Exgerente demanda a CNFL y pide ¢540 millones por “daños morales”

El exgerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Pablo Cob Saborío, pretende que la institución le cancele ¢540 millones de colones por los supuestos daños morales que le causó su despido en junio del 2014. Eso a pesar de que la entidad le pagó en aquel momento ¢360 millones por concepto de liquidación.

Cob, cuya gestión fue cuestionada por una serie de nombramientos,“desorden y excesos", hace una serie de 11 peticiones en su demanda que se tramita el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

La demanda judicial, de la cual CRHoy.com tiene copia, fue presentada en junio del 2015 y consta de más 100 páginas donde Cob justifica "las razones" por las cuales considera que su despido fue ilegal y explica la “afectación que sufre”.

Califica la decisión administrativa como ilegítima, asegura que le ha generado "lesiones graves y gravísimas" no solo de orden patrimoniales, sino también morales y emocionales. Cob argumenta que durante 48 años como trabajador del grupo ICE -24 de ellos como gerente general de la CNFL- su labor fue "incuestionable", a pesar de que informes señalan que Cob hacía nombramientos "a dedo", tenía asignados 14 vehículos a su gerencia, "una cantidad excesiva de personal" y un "desorden" en la institución.

“No tenía ni siquiera pensado acogerme a mi pensión cuando me sorprendió el despido del que fui objeto… La desconfianza reduce sustancialmente las posibilidades de una nueva contratación, así, muy a mi pesar, me vi obligado a pensionarme porque no podía vivir con el salario que devengaba como profesor universitario, contexto en el que también mi imagen y mi honorabilidad fueron severamente afectadas”, explica Cob en la página 47 de la demanda.

Agrega que ha experimentado “sentimientos de angustia, inseguridad, enojo, tensión, estrés y vergüenza de la secuela mediática del despido, que por cierto estuvo acompañada de informaciones sesgadas y groseras… Me  he visto expuesto al desprestigio, al deshonor, señalamiento y exclusión social…”

Para Pablo Cob  y su abogada y hermana Liliana Cob Saborío, estos daños morales se pueden clasificar en objetivos y subjetivos y son “ilícitos y si se quiere, anormalidad de la conducta administrativa” de la institución.

Entre la página 49 a la 51 de la demanda, Cob describe lo que exige como sentencia en contra de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz a:

1. Que declare nulos los 6 actos administrativos de las sesiones de junta donde se convoca, se redacta y queda en firme su despido.
2. Que se le restablezcan en su puesto y reconozcan todas las situaciones jurídicas lesionadas.
3. Que la CNFL pague todos los daños y perjuicios que incluye:
   • El pago de salario mensual de siete millones seiscientos noventa y dos mil colones y 3% del salario en especie (carro discrecional) dejados de percibir a partir de Junio del 2014 y mientras no cese las nulidades de los actos administrativos.
   • El pago de los intereses que generen los montos salariales y salario en especie no percibido desde Junio del 2014 a la fecha.
   • El pago de ¢240 millones por daño moral objetivo.
   • El pago de ¢300 millones por daño moral subjetivo.
4. Que todos los montos a pagar se traigan a valor presente.
5. Que la CNFL pague los costos y sus intereses hasta su efectivo pago.

Despido con responsabilidad laboral

Al momento de su despido, Pablo Cob devengaba un salario mensual de ¢7.6 millones, más el 3% en especie determinado en el uso del vehículo discrecional. Así lo confirma su última constancia salarial.

El despido de Pablo Cob le costó una millonaria factura a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que lo liquidó con todos los derechos laborales y pagos que establece la ley.

Así lo confirma esta copia de la liquidación de Cob que fue solicitada por este medio a la CNFL. Cob recibió la liquidación el 4 de julio del 2014.

De los ¢360 milllones recibidos como liquidación, ¢261.5 millones corresponden a las prestaciones de ley y ¢99 millones son del fondo de garantía de la institución.

Cob ingresó a trabajar al ICE el 16 de abril de 1966 en puestos técnicos y administrativos y fue nombrado gerente general de la CNFL el 1 de Julio de 1989.

Su larga trayectoria en la institución se vio interrumpida en tres ocasiones cuando fue nombrado Presidente Ejecutivo del ICE en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco y tras cada gestión regresó a su puesto en propiedad.

La decisión del despido se dio un mes después de ingresar la administración Solís Rivera, en junio del 2014. En su momento, el exministro de la Presidencia Melvin Jiménez indicó “que el funcionario no calza con el proceso de modernización del ICE ni la visión de unificación que el gobierno tiene de la empresa”.

Días después, Victor Solís -quien reemplazó a Cob en el puesto de gerencia general- indicó que el “desorden y excesos imperaban en gerencia de la CNFL, los números están en rojo”.

CRHoy.com buscó desde el lunes anterior a Pablo Cob Saborío y a su abogada Liliana Cob Saborío para conversar sobre la demanda y consultar cuáles parámetros utilizaron para determinar los millonarios montos que solicitan por daños morales. Ninguno contestó a nuestras llamadas. Se dejó un mensaje con la hija de la abogada quien guardó los números de contacto y correos electrónicos de esta redacción, sin embargo al cierre de esta nota no hubo respuesta.

“Sus pretensiones son desproporcionadas”

Guillermo Sánchez, asesor jurídico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, asegura que las pretensiones del exgerente son improcedentes y desproporcionadas y que la demanda carece de argumentos.

CRHoy: ¿Cuál es la posición de la institución ante la demanda interpuesta por el exgerente Cob?

Sánchez: La posición de la CNFL ante esta demanda fue de sorpresa, ya que al señor Cob se le finalizó el contrato con responsabilidad patronal, una vez que el Consejo de Administración tomó el acuerdo de cesarlo. En nuestra contestación de esa demanda, se efectuó el rechazo a las pretensiones del demandante por ser improcedentes, desproporcionadas e infundadas ya que le fueron cancelados todos y cada uno de los extremos laborales que a derecho le correspondían.

CRHoy: Cob argumenta que su despido no fue legal por el procedimiento. ¿Están seguros que hay solidez en el acto?

Sánchez: El acto no solo es sólido sino que además es válido y eficaz. El Acuerdo (de despido) lo toma el Consejo de Administración de la CNFL, como órgano superior jerárquico de la sociedad, con la mayoría absoluta de los miembros presentes, a través de una sesión extraordinaria del órgano gestor de la sociedad, conforme lo dispone su escritura constitutiva. En razón de ello sí estamos seguros que hay solidez en el acto.

CRHoy: El exgerente Cob solicita indemnizaciones millonarias. ¿Qué opinan de eso?

Sánchez: Nuestra opinión al respecto es rechazo absoluto, ya que para nuestro criterio sus pretensiones son desproporcionadas y salidas de toda lógica jurídica. Como se indicó, tras la destitución del señor Cob se le cancelaron todos los extremos correspondientes. En ese orden de cosas, se puede afirmar que el señor Cob recibió como parte de los derechos laborales la suma de más de 360 millones de colones.

CRHoy: ¿Cuántos abogados defenderán a la entidad y cómo se preparan?

Sánchez: El caso lo tiene a cargo la Dirección Jurídica Empresarial, quien designa al personal que se requiera según el tipo de proceso. El caso del señor Cob fue atendido por la Directora Jurídica y el Jefe de la Unidad de Consultoría y Procesos Judiciales en su momento, para responder la demanda. Sin embargo, pueden nombrarse apoderados especiales judiciales según se vaya desarrollando el proceso contencioso.

Consultado al respecto, Carlos Manuel Obregón, presidente ejecutivo ICE se limitó a decir que “Procedimos de acuerdo a derecho en la separación del señor Pablo Cob. Se determinó la necesidad de sustituirlo y esa es una potestad de la Junta de Administración de la CNFL”.

El presidente del ICE y el departamento jurídico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sostienen que la decisión es una potestad de la junta que administra la empresa del Estado.