Narcos burlaron escáneres en Moín con ayuda de policías
El fiscal general, Carlo Díaz, sostiene que los escáneres y la Operación Soberanía, promovida por el Gobierno para reforzar la vigilancia en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), fueron burlados y fracasaron en frenar la exportación de droga, como quedó demostrado con el caso Leviatán, en el que se investiga el envío de 14 toneladas de cocaína desde Limón hacia Europa.
Una organización que brindaba apoyo logístico a otros grupos para facilitar la contaminación de cargamentos legales con alijos realizó, al menos, 14 envíos de cocaína cuando los escáneres ya estaban instalados, pese a que el Gobierno anterior presentó esa tecnología como un freno definitivo a la exportación de droga oculta.
Al momento de esos envíos también estaba en marcha la Operación Soberanía, un cambio operativo impulsado por el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, mediante el cual se retiró a los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) del puerto y, en su lugar, se asignó a oficiales de la Policía de Fronteras y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).
"Estaban en funcionamiento los escáneres y la Operación Soberanía, que el señor expresidente Rodrigo Chaves había inaugurado. Él, con bombos y platillos, dijo que no iba a salir de Costa Rica ni un gramo más de cocaína.
Aquí tenemos los ejemplos de que esa operación fue burlada, incluso con participación de policías de Fronteras, miembros de la seguridad privada y miembros de APM Terminals", señaló el fiscal.
Según la investigación, la organización desarticulada logró enviar cargamentos de cocaína desde marzo de 2023 hacia destinos como Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, España, Noruega y Estados Unidos.
Retiro de la PCD
Para el fiscal general, la investigación del caso Leviatán también deja en evidencia cómo la decisión del Gobierno de Rodrigo Chaves de retirar a los agentes especializados de la PCD de la TCM debilitó la lucha contra el narcotráfico internacional.
"Es evidente la falta que hacía la PCD en esa terminal portuaria. Si ahí hubiera estado la PCD, muy fácilmente hubiera detectado que los miembros de la seguridad privada y otros estaban incumpliendo con sus funciones y quizá estos trasiegos de droga no se hubieran dado.
Es algo que siempre nos preguntamos: ¿cuál fue la decisión que motivó sacar a la PCD de APM Terminals, de los aeropuertos y de mover el Servicio Nacional de Guardacostas a tierra? Todas estas decisiones lo que hacen es facilitar el crimen organizado", dijo Díaz.
La controversia comenzó formalmente cuando el Poder Ejecutivo, bajo la estrategia antidrogas denominada Operación Soberanía, modificó el esquema de vigilancia portuaria.
El Ministerio de Seguridad Pública ordenó que la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio Nacional de Guardacostas asumieran el control total y permanente de la terminal de APM Terminals.
La decisión fue girada por el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, según confirman oficios publicados por CR Hoy en 2025. Incluso, el director de la PCD, Stephen Madden, reveló que el jerarca pretendía emitir la directriz de forma verbal, sin dejar constancia escrita.
Operación Leviatán
La Fiscalía dirigió 65 allanamientos simultáneos en seis provincias del país para detener a un objetivo inicial de 63 personas, entre ellas la hija y el yerno de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca. De acuerdo con la investigación, la capacidad operativa de la organización dependía enteramente de la corrupción y de la complicidad interna.
Los principales sospechosos son personas de apellidos Méndez León, Casanova Duarte y Camacho Jara, además de la hija de Macho Coca, quien presuntamente fungía como enlace y participaba en las labores de legitimación de las ganancias ilícitas.
Entre los detenidos figuran 10 oficiales de la Policía de Fronteras, 12 conductores de cabezales y 10 empleados de APM Terminals y de cooperativas subcontratadas.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron $139.000 y ₡11 millones, además de gestionar la anotación y el decomiso de bienes muebles e inmuebles vinculados con la organización criminal.
El operativo volvió a evidenciar que los grupos criminales continúan utilizando la Terminal de Contenedores de Moín para contaminar cargamentos legales y exportar cocaína hacia mercados internacionales.