Exjefes del Conavi imputados en “caso Cochinilla” tienen millonarias pensiones con cargo al presupuesto nacional
Pertenecen a regímenes especiales que administra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
El Conavi estuvo entre las instituciones públicas que allanó el OIJ el lunes 14 de junio para recabar pruebas sobre presuntos actos de corrupción para favorecer a varias empresas constructoras. (Foto: CRH)
(CRHoy.com) Dos de los exjerarcas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que figuran entre los principales imputados en el caso "La Cochinilla", pertenecen al régimen especial de pensionados que paga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con fondos del presupuesto nacional.
Cada uno recibe una pensión mensual que supera los ¢2,6 millones al mes y al no pertenecer al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tienen derecho a un tope más alto en el monto del beneficio, esto si se compara con lo que reciben los afiliados del sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las pensiones con recargo al Presupuesto Nacional, se financian con los recursos que aportan los ciudadanos a través del pago de impuestos, con créditos que adquiere el Estado o con títulos de deuda pública que coloca el Ministerio de Hacienda.
Para el 2021, este tipo de pensiones consumirán ¢1,1 billones, del total del Presupuesto Nacional que asciende a los ¢11,4 billones, esto sin contemplar los tres presupuestos extraordinarios aprobados en el primer semestre del año.
Los dos exjefes se acogieron a la jubilación entre los años 2018 y 2021, previo a que estallara el escándalo de corrupción y antes de que fueran detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fiscalía entre los principales imputados de la investigación. Ambos se encuentran cumpliendo medidas alternas a la presión preventiva.
Se trata del exgerente financiero del Conavi, de apellidos Solís Murillo, quien trabajó por más de 30 años para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y se habría jubilado a principios del 2021, con un monto mensual de ¢2,7 millones.
También el exgerente de la dirección de Contratación del Conavi de apellidos Barth Ramírez, quien trabajó para la institución desde el año 2003 y que se pensionó en 2016 con un monto que ronda los ¢2,6 millones al mes.
La jubilación de Barth Ramírez fue cuestionada, ya que logró concretarla mientras se gestionaba un despido en su contra, pero gracias a un error de una abogada del Conavi, fue restituido en el cargo y pudo culminar los trámites para la pensión.
El derecho a la pensión no puede ser interrumpido por la investigación penal, ya que no existe sustento legal para hacerlo. Esto le garantiza a los imputados continuar recibiendo el dinero incluso en caso de una eventual condena.
Cuestionamientos
El Conavi y otras instituciones públicas, como la Casa Presidencial, fueron allanadas por el OIJ el pasado 14 de junio por el caso Cochinilla. (Foto: Cortesía OIJ/ Con fines ilustrativos)
A Barth Ramírez, exjefe de la dirección de contratación del Conavi, la sección Anticorrupción del OIJ lo identificó como una de las personas que recibió presuntas dádivas por parte de empresas constructoras a cambio de amañar contratos.
Según el testimonio de la exesposa del exministro del MOPT Carlos Villalta – el exjerarca lo describía, supuestamente, como corrupto y decía que hacía muchas movidas por su lado. El expediente señala que entre octubre del 2015 y marzo del 2016, se presentó al Conavi durante un día libre para gestionar obras en favor de la empresa H. Solís, las cuales le costaron al país ¢832 millones más caras.
En el caso de Solís Murillo, fue felicitado por la dueña de la empresa H. Solís por conseguir de parte del Ministerio de Hacienda un fondo adicional de ¢51 mil millones para esa entidad.
"Esto es un chiquito suyo Carlos, esto es una creación de Carlos Solís (…) muy bien jugado oyó…", le dijo Solís Vargas.
El monto fue trasladado al MOPT y posteriormente, enviado al Conavi con órdenes de pago de facturas de las constructoras como MECO y H. Solís.
La Tesorería Nacional debía aprobar ese giro de dinero para poder "sostener" el hueco de aproximadamente ¢42 mil millones que había en el Conavi por el presunto desvío de fondos de otros proyectos para pagar contratos a las constructoras, según lo cita OIJ. CRHoy.com intentó comunicarse con los exfuncionarios para escuchar su versión, pero no respondieron a las llamadas.
Las autoridades le atribuyen la recepción de sobornos por parte de las empresas que incluían desde dinero en efectivo, hasta comida, licor y favores sexuales.