Exgerente se desvincula de compra de Parque Empresarial realizada por BCR-SAFI
Douglas Soto Leitón, exgerente general de Banco de Costa Rica (BCR) negó su participación en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR), cuando formó parte de la junta directiva de dicha entidad en el 2020.
Así lo aclaró el exgerente ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que sigue una investigación sobre el caso.
Soto detalló que, durante su gestión como gerente, a lo largo de 7 años participó en 11 comités, y que era sustituido por la subgerencia cuando no se encontraba en funciones. Dejó el cargo en febrero de 2025.
"Debo informar que desde que llegué asumí también la gerencia de comité de inversiones de BCR-SAFI, pero cuando por asuntos de fuerza mayor me ausentaba la presidencia la asumía el señor Álvaro Camacho, quien se desempeñaba como subgerente corporativo (…) En este caso particular, debo informar que no estuve presente cuando se avaló el proyecto del Parque Empresarial del Pacífico, no estuve presente cuando se aprobó el proyecto ni estuve presente cuando se presentó a la junta directiva de BCR-SAFI", manifestó Soto.
Además, el exdirectivo aformó que entregará un informe con el relato de los hechos a dicho foro legislativo.
Compra del Parque
La compra de la propiedad, de más de 540 mil metros cuadrados (m2) y aledaña a la carretera Costanera Sur, se concretó el 20 de febrero de 2020 a una sociedad ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales, legislador por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) entre 2014 y 2018.
El informe de relación de hechos realizado por la Auditoría Interna del BCR, con fecha de junio de 2023 y que sirvió como base para la denuncia penal presentada por la junta directiva de la SAFI el 26 de agosto de 2024, revela que el inmueble estaba inconcluso al momento de la compra. Por ejemplo, estaba pendiente terminar la construcción de naves en frío (bodegas para refrigeración).
La compra por $70 millones se concretó a pesar de que hubo inspecciones realizadas entre octubre de 2019 y febrero de 2020 por el área de ingeniería de la SAFI y la gerencia general de la sociedad.
Para ese momento, según el informe auditor, los funcionarios debieron percatarse de que el inmueble no estaba al 100%. Sin embargo, habrían omitido alertar estas situaciones a los órganos encargados de decidir el futuro de la adquisición de la propiedad.
Previo a avalar la compra, el Área de Ingeniería de la SAFI emitió un informe el 17 de octubre de 2019 que estimó el valor del PEP en casi $70 millones. Por ejemplo, se incluyeron: 399.002 m² de patios por un valor superior a los $19.9 millones, 3 bodegas por $15.6 millones y una bodega (nave en frío) valorada en más de $6.8 millones. Pero los análisis efectuados por la Auditoría Interna advirtieron que para entonces el parque no estaba al 100% y que su valor no podía ser ese.
Fiscalía buscó información
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción efectuó 16 allanamientos, el 4 de diciembre anterior, como parte del Caso BCR-SAFI, relacionados con una investigación que pretende establecer responsabilidades por la compra de nueve propiedades pagando un sobreprecio total superior a los $92 millones.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público explicó que se investigan "delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos".
"El objetivo es ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación, tal como documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción", añade la comunicación de la Fiscalía.
En julio del 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público, donde ya existía una causa abierta para investigar la compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), recibió informes de presunto tráfico de influencias y destrucción de documentación en el Banco de Costa Rica (BCR).
Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.
Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y, desde la apertura del parque, se han presentado infinidad de problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.
En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y lo habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.
Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas.
Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes.