un peritaje estructural independiente sobre las obras ejecutadas en la pista del aeropuerto de Liberia para verificar la calidad de los trabajos, el cumplimiento contractual y la eventual existencia de sobreprecios o afectaciones al patrimonio público.
Como parte de las medidas correctivas, la comisión también pidió fortalecer los mecanismos de denuncia protegida dentro de Aviación Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como establecer responsabilidad patrimonial para funcionarios que alteren criterios técnicos o justificaciones administrativas en procesos de contratación.
Los diputados acordaron recomendar que el informe fuera remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública para que valoren eventuales responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
La comisión también respaldó la aprobación del expediente legislativo 24.981, impulsado por el exdiputado Antonio Ortega, que otorga al Lanamme-UCR la facultad expresa de fiscalizar la infraestructura aeroportuaria nacional. Según el informe, el caso de la pista del aeropuerto de Liberia evidenció la necesidad de contar con controles técnicos externos, permanentes e independientes sobre este tipo de obras.
El informe de investigación aprobado por mayoría por la Comisión Especial de Infraestructura sostiene que existían alertas técnicas sobre el deterioro crítico de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós desde al menos mayo de 2022. Según los exdiputados, esa condición era conocida por las autoridades y estaba respaldada por informes técnicos previos, por lo que cuestionan que posteriormente se utilizara una declaratoria de emergencia para justificar la intervención de la terminal aérea.
No había relación con emergencia
Los exlegisladores señalaron que no encontraron evidencia suficiente que demostrara una relación directa entre los daños en la pista y los efectos de la tormenta tropical Bonnie, requisito que establece la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo para habilitar contrataciones bajo un régimen excepcional. Por el contrario, concluyen que el deterioro de la infraestructura se conocía antes de ese fenómeno climático.
El informe también pone la lupa sobre las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en junio de 2023, cuando se modificó el decreto de emergencia para incorporar al cantón de Liberia e incluir expresamente la rehabilitación de la pista, con una inversión estimada en $40 millones. Para la comisión, la rapidez con que se tomaron esas medidas obliga a determinar si el mecanismo de emergencia se utilizó conforme a su carácter extraordinario o si sirvió para evitar los procedimientos ordinarios de contratación pública.
Actualmente existe una causa penal abierta por tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; el presidente de la CNE, Alejandro Picado; el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el jefe de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
