Investigan si exdirector de Fuerza Pública estaría ligado a grupos criminales que extraen oro en Crucitas

Un exdirector de la Fuerza Pública de apellido Pizarro, que fue condenado por tráfico de drogas, figura como presunto vínculo con grupos criminales dedicados a la extracción de oro en Crucitas y fincas cercanas.

Eric Lacayo, viceministro de Seguridad, confirmó que tienen información sobre las incursiones que está haciendo este sujeto que salió de prisión en julio de 2022, tras cumplir una condena por movilizar un cargamento de droga.

Lacayo detalló que recientemente la Fuerza Pública abordó al exjerarca en al menos dos ocasiones en Crucitas, sin lograr su detención.

"No se le decomisó nada, simplemente se identificó y no tenía ninguna situación que implicara algún trámite ante las autoridades judiciales", explicó.

No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública remitió información a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre su presencia y supuestos nexos con grupos criminales ligados a la minería ilegal.

El viceministro aseguró que los datos ya se manejan en sede judicial, incluidos testimonios que ubican a Pizarro en distintas propiedades con ofrecimientos de dinero para incursionar en terrenos cercanos al río San Juan.

"Tenemos claro que está ocurriendo algo importante en la zona con algunas estructuras vinculadas a temas de criminalidad", afirmó.

El funcionario enfatizó que estos detalles son posibles de conocer gracias a la labor frecuente que está haciendo la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras en la zona.

Vecinos confirman ofrecimientos

Habitantes de comunidades cercanas a la frontera norte confirmaron a CR Hoy la presencia del sospechoso en fincas ubicadas entre Los Chiles y sectores limítrofes con Nicaragua, en Sarapiquí.

Un vecino, quien pidió anonimato por temor a represalias, indicó que el exdirector policial ha ofrecido comprar propiedades, aunque varios dueños se han negado a vender.

"En una ocasión también llegó a decir que si le alquilaba la finca, pero yo le expliqué que no podía y además estamos al pendiente de lo que resuelva el gobierno o la Asamblea con las nuevas leyes que quieren poner. Claramente es para sacar oro, porque hay cercanía a cerro Conchuditas (otra zona de extracción)", dijo el lugareño.

El testigo también relató que el sospechoso compró una tómbola para procesar material extraído de las montañas. Sin embargo, en esa ocasión trasladaron el equipo a otra zona ante la presencia policial en Costa Rica y operativos del ejército nicaragüense en el río San Juan.

7 grupos criminales en la zona

El viceministro Lacayo confirmó que al menos siete grupos criminales operan actualmente en Crucitas. Estas estructuras aprovechan la crisis social y ambiental para apoyar a coligalleros que ingresan desde Nicaragua y participan en la minería ilegal.

Según autoridades, estas organizaciones actúan de forma violenta. Financian grupos que invaden fincas, incluso cerradas, y amenazan a quienes intentan impedir el paso.

"Tenemos identificadas varias estructuras de crimen organizado. Hemos informado a las autoridades correspondientes para los debidos procesos de investigación. Constantemente les incautamos indicios que nos puedan dirigir a un proceso todavía más profundo de investigación", indicó Lacayo.

El funcionario agregó que estas redes criminales también se vinculan con decomisos de droga, contrabando, trata de menores y dinero.

Incluso mencionó un caso inusual: el decomiso de yuanes —moneda china— a ciudadanos nicaragüenses, además de drogas como crack y la detención de un ciudadano dominicano en la zona.

Presunta infiltración policial

CR Hoy reveló en exclusiva en febrero que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene una investigación para determinar si oficiales de la Fuerza Pública habrían facilitado información a organizaciones criminales vinculadas con la extracción ilegal de oro en Crucitas.

El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto Rojas, señaló que las autoridades analizan posibles filtraciones que habrían permitido a estos grupos anticipar operativos.

"Tenemos mucha fuga de información, en algunos momentos se han vinculado a algunos policías con estos grupos, entonces también es un poco difícil frenar a estas personas que sacan el oro", indicó.

Las pesquisas apuntan a que estas estructuras criminales no solo financian la actividad minera ilegal, sino que también invierten en redes de vigilancia para proteger sus operaciones.

Según el OIJ, estas organizaciones reclutan personas que alertan sobre la presencia policial en fincas y rutas de acceso, lo que les permite movilizarse o retirarse antes de los controles.

Este esquema complica la intervención de las autoridades en la zona norte, donde los grupos han logrado adaptarse a la presión policial y mantener sus actividades mediante cambios constantes en rutas y puntos de extracción.